Judicial
VIDEO/ Director de Aduana confirma que fortalecerán unidades para seguir combatiendo a estructuras que evaden impuestos
La tarde del sábado el director general de la Dirección General de Aduanas (DGA), Gustavo Villatoro, junto al personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron los allanamientos en dos bodegas del polígono industrial Ciberdone, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Sonsonate, en Lourdes, del municipio de Colón, en La Libertad.
En el procedimiento, las autoridades encontraron mercadería que ingresaron a El Salvador de contrabando.
Villatoro afirmó que en ambas bodegas se encontraron unas 450 cajas con un peso aproximado de 100 kilógramos, que fueron ingresadas de forma ilegal para evadir derechos arancelarios e impuestos.
“Desde el día de ayer coordinamos con la Policía y la Fiscalía para ingresar a las dos bodegas donde hay una gran cantidad de encomiendas que no han pagado los impuestos”, declaró el funcionario.
Gustavo Villatoro estimó que los paquetes incautados están valorados en más de $250 mil, lo que se traduce a que los responsables quisieron evadir unos $130 mil en pago de impuestos.
«Desde el año pasado se vienen golpeando estructuras que ingresan productos por encomiendas y que no tienen mayores controles aduaneros. Es así como se descubren las bodegas donde guardan los productos que no han pagado los impuestos», relató Villatoro.
Añadió que los bultos incautados pertenecen a una estructura delictiva que tiene más de 15 años de operar en el país. “En los últimos diez años tomó fuerza debido a que más personas, incluso funcionarios, se involucraron en ese negocio para operar al margen de la ley», dijo.
“Vamos a seguir con las investigaciones para saber quiénes son los responsables que están detrás de la evasión de impuestos en perjuicio de las arcas del Estado, que drenan recursos que necesitamos para invertir en policías, soldados, hospitales y escuelas”, concluyó.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
