Judicial
VIDEO/ Director de Aduana confirma que fortalecerán unidades para seguir combatiendo a estructuras que evaden impuestos
La tarde del sábado el director general de la Dirección General de Aduanas (DGA), Gustavo Villatoro, junto al personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil (PNC) realizaron los allanamientos en dos bodegas del polígono industrial Ciberdone, sobre el kilómetro 25 de la carretera a Sonsonate, en Lourdes, del municipio de Colón, en La Libertad.
En el procedimiento, las autoridades encontraron mercadería que ingresaron a El Salvador de contrabando.
Villatoro afirmó que en ambas bodegas se encontraron unas 450 cajas con un peso aproximado de 100 kilógramos, que fueron ingresadas de forma ilegal para evadir derechos arancelarios e impuestos.
“Desde el día de ayer coordinamos con la Policía y la Fiscalía para ingresar a las dos bodegas donde hay una gran cantidad de encomiendas que no han pagado los impuestos”, declaró el funcionario.
Gustavo Villatoro estimó que los paquetes incautados están valorados en más de $250 mil, lo que se traduce a que los responsables quisieron evadir unos $130 mil en pago de impuestos.
«Desde el año pasado se vienen golpeando estructuras que ingresan productos por encomiendas y que no tienen mayores controles aduaneros. Es así como se descubren las bodegas donde guardan los productos que no han pagado los impuestos», relató Villatoro.
Añadió que los bultos incautados pertenecen a una estructura delictiva que tiene más de 15 años de operar en el país. “En los últimos diez años tomó fuerza debido a que más personas, incluso funcionarios, se involucraron en ese negocio para operar al margen de la ley», dijo.
“Vamos a seguir con las investigaciones para saber quiénes son los responsables que están detrás de la evasión de impuestos en perjuicio de las arcas del Estado, que drenan recursos que necesitamos para invertir en policías, soldados, hospitales y escuelas”, concluyó.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
