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Verdugo de la agente Carla Ayala, alias “Samuria”, sigue prófugo de la justicia tras un año de haber cometido el crimen
Hace un año, la agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Carla Mayarí Ayala, murió a manos de su colega del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), Juan Josué Castillo Arévalo. Ambos fueron vistos por última vez a la salida de una fiesta de Navidad realizada en el interior de la base donde se alojaba esa unidad que terminó siendo desintegrada a consecuencia de este hecho.
A eso de las 10:18 de la noche del 28 de diciembre de 2017, Ayala, quien estaba destacada en la Unidad Disciplinaria de Apopa, notificó a sus familiares que sus compañeros irían a dejarla a su vivienda. Sitio a donde no volvió a regresar jamás.
Las horas continuaron marcándose en el reloj y la agente seguía sin poner pie en su casa, por lo que su compañero de vida, Lucio Guevara -también agente policial-, le escribió a su celular pero este no recibió respuesta. El mensaje quedó en visto.
La agente que prestó servicio policial durante 19 años salió a bordo de una patrulla junto a Castillo Arévalo y otros dos exagentes del GRP: Wilfredo Deras Hernández y Ovidio Pacheco, quienes tenían la orden de ir a dejar a la víctima hasta el sector de Apopa.
Cuando transitaban sobre sobre el bulevar Constitución, a la altura de la residencial La Gloria, en Mejicanos, Castillo Arévalo, conocido como “Samurái”, disparó en contra de la agente madre de dos hijos (uno de 18 y 15 años).
Los escapes del «Samurai»
Los agentes regresaron de nuevo a la base del GRP para informar el hecho y mientras que Deras Hernández y Pacheco reportaban el caso Castillo tomó la patrulla policial y huyó con Carla, quien se encontraba lesionada adentro del automotor.
Castillo Arévalo logró llegar sin ser detenido hasta el municipio de San Francisco Javier, de Usulután, situado a unos 77 kilómetros de San Salvador, sitio en donde reside y donde hizo desaparecer el cuerpo de la mujer.
Nuevamente, Castillo Arévalo tomó el carro policial pero esta vez con el fin de devolverlo, por lo que a las 4:45 a.m. retornó a la base del extinto GRP. Afuera lo esperaba un vehículo particular, en el que huyó sin ser detenido pese a que sus compañeros sabían lo que había hecho en contra de Carla. El hombre se fue acompañado de un hermano y el cuñado.
Como reacción retardada, los compañeros de “Samurái” comenzaron un tiroteo para detener el vehículo en las inmediaciones del Árbol de la Paz. Pese a eso, el hombre escapó de nuevo y hasta la fecha, a un año de haber asesinado a Ayala, el sujeto no ha sido localizado y mucho menos detenido.
Castillo Arévalo se les fue de las manos a sus compañeros de la unidad élite que fue desmantelada días después de los hechos, en medio de una serie de señalamientos por abusos de autoridad.
Los dos parientes de Castillo fueron detenidos, pero este vuelve a escapar. Desde entonces el exagente del GRP está prófugo.
¿Quién era la agente Ayala?
La agente Ayala era parte de la promoción 49 del nivel básico e inició sus labores en la Policía el 25 de marzo de 1998, luego de que se graduara de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
El último sitio en donde laboró como parte policial fue en la Unidad de Investigación Disciplinaria Central de la PNC, pero se desarrolló en otros cuatro sitios, en Ciudad Futura, en Cuscatancingo, en San Marcos y en Morazán.
El proceso judicial y las fallas de la PNC
El 4 de junio de este 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de captura en contra del exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, por incumplimiento de deberes; además, se señaló Castillo por feminicidio agravado, y otras nueve personas por distintos delitos como encubrimiento.
Debido al caso, el ministerio público allanó la sede que alojaba al GRP, en donde incautó unos teléfonos celulares y, a la vez, reveló que existe una serie de incongruencias en las declaraciones de los agentes entrevistados en torno a lo ocurrido aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.
La FGR señaló que la Policía encubrió el delito cometido en contra de una agente de la corporación.
En febrero de este año, la Policía y la Fiscalía obtuvieron una autorización para exhumar los restos de una tumba del cementerio de San Francisco Javier, pues se sospechaba que ahí se encontraba el cuerpo de Ayala.
El director de la Policía, Howard Cotto, indicó en ese momento que se tenía información preliminar de que ahí habían simulado el entierro de una anciana, pero que en realidad fue a Carla Ayala a la que habrían sepultado. Al final de todo el proceso las autoridades indicaron que no hallaron nada.
Por otro lado, en el mes de marzo y por orden del Juzgado Sexto de Instrucción se reconstruyó el hecho. A raíz de ello, surgieron varios detalles del caso, como que Samurái recibió una llamada y este dijo: “esto quería esta perra”, refiriéndose a Ayala.
El hallazgo del cadáver
La madrugada del 7 de septiembre de este 2018, Cotto reveló que encontraron una osamenta en San Francisco Javier, Usulután, de la cual tienen muchos indicios podría ser de la desaparecida agente Ayala.
Horas más tarde, voceros de la corporación confirmaron la versión brindada por el jefe policial quien explicó que el cuerpo fue localizado en un terreno ubicado en el caserío Los Ríos, del cantón Los Hornos de la referida jurisdicción.
Las pruebas de ADN revelaron que la osamenta encontrada correspondía a Ayala, según confirmó la Fiscalía. Esas pruebas fueron realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) y cotejadas con 28 muestras que fueron recopiladas en la escena y en el vehículo en el que desaparecieron la mujer.
De acuerdo a las investigaciones realizadas, la jefa fiscal de la Unidad Antipandillas y Delitos de Homicidio, Guadalupe Echeverría, explicó que el cadáver de Ayala fue trasladado del lugar donde fue enterrado inicialmente.
La madre de Ayala confirmó que las prendas ubicadas al lado de las osamentas eran de la agente. Durante el reconocimiento se localizó una cadena de metal amarillo, un anillo de metal plateado, ropa interior de uso femenino y en la parte media del cúbito derecho la agente tenía una platina sujetada con cinco tornillos tras sufrir una fractura.
La causa preliminar de la muerte, según determinaron los forenses, se debió a un trauma craneoencefálico. El cuerpo de Ayala fue sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, luego de estar desaparecida durante casi nueve meses.
A la ceremonia asistieron altas autoridades de Seguridad Pública, como el ministerio de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de policial.
Mientras, la policía ofrece $5,000 por encontrar al agente Castillo Arévalo, un joven campesino que en 2007 decidió ingresar a la PNC. La mayor parte de ese tiempo había estado en el grupo élite de la corporación.
Además, compañeros del señalado aseguran que este es violento y que incluso ha trabajado para estructuras criminales en México, algo que no ha sido confirmado de manera oficial.
Sobre el paradero de Castillo, voces ligadas al caso han brindado diferentes hipótesis que van desde su muerte hasta la huida a países como Nicaragua y el propio México, donde habría residido con anterioridad.
De momento, la impunidad del caso sigue siendo referente para aquellos que reclaman por la corrupción dentro de la PNC y la violencia que sufren muchas mujeres en el país ya que el de Ayala fue el primero de los casos de feminicidio que impactaron durante el año que está por finalizar.
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Experto migratorio mantiene esperanza: “Puede haber renovación del TPS si Bukele logra un acuerdo con Trump”
A menos de un mes del vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador, programado para el 9 de septiembre de 2026, el experto migratorio y director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, expresó que todavía existe posibilidad de una renovación. En declaraciones recientes, el especialista subrayó que todo depende de gestiones diplomáticas de alto nivel y que, mientras no exista un anuncio oficial del gobierno estadounidense, no se puede dar por terminado el beneficio.
Tres citas clave de Reynaldo Alvergue
- Sobre la posibilidad de renovación “La verdad que sí yo tengo esperanzas que sí pueda suceder una renovación. Como es una orden ejecutiva, dependerá mucho en estos 30 días que faltan, casi 60, que el presidente de El Salvador (Nayib Bukele) lograra un acuerdo o convenciera o cambiara de opinión al presidente Trump”.
- Sobre la necesidad de esperar el anuncio oficial “Yo sí tengo fe, tengo fe que algo podría pasar en estos días, pero hay que esperar hasta que esté el anuncio oficial, mientras no haya anuncio oficial, pues, no podemos dictaminar qué hacer con los salvadoreños”.
- Sobre el fallo judicial de inicios de agosto “Porque como todavía no hay un anuncio oficial, solo nada más que el juez dijo que autorizaba que el gobierno continuara con la cancelación. Canceló la oportunidad que los permisos siguieran vigentes”.
Alvergue también recomendó a los beneficiarios buscar asesoría legal especializada para explorar otras vías de ajuste de estatus mientras se aclara el panorama.
Contexto y situación actual del TPS
El TPS para El Salvador fue designado el 9 de marzo de 2001, tras los terremotos de enero y febrero de ese año. La última prórroga, aprobada en enero de 2025, extendió la vigencia hasta el 9 de septiembre de 2026. Se estima que unas 170.000 personas se encuentran amparadas bajo este estatus, muchas de ellas con más de 25 años residiendo y trabajando en Estados Unidos.
Según datos de organizaciones como FWD.us y la National TPS Alliance, estos trabajadores aportan aproximadamente 5.400 millones de dólares anuales a la economía estadounidense y pagan alrededor de 1.500 millones en impuestos federales, estatales y locales. Sectores como construcción, transporte, manufactura y servicios de alimentación concentran una parte importante de esta fuerza laboral.
En las últimas semanas se han producido dos hechos relevantes:
- El 5 de agosto de 2026, un juez federal de Massachusetts resolvió que el gobierno podía aplicar el límite de un año a los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de beneficiarios de TPS de El Salvador, Ucrania y Sudán. Esto eliminó la protección temporal que mantenía vigentes ciertos permisos de trabajo.
- El 12 de agosto de 2026, USCIS informó que los beneficiarios elegibles de TPS de El Salvador que tienen una solicitud de renovación de EAD pendiente (códigos A-12 o C-19) recibirán una extensión automática de su autorización de empleo hasta el 9 de septiembre de 2026, fecha en que finaliza la designación actual. Las notificaciones se envían por correo y electrónicamente a quienes tienen cuenta myUSCIS. Esta medida no prorroga el TPS propiamente dicho, sino que garantiza continuidad laboral hasta el vencimiento programado.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido el anuncio oficial de extensión o terminación. La ley exige una decisión al menos 60 días antes del vencimiento; ese plazo ya se superó, lo que genera incertidumbre jurídica.
¿Qué sigue?
La decisión final sigue en manos del Ejecutivo estadounidense. Mientras tanto, Alvergue y otros especialistas coinciden en que los beneficiarios deben mantenerse informados a través de canales oficiales (USCIS) y consultar con abogados de inmigración sobre posibles opciones de ajuste de estatus, peticiones familiares u otras vías legales.
La comunidad salvadoreña en Estados Unidos y las autoridades del país continúan atentas a cualquier gestación diplomática que pueda influir en el desenlace de uno de los programas migratorios más antiguos y significativos para la diáspora.
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Autoridades capturan a hombre acusado de asesinar a su pareja con arma blanca en San Salvador
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó esta mañana la captura de Jairo Humberto Alfaro Gutiérrez, de 37 años, acusado de asesinar a su pareja en el municipio de San Salvador Centro.
Según el informe policial, el hombre habría asesinado a la mujer después de una discusión, mientras ambos consumían bebidas alcohólicas. El crimen fue cometido con un arma blanca.
Tras cometer el asesinato, Alfaro Gutiérrez huyó del lugar, pero posteriormente fue capturado en Sonsonate.
De acuerdo con la Policía, el detenido será remitido a los tribunales para que responda por el delito de homicidio agravado, por el cual podría enfrentar cadena perpetua.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Oswaldo Alcides Reyes, de 28 años de edad, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio.
De acuerdo con la institución, Reyes fue ubicado en el barrio El Calvario, de Santa Rosa de Lima, La Unión Norte, gracias a una alerta generada por el sistema ONI.
La PNC señaló que este sistema permite detectar a personas requeridas por la justicia y evitar que evadan los procesos correspondientes.
El detenido será puesto a la orden de las instancias requeridas, según informó la institución policial.
