Nacionales
Una abogada y dos tratantes son capturados por realizar adopciones fraudulentas
Tres personas, entre ellos una licenciada en Ciencias Jurídicas, fueron capturadas este sábado, después que se estableció la participación en el delito de Trata de personas en la modalidad de Adopciones Fraudulentas, y se ha documentado un caso ocurrido en el año 2020.
La Unidad Especializada de Trata y Tráfico Ilegal de Personas dio a conocer que de forma conjunta con la PNC, se hicieron efectivas las órdenes administrativas de captura contra Katia Lissette Barahona Gutiérrez, Xiomara Ignacia Zuleima Acosta Magaña y Fernando Josué Quintanilla. Las detenciones se han realizado en sus viviendas ubicadas en Aguilares, en San Salvador y Texistepeque, en Santa Ana.
La principal sospechosa en este caso es la supuesta abogada, Barahona Gutiérrez, profesional del derecho quien se hacía pasar como abogada y notario, y que además cobraba cantidades entre los $2,500 y $5,000. Ella, era apoyada por las actuaciones que hacían Acosta Magaña y el señor Quintanilla, quienes se dedicaban a la búsqueda de madres y sus bebés, según las solicitudes de las personas interesadas.
Katia Lissette Barahona Gutiérrez, tenía a su cargo una página en redes sociales en donde realizaba los primeros contactos con mujeres en estado de embarazo y que se mostraban interesadas en dar a sus hijos en adopción. Una vez se contactaba a la mujer que aceptaba el trato, los otros dos involucrados le daban seguimiento al caso hasta ubicarla y prestarle los servicios necesarios para que el parto no sufriera complicaciones.
Es así como las investigaciones de Fiscalía y Policía, establecieron que a ellos se les entregó un recién nacido. Fue a través de diferentes documentos elaborados por la supuesta abogada que le hicieron creer a la madre biológica que se encontraba en un proceso legal, por ende estaba obligada a cumplir el trato, de no ser así, le decían que podría ir a la cárcel por incumplir el contrato. Fue así como apartaron al bebé de la madre biológica.
Con todo lo anterior, se demuestra que actuaron contrario al proceso legal que regula la Ley Especial de Adopciones de El Salvador y en consecuencia serán remitidos a un juzgado competente en un plazo no mayor a 72 horas.
Judicial
Condenan hasta 45 años de prisión a 74 pandilleros del Barrio 18 que operaban en La Libertad
La Fiscalía General de la República (FGR) logró condenas de entre 25 y 45 años de prisión contra 74 integrantes de la pandilla Barrio 18. Los sentenciados operaban en los distritos de Lourdes y Santa Tecla, en el departamento de La Libertad, y fueron capturados durante el régimen de excepción.
Las penas fueron impuestas por el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, tras presentar pruebas que demostraron su pertenencia a la estructura criminal y su participación en diferentes hechos delictivos. Durante el juicio se establecieron las vinculaciones de los acusados con la organización.
Los ahora condenados todavía deberán enfrentar otros procesos judiciales por delitos adicionales, por los cuales podrían recibir nuevas condenas. Esta resolución se suma a una serie de fallos recientes contra estructuras del Barrio 18 en distintas zonas del país.
Nacionales
Cierre total en Los Chorros este domingo 25 de octubre: voladura de talud afectará la Panamericana por 24 horas
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) confirmó el cierre preventivo total del tramo Los Chorros, en la carretera Panamericana (CA-01), durante todo el domingo 25 de octubre. La restricción vehicular estará vigente desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, debido a una detonación controlada de un talud ubicado cerca del Parque Recreativo Los Chorros. El ministro Romeo Rodríguez explicó que parte del material rocoso caerá sobre la vía, por lo que el cierre es necesario por seguridad.
Estos trabajos forman parte del proyecto de ampliación de la carretera Panamericana y la construcción del viaducto Francisco Morazán, una de las obras de infraestructura vial más importantes del país. El proyecto abarca aproximadamente 14.7 kilómetros, desde el sector de Las Delicias en Santa Tecla hasta el desvío de San Juan Opico, e incluye la estabilización de taludes, ampliación a seis y ocho carriles, y la construcción del viaducto principal.
Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas, especialmente quienes se dirijan hacia Santa Ana, Sonsonate u otras zonas de occidente. Una de las alternativas más utilizadas es la ruta por Quezaltepeque – Sitio del Niño. El ministro Rodríguez aseguró que harán “todo lo humanamente posible” por habilitar el tramo lo antes posible una vez finalicen los trabajos de voladura.
Se recomienda seguir las indicaciones de la Policía Nacional Civil, el VMT y el MOPT durante la jornada, y verificar actualizaciones oficiales antes de iniciar el viaje.
La Fiscalía General de la República logró una condena de 20 años de prisión contra Reynaldo Antonio Pérez Rosales, identificado como homeboy, por el delito de agrupaciones ilícitas. El sentenciado operaba desde 2017 en el municipio de El Congo, departamento de Santa Ana.
Según la investigación, sus funciones dentro de la estructura criminal consistían en vigilar la zona y alertar a los demás pandilleros sobre la presencia de patrullajes policiales y militares. Además, se le atribuye el cobro de extorsiones a diferentes comercios turísticos del sector, lo que formaba parte de las actividades con las que la organización mantenía control e intimidación en la zona.
La sentencia fue dictada en el marco de los procesos judiciales que avanzan contra integrantes de estructuras pandilleriles en el occidente del país. La Fiscalía detalló que Pérez Rosales también enfrenta procesos por otros delitos, por los cuales recibirá condenas adicionales que se acumularán a la ya impuesta.
Casos como este forman parte de las acciones de investigación y judicialización orientadas a desarticular las redes de vigilancia, cobro de extorsión y control territorial que ejercían las pandillas. Las autoridades continúan presentando pruebas sobre las funciones específicas de cada integrante dentro de las estructuras criminales.
