Como parte de la estrategia del Gobierno del presidente Nayib Bukele por mantener la conectividad logística en buen estado y con una inversión de más de $30 millones, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) comenzó la construcción del paso a desnivel o intercambiador en el sector del Kilo 5 del distrito de Acajutla, en Sonsonate Oeste, en el desvío a la frontera La Hachadura, Ahuachapán.

En esa zona a diario transitan más de 20,000 vehículos, incluyendo el transporte de carga proveniente de la frontera y del puerto de Acajutla.

Con la proyección de estar culminada en 14 meses, esta nueva obra de paso elevado también vendrá a dar respuesta a los problemas de congestionamiento vehicular que durante años se han presentado en la zona.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, junto con el director de país del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Alejandro Zelaya, el alcalde de Sonsonate Oeste, Chris Alemán, y diputados de la bancada cian por el departamento colocaron las primeras paladas del proyecto.

Rodríguez detalló que la nueva obra incluye una serie de intercambiadores que permitirá a todo el tráfico que viene desde y hacia la frontera La Hachadura transitar de manera libre, sin altos, sobre el paso elevado, que cruzará los cuatro carriles de la carretera hacia el puerto de Acajutla.

«Este día [ayer] iniciaremos con las obras de construcción de este proyecto, que va a generar un cambio importante para este sector, va a reducir los tiempos y costos de combustible, del traslado de mercancías y va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en este sector», dijo el funcionario.

Por su parte, el director de país del BCIE sostuvo que la nueva obra no solo beneficiará a los automovilistas, sino que además brindará un impulso al comercio y turismo de la zona, ya que por la frontera La Hachadura pasa buena parte de mercadería que se exporta e importa de Guatemala.

La inversión de la obra es de $30 millones y mejorará el tránsito en esta vía que conecta con la frontera La Hachadura.

Equipos de la alcaldía de San Salvador Este realizaron labores de limpieza de tragantes en el sector de Las Margaritas, en las cercanías del Centro de Convivencia, distrito de Soyapango, como parte de las acciones preventivas para evitar inundaciones y garantizar el adecuado drenaje de aguas lluvias en la zona.

«Estas acciones permiten mejorar el sistema de drenaje pluvial, prevenir acumulación de agua y contribuir a mantener espacios más limpios y seguros para la comunidad», publicó la municipalidad en redes sociales.

Otra de las tareas para prevención que se realizaron es la poda en diversos puntos del distrito de Soyapango; y la residencial Bosques de la Paz, en Ilopango; con el objetivo de reducir riesgos, mantener despejadas las vías y contribuir al bienestar de las comunidades.

Además, la recolección de materiales voluminosos en la comunidad El Pepeto 3, en el distrito de Soyapango.

«Estas acciones forman parte del esfuerzo constante como municipalidad para promover entornos más limpios, ordenados y seguros para todos los habitantes», indicaron las autoridades.

La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.

Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.

El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».

Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.

Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.

«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.

En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».

Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».

El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.

De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.

En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».