El tribunal de la Audiencia Nacional, la jurisdicción especializada en asuntos financieros complejos, ordenó a mediados de abril «la anulación de la liquidación practicada y la consiguiente devolución de las cantidades ingresadas como consecuencia de la misma, más los intereses legales», respecto al ejercicio de 2011.

La suma total que habrá que reembolsar a la estrella mundial superará los 55 millones de euros, según el documento.

Esta engloba el impuesto sobre la renta (que suma más de 24 millones), la multa impuesta en su momento por infracción «muy grave» (casi 25 millones de euros), el impuesto sobre el patrimonio de 2011 (2,6 millones) y la multa correspondiente a este último (2,7 millones). A esta suma deberán añadirse los intereses.

La cantante ha tenido varios enfrentamientos con Hacienda en España y otros casos fiscales en los que se vio implicada se resolvieron en 2024.

El centro de estos conflictos tiene que ver con la residencia fiscal de la artista, que en 2011 inició una relación con el entonces jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, pero que en aquella época no dejaba de desplazarse por todo el mundo debido a su carrera.

Shakira siempre ha afirmado que se estableció de manera permanente en Barcelona a finales de 2014, antes de trasladar en 2015 su residencia fiscal de Bahamas a España, justo antes del nacimiento de su segundo hijo.

Pero el fisco español no lo veía de la misma manera y la acusaba de no haber pagado sus impuestos en España en 2012, 2013 y 2014, pese a haber residido esos años más de 183 días al año en el país, umbral a partir del cual una persona es considerada residente fiscal.

«La Administración no ha demostrado que la demandante hubiera permanecido en España (…) más de 183 días», se lee en esta resolución del 15 de abril, que precisa que «da igual que Bahamas fuera o no un paraíso fiscal en 2011».

La cantante llegó en 2023 a un acuerdo de última hora con la fiscalía, y evitó así un juicio que prometía exponer su vida privada.

Hacienda también había iniciado un procedimiento por el año 2018, y la artista tuvo que abonar 6,6 millones de euros de regularización por «irregularidades» en su declaración de la renta de 2018.

Este caso, lleno de giros, incluso inspiró una serie titulada «Celeste», protagonizada por una inspectora de Hacienda española que investiga la posible evasión fiscal de una estrella internacional de la música latina.

En septiembre, Shakira actuará en concierto en España por primera vez desde 2018, con seis fechas previstas en Madrid.

Integrantes de una estructura de la MS, que delinquía en San Rafael Cedros, fueron condenados hasta con 66 años de prisión, así resolvió el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador.

Entre los condenados está Carlos Armando Ramos Rodríguez, alias El Gato, quien recibió una pena de 66 años de cárcel por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

Otros imputados que pasarán 45 años en la cárcel por agrupaciones ilícitas son René Balmore López Aguillón, alias Destino; Salvador Antonio Martínez Ruiz, alias Cruel; y José Amadeo Huezo López, alias Pony.

De acuerdo con la investigación fiscal, estos cuatro pandilleros eran perfilados con el rango de homeboys con funciones de mando dentro de la clica Saicos Locos Salvatruchos de la Mara Salvatrucha.

En el fallo, el tribunal también impuso 50 años de prisión a Alejandra Guadalupe Ramos Flores por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.

Según la resolución judicial, la mujer era colaboradora activa de la pandilla y le exigía $800 a una víctima, a cambio de no quitarle la vida.

Entre los involucrados también hay otros 18 pandilleros que fueron condenados a 30 años de prisión por su pertenencia a la pandilla, mientras que, a otros 15 imputados, el tribunal les impuso una pena carcelaria de 25 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo una emergencia de salud pública internacional, su segundo nivel de alerta más alto, ante el brote de una rara cepa de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda.

La OMS «determina que la enfermedad del ébola causada por el virus de Bundibugyo en la República Democrática del Congo y en Uganda constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII)», señaló el organismo de salud global en Ginebra en un comunicado.

Agregó que el brote «no cumple con los criterios» para ser calificado como una pandemia.

La ESPII era anteriormente el nivel de alerta más elevado frente a una epidemia según el Reglamento Sanitario Internacional (RSI), un marco jurídicamente vinculante para los Estados Partes de la OMS.

Pero las enmiendas adoptadas en junio de 2024 introdujeron un grado de alerta superior: el de «emergencia debida a una pandemia».

El ébola, que provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa, sigue siendo temible a pesar de las recientes vacunas y tratamientos, eficaces únicamente contra la cepa Zaire, responsable de las mayores epidemias registradas.

La RDC se ve en la actualidad duramente golpeada por la variante Bundibugyo del ébola, contra la cual no existe ninguna vacuna.

Hasta el 16 de mayo, la OMS confirmó ocho casos en laboratorio y 246 casos sospechosos, además de 80 muertes sospechosas en la provincia de Ituri, en el este del país.

También confirmó otro caso en Kinshasa y una muerte en Uganda entre viajeros que habían regresado hacía poco de Ituri.

Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana ha registrado 88 muertes probablemente debidas al virus sobre un total de 336 casos sospechosos, según las últimas cifras publicadas el sábado.

Ituri, región aurífera fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, registra intensos movimientos de población vinculados a la actividad minera.

El acceso a ciertas zonas, afectadas por la violencia armada, es difícil por razones de seguridad.