Sucesos
Feligreses reclaman al Arzobispo de San Salvador dentro iglesia capitalina por «abandono» de sacerdote guatemalteco, Venancio Boroz Uz
La comunidad católica del barrio Lourdes, encaró el domingo al jerarca de la Iglesia Católica Salvadoreña, José Escobar Alas, por dejar en «abandono» al sacerdote guatemalteco, Venancio Boroz Uz, quien era el párroco de la mencionada localidad y ha sido señalado por una supuesta agresión sexual contra una menor de edad.
La turba enardecida aprovechó el momento en que Alas llegó a presentar a Francisco Ottoniel Leiva Fuentes, quien estará al frente de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, mientras se desarrolla el juicio contra Uz.
El líder católico, además de esta acción llegó a pedir perdón por el supuesto delito cometido por el religioso.
Esto molestó a la masa de feligreses, quienes se han mostrado firmes en el apoyo del guatemalteco ya que consideran que es una persona de profundos valores cristianos y que no hay posibilidades que haya cometido ese agravio.
“No hay pruebas, el padre Venancio es inocente”, reclamó un feligrés y fue acuerpado por el resto de los presentes que destacaron que se trata de una supuesta violación, que no ha sido comprobada y que en todo caso la víctima es Boroz debido a que se ha manchado su reputación.
Por lo tanto, le reclamaron de dejar solo a uno de sus pastores y que no ha mostrado una postura ecuánime ante los medios de comunicación, al condenar al padre sin cerciorarse que ha pasado en realidad.
Expresaron, que no existe tal coro de la iglesia y que la niña no es dejada sola por sus padres. Asimismo, calificaron de esquizofrénica a la familia de la niña de seis años que denunció al cura.
Con un gesto nervioso, el Arzobispo tuvo que retractarse al decir que no lo condena sino que ha pedido perdón por el escándalo que se ha creado alrededor del extranjero, pero que serán los tribunales quienes definirán si es culpable o inocente.
Por otra parte, destacaron el cura en los tres años que ha servido en la congregación ha desarrollado de gran manera las obras parroquiales, que estuvieron estancadas al menos una década atrás, durante la administración del sacerdote mexicano, Luis Casares.
Mientras tanto, el sacerdote Leiva Fuentes sostuvo que: “La expectativa que traemos es trabajar por la fe de la comunidad y acercarnos más a los pobres y oprimidos de este lugar, saberlos acoger y llevarles el evangelio, además hacer lo que el obispo nos ha mandado en el plan pastoral de la arquidiócesis”.
Leiva Fuentes tiene siete meses de haberse ordenado como sacerdote, además de Cristo Rey estuvo en la basílica del Sagrado Corazón, en San Salvador.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
