Sucesos
Feligreses reclaman al Arzobispo de San Salvador dentro iglesia capitalina por «abandono» de sacerdote guatemalteco, Venancio Boroz Uz
La comunidad católica del barrio Lourdes, encaró el domingo al jerarca de la Iglesia Católica Salvadoreña, José Escobar Alas, por dejar en «abandono» al sacerdote guatemalteco, Venancio Boroz Uz, quien era el párroco de la mencionada localidad y ha sido señalado por una supuesta agresión sexual contra una menor de edad.
La turba enardecida aprovechó el momento en que Alas llegó a presentar a Francisco Ottoniel Leiva Fuentes, quien estará al frente de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, mientras se desarrolla el juicio contra Uz.
El líder católico, además de esta acción llegó a pedir perdón por el supuesto delito cometido por el religioso.
Esto molestó a la masa de feligreses, quienes se han mostrado firmes en el apoyo del guatemalteco ya que consideran que es una persona de profundos valores cristianos y que no hay posibilidades que haya cometido ese agravio.
“No hay pruebas, el padre Venancio es inocente”, reclamó un feligrés y fue acuerpado por el resto de los presentes que destacaron que se trata de una supuesta violación, que no ha sido comprobada y que en todo caso la víctima es Boroz debido a que se ha manchado su reputación.
Por lo tanto, le reclamaron de dejar solo a uno de sus pastores y que no ha mostrado una postura ecuánime ante los medios de comunicación, al condenar al padre sin cerciorarse que ha pasado en realidad.
Expresaron, que no existe tal coro de la iglesia y que la niña no es dejada sola por sus padres. Asimismo, calificaron de esquizofrénica a la familia de la niña de seis años que denunció al cura.
Con un gesto nervioso, el Arzobispo tuvo que retractarse al decir que no lo condena sino que ha pedido perdón por el escándalo que se ha creado alrededor del extranjero, pero que serán los tribunales quienes definirán si es culpable o inocente.
Por otra parte, destacaron el cura en los tres años que ha servido en la congregación ha desarrollado de gran manera las obras parroquiales, que estuvieron estancadas al menos una década atrás, durante la administración del sacerdote mexicano, Luis Casares.
Mientras tanto, el sacerdote Leiva Fuentes sostuvo que: “La expectativa que traemos es trabajar por la fe de la comunidad y acercarnos más a los pobres y oprimidos de este lugar, saberlos acoger y llevarles el evangelio, además hacer lo que el obispo nos ha mandado en el plan pastoral de la arquidiócesis”.
Leiva Fuentes tiene siete meses de haberse ordenado como sacerdote, además de Cristo Rey estuvo en la basílica del Sagrado Corazón, en San Salvador.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
