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Roban el carro y pertenencias a conductor de UBER en la calle al Volcán

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Tres conductores de UBER vivieron momentos de terror cuando fueron interceptados por dos sujetos fuertemente armados que los despojaron de sus pertenencias y hasta se dieron tiempo de debatir cual de los tres carros se iban a llevar para posteriormente dejarlo abandonado.

Según el relato de uno de los afectados, la tarde del 18 de diciembre cursaba tranquila para tres conductores asociados a Uber, la aplicación de teléfonos móviles para transporte, misma que el próximo 9 de mayo de 2019 cumplirá dos años de ser utilizada en El Salvador.

Los jóvenes, que oscilan entre los 23 y 30 años de edad, se encontraban charlando, mientras cada uno había estacionado su vehículo sobre la final de la avenida Bernal y calle al volcán en espera de una alerta para poder ir por un usuario que solicitara el servicio de traslado.

Cuando el reloj marcaba la 1:30 p.m., los motoristas no se percataron que dos sujetos armados se acercaban sigilosamente hacia ellos.

En cuestión de minutos, los jóvenes fueron encañonados, amenazados y asaltados. Los hombres los despojaron de sus pertenencias, de dinero en efectivo y de sus teléfonos celulares.

Sin bastarles esos artículos, los sujetos tuvieron el tiempo de analizar qué carro era el mejor para llevárselo, mientras las tres víctimas se encontraban tiradas en el suelo.

Finalmente, los delincuentes optaron por un Honda Civic 2010, por lo que bajo amenazas exigieron las llaves del automotor a su propietario quien se negó a las solicitudes de la pareja de asaltantes.

La molestia del automovilista provocó que los asaltantes comenzaran a golpearlo con patadas y con las pistolas hasta que lograron obtener las llaves para encender el carro y darse a la fuga.

El reporte y el hallazgo

Los dos sujetos se fueron a bordo del Honda Civic en el que introdujeron las pertenencias robadas a los conductores quienes tras verse a salvo interpusieron la denuncia ante las autoridades.

Previamente, los tres afectados decidieron darle persecución al automóvil robado, pero en el trayecto extraviaron la pista de sus asaltantes quienes conducían a una gran velocidad.

No obstante, en el camino de las víctimas se cruzó una patrulla con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes fueron alertados sobre los hechos acontecidos en la zona cercana.

Luego de un operativo policial, el vehículo fue interceptado en una comunidad situada en la zona conocida como “La gran manzana”, cerca de la colonia Zacamil, en Mejicanos.

 

NOTA DE EL SALVADOR TIMES

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100 años de prisión para pandilleros de Chalchuapa

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Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.

La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.

Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.

Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».

En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».

Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.

En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.

«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.

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Judicial

Fiscal general afirma que la cadena perpetua es una medida adecuada

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La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.

Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.

El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».

Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.

Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.

«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.

En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».

Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».

El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.

De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.

En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».

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314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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