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Proponen una reforma a la ley para que conductores muestren fotos y videos de accidentes a las aseguradoras y así evitar congestionamientos
Los conductores que se vean involucrados en accidentes de tránsitos leves podrían utilizar fotos y vídeos tomadas con sus celulares o cualquier dispositivo como prueba del percance vial a las compañías aseguradoras.
Además, los conductores involucrados ya no deberán esperar hasta que la Policía llegue al lugar de los hechos para mover los vehículos, lo podrán hacer para evitar tráfico.
Aunque lo anterior para muchos motoristas podría sonar bien, se trata de una propuesta para reformar la Ley de Procedimientos Especiales en su apartado de accidentes de tránsito que permitiría flexibilidad para el manejo de estos casos, la cual fue presentada en la Asamblea Legislativa, la mañana del lunes, por los diputados de ARENA, David Reyes y José Andrés Hernández.
Uno de los objetivos de modificar la normativa es que el resto de ciudadanos no se vean afectado por el tiempo que tardan los agentes de las aseguradoras para documentar y tomar fotos del percance, así como la inspección de la Policía de Tránsito.
De acuerdo con lo planteado por los legisladores, los cambios se realizarían en los artículos 11 y 19 de la ley antes mencionada.
“Para que tengan una idea, el artículo 11 dice que cuando hay un accidente de tránsito los vehículos no se pueden mover del lugar hasta que llega la Policía hacer una inspección personal; con esta reforma se permitiría que cualquier involucrado en accidente pueda registrar el accidente con una foto de su celular o cualquier tipo de dispositivos y que se puedan mover los vehículos a la derecha para que no puedan seguir obstaculizando el libre tránsito”, explicó Reyes.
Los legisladores consideran que es una necesidad de la que muchos ciudadanos se han quejado, sobre todo, cuando los percances ocurren en las llamadas horas pico.
“Este es un clamor de toda la población salvadoreña… En horas pico, ustedes sabrán se forma caos con el tráfico… Estamos solicitando y presentando estas reformas para que se pueda dejar plasmado que se pueda tomar como evidencia desde cualquier instrumento de tecnología, ya sea un celular, cámara digital, una tableta y la evidencia suficiente que pueda sustentar para todo lo que sea accidentes leves de tránsito”, manifestó el diputado Hernández.
De aprobarse los cambios en la normativa, no será aplicable en casos de accidentes graves, aseguraron los legisladores.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
