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Privados de libertad que superaron COVID-19 donarán plasma para recuperar pacientes afectados por esta enfermedad
El director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza anunció que 70 internos de diferentes penales que contrajeron COVID-19 y lograron ganarle la batalla a esa mortal enfermedad, de forma voluntaria han decidido convertirse en donantes de plasma convaleciente para ayudar en la recuperación de personas que por coronavirus se debaten entre la vida y la muerte en Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs).
“En todo el sistema penitenciario de El Salvador 141 reos le ganaron la batalla al COVID-19 y se han ofrecido para donar su plasma para que otras personas puedan sobrellevar esta enfermedad. Es un gran mensaje que los internos le mandan a la población y con ello se rompen los estigmas”, expresó en la entrevista Hechos de Canal 12.
Luna Meza reafirmó que han activado todos los protocolos de salud y seguridad para evitar más contagios entre la población reclusa, como también entre custodios y personal administrativo.
En ese sentido dijo que los protocolos ejecutados por las autoridades de Centros Penales, que son respaldados por el Ministerio de Salud y por el Equipo Interdisciplinario de Contención Epidemiológica (EICE), han hecho posible que hasta hoy haya cero casos activos del virus, y cero mortalidades.
“La administración temprana de fármacos, las facultades legales que permitieron restringir la movilidad al interior de las cárceles entre sectores, el establecimiento de turnos de 21 días de trabajo para el personal administrativo, como también la suspensión de visitas, fue factor importante para tener una baja de contagios en todas las cárceles”, aseveró el director de Centros Penales.
El funcionario recalcó que si hubiera visitas el brote de COVID-19 sería insostenible entre los más de 37 mil privados de libertad en todo el sistema carcelario, y que eso desbordaría al sistema de salud, “por lo que los reos han llegado al entendimiento de que en este momento no pueden tener visitas normales e intimas”.
De un poco más de 1,600 casos sospechosos de COVID-19 en Centros Penales, unos 1,500 pacientes ya recibieron el alta y el resto continúa bajo vigilancia médica en una área especial hasta que ya no den positivo al coronavirus.
Otro de los puntos que destacó es que en la presente emergencia no se han registrado amotinamientos al interior de las cárceles de El Salvador como lo sucedido en Norteamérica, países de Europa y de Sur América, y que ello se debe a la continuidad del Plan Control Territorial que tiene incidencia en los centros penitenciarios.
Por otra parte el director de Centros Penales aclaró que no existe trato especial para los reos del sector 9 del Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, donde guarda prisión el expresidente de la República, Elías Antonio Saca y el exfiscal general, Luis Martínez.
Dijo que el exmandatario tiene el mismo trato que todos los reos comunes, que se baña igual que todos con un huacal de plástico, que consume medicamentos al que tienen acceso los otros reclusos y que le toca hacer limpieza un día de la semana.
“El expresidente estuvo con problemas de dengue y no de COVID-19. Ya se logró recuperar y se encuentra bien de salud”, detalló Osiris Luna Meza.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
