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Presupuesto de seguridad se enfocará en lucha contra crimen y modernización PNC
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reveló ayer a una comisión de diputados que el presupuesto de esa cartera de Estado para 2023 enfoca los recursos en la lucha contra el crimen, la modernización de la Policía Nacional Civil (PNC) y la cobertura de las necesidades básicas del personal.
Villatoro y el director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, acudieron al seno de la comisión de hacienda del congreso a explicar la inversión de los $631,819,004 que le han sido asignados al ministerio para el próximo año.
El funcionario detalló a los legisladores las metas y los objetivos que el ministerio tiene para 2023, destacándose la modernización, dignificación y dinamización del sistema policial, penitenciario y migratorio del país.
#DePaís @Vi11atoro y @Director_PNC , ministro de @SeguridadSV y director @PNCSV , respectivamente, en comisión de Hacienda de @AsambleaSV explicando proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2023.
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) October 24, 2022
Villatoro explicó que la modernización de la Policía involucra tanto el equipo como el uso de modernas tecnologías.
Asimismo, tiene entre sus metas futuras el mejoramiento de la infraestructura policial, la ejecución de proyectos de inversión estratégicos, entre otros.
Por rubros, la PNC tendrá un presupuesto de funcionamiento de $468.21 millones; la Dirección General de Centros Penales (DGCP), $57.57 millones; Justicia y Seguridad Pública, $36.57 millones, y las instituciones adscritas (ANSP, UTE, Conab y RNPN), $27.03 millones.
La inversión proyectada en materia de seguridad para el futuro ejercicio fiscal es de $30.75 millones para la PNC, de $5 millones para la DGCP, de $2 millones para el ministerio y de $5.7 millones para las instituciones adscritas a la cartera de Estado.
Por otra parte, Villatoro reveló que también se trabajará en la presentación de reformas legales en las áreas de justicia y seguridad pública.
El funcionario dijo a los diputados de la comisión que se prepara un paquete de enmiendas legales para que los delincuentes sean juzgados no solo por ser pandilleros, sino también por su pertenencia a una organización terrorista.
Explicó que, con ello, a los pandilleros, además del delito de agrupaciones ilícitas, les serán aplicados los delitos de proposición y conspiración como integrante y como organización.
«A estos capturados quiero decirles que nunca van a regresar a caminar en sus comunidades», advirtió el ministro de Seguridad.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
