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Presupuesto de seguridad se enfocará en lucha contra crimen y modernización PNC
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reveló ayer a una comisión de diputados que el presupuesto de esa cartera de Estado para 2023 enfoca los recursos en la lucha contra el crimen, la modernización de la Policía Nacional Civil (PNC) y la cobertura de las necesidades básicas del personal.
Villatoro y el director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, acudieron al seno de la comisión de hacienda del congreso a explicar la inversión de los $631,819,004 que le han sido asignados al ministerio para el próximo año.
El funcionario detalló a los legisladores las metas y los objetivos que el ministerio tiene para 2023, destacándose la modernización, dignificación y dinamización del sistema policial, penitenciario y migratorio del país.
#DePaís @Vi11atoro y @Director_PNC , ministro de @SeguridadSV y director @PNCSV , respectivamente, en comisión de Hacienda de @AsambleaSV explicando proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2023.
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) October 24, 2022
Villatoro explicó que la modernización de la Policía involucra tanto el equipo como el uso de modernas tecnologías.
Asimismo, tiene entre sus metas futuras el mejoramiento de la infraestructura policial, la ejecución de proyectos de inversión estratégicos, entre otros.
Por rubros, la PNC tendrá un presupuesto de funcionamiento de $468.21 millones; la Dirección General de Centros Penales (DGCP), $57.57 millones; Justicia y Seguridad Pública, $36.57 millones, y las instituciones adscritas (ANSP, UTE, Conab y RNPN), $27.03 millones.
La inversión proyectada en materia de seguridad para el futuro ejercicio fiscal es de $30.75 millones para la PNC, de $5 millones para la DGCP, de $2 millones para el ministerio y de $5.7 millones para las instituciones adscritas a la cartera de Estado.
Por otra parte, Villatoro reveló que también se trabajará en la presentación de reformas legales en las áreas de justicia y seguridad pública.
El funcionario dijo a los diputados de la comisión que se prepara un paquete de enmiendas legales para que los delincuentes sean juzgados no solo por ser pandilleros, sino también por su pertenencia a una organización terrorista.
Explicó que, con ello, a los pandilleros, además del delito de agrupaciones ilícitas, les serán aplicados los delitos de proposición y conspiración como integrante y como organización.
«A estos capturados quiero decirles que nunca van a regresar a caminar en sus comunidades», advirtió el ministro de Seguridad.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
