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Presupuesto de seguridad se enfocará en lucha contra crimen y modernización PNC
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reveló ayer a una comisión de diputados que el presupuesto de esa cartera de Estado para 2023 enfoca los recursos en la lucha contra el crimen, la modernización de la Policía Nacional Civil (PNC) y la cobertura de las necesidades básicas del personal.
Villatoro y el director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, acudieron al seno de la comisión de hacienda del congreso a explicar la inversión de los $631,819,004 que le han sido asignados al ministerio para el próximo año.
El funcionario detalló a los legisladores las metas y los objetivos que el ministerio tiene para 2023, destacándose la modernización, dignificación y dinamización del sistema policial, penitenciario y migratorio del país.
#DePaís @Vi11atoro y @Director_PNC , ministro de @SeguridadSV y director @PNCSV , respectivamente, en comisión de Hacienda de @AsambleaSV explicando proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2023.
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) October 24, 2022
Villatoro explicó que la modernización de la Policía involucra tanto el equipo como el uso de modernas tecnologías.
Asimismo, tiene entre sus metas futuras el mejoramiento de la infraestructura policial, la ejecución de proyectos de inversión estratégicos, entre otros.
Por rubros, la PNC tendrá un presupuesto de funcionamiento de $468.21 millones; la Dirección General de Centros Penales (DGCP), $57.57 millones; Justicia y Seguridad Pública, $36.57 millones, y las instituciones adscritas (ANSP, UTE, Conab y RNPN), $27.03 millones.
La inversión proyectada en materia de seguridad para el futuro ejercicio fiscal es de $30.75 millones para la PNC, de $5 millones para la DGCP, de $2 millones para el ministerio y de $5.7 millones para las instituciones adscritas a la cartera de Estado.
Por otra parte, Villatoro reveló que también se trabajará en la presentación de reformas legales en las áreas de justicia y seguridad pública.
El funcionario dijo a los diputados de la comisión que se prepara un paquete de enmiendas legales para que los delincuentes sean juzgados no solo por ser pandilleros, sino también por su pertenencia a una organización terrorista.
Explicó que, con ello, a los pandilleros, además del delito de agrupaciones ilícitas, les serán aplicados los delitos de proposición y conspiración como integrante y como organización.
«A estos capturados quiero decirles que nunca van a regresar a caminar en sus comunidades», advirtió el ministro de Seguridad.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
