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Presupuesto de seguridad se enfocará en lucha contra crimen y modernización PNC
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, reveló ayer a una comisión de diputados que el presupuesto de esa cartera de Estado para 2023 enfoca los recursos en la lucha contra el crimen, la modernización de la Policía Nacional Civil (PNC) y la cobertura de las necesidades básicas del personal.
Villatoro y el director general de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, acudieron al seno de la comisión de hacienda del congreso a explicar la inversión de los $631,819,004 que le han sido asignados al ministerio para el próximo año.
El funcionario detalló a los legisladores las metas y los objetivos que el ministerio tiene para 2023, destacándose la modernización, dignificación y dinamización del sistema policial, penitenciario y migratorio del país.
#DePaís @Vi11atoro y @Director_PNC , ministro de @SeguridadSV y director @PNCSV , respectivamente, en comisión de Hacienda de @AsambleaSV explicando proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2023.
— Diario El Salvador Sección Política (@De_Politica_ES) October 24, 2022
Villatoro explicó que la modernización de la Policía involucra tanto el equipo como el uso de modernas tecnologías.
Asimismo, tiene entre sus metas futuras el mejoramiento de la infraestructura policial, la ejecución de proyectos de inversión estratégicos, entre otros.
Por rubros, la PNC tendrá un presupuesto de funcionamiento de $468.21 millones; la Dirección General de Centros Penales (DGCP), $57.57 millones; Justicia y Seguridad Pública, $36.57 millones, y las instituciones adscritas (ANSP, UTE, Conab y RNPN), $27.03 millones.
La inversión proyectada en materia de seguridad para el futuro ejercicio fiscal es de $30.75 millones para la PNC, de $5 millones para la DGCP, de $2 millones para el ministerio y de $5.7 millones para las instituciones adscritas a la cartera de Estado.
Por otra parte, Villatoro reveló que también se trabajará en la presentación de reformas legales en las áreas de justicia y seguridad pública.
El funcionario dijo a los diputados de la comisión que se prepara un paquete de enmiendas legales para que los delincuentes sean juzgados no solo por ser pandilleros, sino también por su pertenencia a una organización terrorista.
Explicó que, con ello, a los pandilleros, además del delito de agrupaciones ilícitas, les serán aplicados los delitos de proposición y conspiración como integrante y como organización.
«A estos capturados quiero decirles que nunca van a regresar a caminar en sus comunidades», advirtió el ministro de Seguridad.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
El Juzgado Especializado Primero de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador envió a juicio al imputado William Alexander Reyes Guerra, de 25 años, quien es acusado de feminicidio agravado en grado de tentativa.
De acuerdo a la investigación fiscal, en octubre de 2025, residentes de la urbanización Ciudad Futura del Distrito de Cuscatancingo alertaron a la Policía Nacional Civil de una escena de violencia. Cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima inconsciente y con sangrado en la cabeza, producto de un golpe con un ladrillo que le propinó Reyes Guerra.
Las autoridades encontraron al imputado afuera de la vivienda, mientras la mujer aún no recuperaba el conocimiento. Al ser señalado como el culpable, la Policía capturó a Reyes Guerra, durante el periodo de flagrancia.
Según la investigación fiscal, el detenido tiene antecedentes de violencia psicológica, emocional y física. Además, considerando que la víctima es una persona adulta mayor, el Juzgado ordenó la apertura a juicio y ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el agresor debido a la gravedad del delito atribuido.
