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Policía captura a encomenderos por evadir en aduana el pago de $1.5 millones
La policía arrestó a dos salvadoreños y un hondureño que se dedicaban a la importación de encomiendas procedentes de Estados Unidos a El Salvador, que previamente desviaban el producto, a través de rutas aéreas o marítimas, hacia Honduras desde donde lo trasladaban a suelo salvadoreño evadiendo el pago de impuestos.
Los imputados son David Edgardo Castillo Martínez (29), detenido frente a la aduana terrestre El Poy, en Chalatenango; Uber Antonio Arévalo Díaz (36), apresado en el cantón Porririto, municipio de Tecoluca, San Vicente, y José Zamir Domínguez Martínez (hondureño) de 37 años de edad, detenido en San Salvador.
Los arrestos son el resultado de las pesquisas que policías de la Unidad de Investigación de Delitos Especiales de la División Central de Investigaciones (DCI) realizaron entre transportistas, motoristas, consignatarios y controladores de transporte de aduana.
La investigación determinó que los ahora aprehendidos concluían el trámite aduanero en Honduras y luego ingresaban las encomiendas a El Salvador, donde lograban su paso libre sin someterse a ningún control, evadiendo sus responsabilidades tributarias sobre derechos, impuestos y multas por un monto que ascienden a $1,549,095.66.
Cabe destacar que la investigación dio inicio luego de la denuncia de autoridades aduaneras sobre presuntas anomalías en, al menos, 13 operaciones de transito de mercadería en general.
Los sujetos serán remitidos en las próximas horas ante los tribunales correspondientes para responder por el delito de contrabando de mercadería agravada en perjuicio de la hacienda pública.
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
