El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que tras haber licitado el proyecto de la construcción de la carretera a cuatro carriles y el puente La Hachadura una empresa ha cumplido con todos los requisitos.

La empresa que resultó escogida, tras evaluar las partes legal y financiera fue DISA S. A. de C. V., en un asocio con una empresa española, Puentes y Calzadas Grupo de Empresas S. A., detalló Rodríguez.

“Esperaríamos que a mediados de agosto estemos firmando el contrato y demos la orden de inicio a la empresa e iniciemos con la construcción del puente en La Hachadura y con la nueva carretera que va a mejorar la movilidad y la logística de nuestro país”, aseguró el titular de Obras Públicas.

Este proyecto significará una inversión de $32.2 millones, entre la construcción y la supervisión, puntualizó Rodríguez. “Después de la apertura de la oferta económica, vamos a dar la última etapa de evaluación y luego se adjudica el proyecto, se firma el contrato y se da la orden de inicio”, agregó.

Este primer asocio público-privado sería relativo a la terminal aérea de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, dijo el presidente de CEPA.

El Gobierno de El Salvador presentó esta mañana una iniciativa de ley para la autorización de la suscripción del contrato del primer asocio público-privado del país, ante la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa.

El presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, explicó que contrario a una privatización en un asocio público-privado “el activo siempre le pertenece al Estado salvadoreño”.

Con esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Despegue Económico, se habla “del financiamiento, el diseño, la construcción, ampliación y el manejo de la operación de la terminal aérea de carga”, aseguró.

De llevarse a cabo el asocio público-privado permitirá que las capacidades instaladas en la primera fase se dupliquen y en la segunda, se tripliquen; “y que el contrato no sobrepasen los 35 años la suma de las dos fases”, continuó el presidente de CEPA.

Con este proyecto, el Gobierno del Presidente Bukele busca atraer el empleo y dinamizar la economía.

El presidente del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Salvador Gómez Góchez, indicó que este proceso para entregar la iniciativa fue exhaustivo y busca cumplir con el mandato del presidente Bukele de atender los proyectos que busquen el desarrollo del país.

“Es un gran honor, en nombre del Presidente de la República, de poder estar aportando este significativo proyecto a la nación y para el beneficio de todos los usuarios del Aeropuerto Internacional”, comentó.

En la presentación de la iniciativa estuvo, además, presente el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, junto a los diputados de la Comisión de Economía del Órgano Legislativo.

“Sabemos que este servicio que se va a mejorar, va a traducirse en beneficio de las exportaciones, importaciones; es una inversión bastante grande que va a generar empleos”, agregó el presidente de la comisión, Rodrigo Ayala.

El presidente CEPA) explicó que contrario a una privatización, en un asocio público-privado “el activo siempre le pertenece al Estado salvadoreño”. Con esta iniciativa, enmarcada dentro del Plan Despegue Económico, se habla “del financiamiento, el diseño, la construcción, ampliación y el manejo de la operación de la terminal aérea de carga”, aseguró.

De llevarse a cabo el asocio público-privado permitirá que las capacidades instaladas en la primera fase se dupliquen y en la segunda, se tripliquen; “y que el contrato no sobrepasen los 35 años la suma de las dos fases”, continuó el presidente de CEPA. Con este proyecto, el Gobierno del Presidente Bukele busca atraer el empleo y dinamizar la economía.

El expresidente Salvador Sánchez Cerén está siguiendo al pie de la letra la asesoría del prófugo Mauricio Funes tras salir a la luz documentos en el que junto a su familia ha solicitado asilito político al régimen nicaragüense de Daniel Ortega.

Según la información, supuestamente filtrada de la cancillería de Nicaragua, que circula en redes sociales, Sánchez Cerén, su esposa y ex primera dama Rosa Margarita Villalta, sus hijos y nietos, figuran en una larga lista de solicitud de asilo.

Ante esto, el expresidente efemelenista ha solicitado abandonar la ciudadanía salvadoreña y convertirse en nicaragüense siguiendo los pasos del prófugo Mauricio Funes, quien huyó de El Salvador para evadir casos de corrupción en su contra.

El profesor Sánchez Cerén es acusado de recibir sobresueldos cuando fue vicepresidente en el período de Funes.

El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que ha solicitado oficialmente a una difusión roja contra Sánchez Cerén como los exministros de Obras Públicas, Gerson Martínez; la exministra de Medio Ambiente, Lina Dolores Polh; el expresidente de CEPA y exministro de Agricultura y Ganadería, Guillermo López Suárez.

Delgado manifestó que la investigación contra estas personas está desde el 2019 en la operación “Saqueo público” que en su momento desarrolló la Fiscalía General de la República (FGR), administrada por el exfiscal general, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz.

Por el momento, se ha logrado la captura del exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; el exministro de Trabajo, Calixto Mejía; el exministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores; la exviceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal Vega y la exministra de Salud, Violeta Menjívar, detalló el titular de la FGR.

“Consta en la FGR que todas estas personas ayudar al desfalco de al menos 350 millones de dólares al Estado salvadoreño y por eso van a ser capturados por el delito de lavado de dinero y activos”, explicó el fiscal Delgado.