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MINSAL refuerza estrategia de vacunación con 183 puestos de aplicación en todo el país
Ministerio de Salud (MINSAL) ha reforzado la estrategia de vacunación anti-COVID-19 para los salvadoreños. En el país se han incrementado los puntos de vacunación para inmunizar a más personas y asegurar la protección ante el coronavirus. Actualmente se han habilitado 183 puntos de vacunación, de los cuales 160 se encuentran distribuidos en todo el país y 23 son puntos móviles que se desplazan por diferentes municipios.
Ayer, los centros móviles desarrollaron una amplia jornada en municipios como Sonsonate, San Antonio Masahuat, Atiquizaya, Apaneca, Verapaz y San Pedro Perulapán. En el departamento de San Salvador, la jornada móvil se desarrolló en el mercado San Miguelito, donde fueron beneficiados vendedores, trabajadores y familias habitantes de la zona.
Noé Alberto López es un trabajador que labora en las zonas aledañas a dicho mercado y se enteró de la jornada de vacunación cuando se dirigía a su trabajo. Él recibió la primera dosis y, según dijo, en su familia solo faltaba él por vacunarse. «Esta estrategia está muy bien porque muchas personas se están beneficiando cada día. A mí me quedó muy bien porque trabajo aquí cerca, y les diría que sigan adelante con estas acciones, porque la vacuna nos protege del virus», detalló el beneficiado.
En el centro de vacunación móvil se aplican dosis anti-COVID-19 a los salvadoreños partir de los seis años. Se administran tanto la primera como la segunda dosis. Los adultos deben presentar su Documento Único de Identidad (DUI) y los menores de edad deben estar acompañados por sus padres o por un familiar responsable y presentar la partida de nacimiento.
En la jornada del lunes 27 de septiembre, en todos los centros de vacunación, incluidos los 23 puntos móviles, se aplicaron 47,126 dosis, de las cuales 8,410 fueron terceras dosis, así lo informó el presidente de la república, Nayib Bukele, quien también destacó que el sistema de salud puede aplicar hasta 110,000 cada día, por lo que hizo el llamado a que más salvadoreños programen su cita.
De igual forma, el ministro de Salud, Francisco Alabi, indicó ayer, en una entrevista de televisión, que la vacunación es la principal estrategia para enfrentar la pandemia. Destacó que con el plan nacional de vacunación anti-COVID-19 se ha asegurado suficiente disponibilidad del biológico en el territorio, y se cuenta con casi 12 millones de dosis en el país, pero es importante que la población programe su cita.
«La intervención más importante es la vacunación. Hay familias que no se han colocado la vacuna porque consideran que no es importante […]. La importancia de la vacunación es para disminuir el riesgo de complicaciones frente a la COVID-19. […] Las variantes de la COVID-19 son más contagiosas y, si tenemos población que no se ha vacunado, provocan más contagios», indicó Alabi.
Este llamado es reiterado por las personas que ya recibieron la vacuna. Azucena Meléndez recibió ayer la primera dosis en el punto ubicado en el mercado San Miguelito y destacó que el servicio es eficiente.
«A las personas que aún no se vacunan les diría que sepan aprovechar todo lo que están haciendo por nosotros. Nos han traído jornadas cerca y hay suficientes vacunas, solo falta que la población ponga de su parte, porque la vacuna es para nuestro bien», comentó la beneficiada.
Hasta el 27 de septiembre, El Salvador registraba un total de 7,396,969 dosis aplicadas, de las cuales 4,055,962 fueron primeras dosis, 3,327,590, segundas y 13,417 fueron terceras aplicaciones.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
