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MIDES denuncia ante la CICIES a la alcaldía de San Salvador, por uso Ilegal de tasa municipal, pignorado (empeñado) con institución financiera por 15 años
El Apoderado Legal de MIDES, hizo del conocimiento a los medios de comunicación que interpuso una Denuncia, basado en los acuerdos adoptados por CICIES y el Alcalde Ernesto Muyshondt, con el fin que se fiscalice el estado de las finanzas de la municipalidad.
La empresa MIDES, propietaria del relleno sanitario de Nejapa, y que brinda servicios de disposición final de la basura a distintos municipios, entre los que se encuentra el de San Salvador, informó que a fecha viernes 20 de noviembre del presente año, presentó ante la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES) denuncia contra las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS), por presuntos actos de corrupción en el manejo de las finanzas públicas de la referida municipalidad.
Esas conductas ilícitas se han visto concretadas como resultado de la adquisición de un alto endeudamiento con el Sistema Financiero nacional, hasta por el plazo de 15 AÑOS, en los cuales la Alcaldía de San Salvador, ha cedido los ingresos municipales a sus financistas, en los que se han incluido como garantía de pago, las tasas municipales que fueron creadas exclusivamente para brindar servicios públicos que la municipalidad realiza de forma directa o por medio de terceros; y serían de acuerdo al apoderado legal de MIDES, las que han tenido una incidencia decisiva en el estado de insolvencia de pagos en que ha incurrido la Alcaldía con distintos proveedores de servicios, no solo para con MIDES, que provee la disposición final de la basura proveniente de la capital, sino también de los particulares que se encargan de la recolección y transporte de la basura, como también con la empresa que suministra combustible y otros contratistas de bienes e insumos esenciales para el desempeño de actividades, especialmente aquellos que requieren el debido manejo de bioseguridad en virtud de la Pandemia por COVID-19.
Para el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, debe quedar claro que: “MIDES, no tiene agendas políticas, ni está generando acciones dirigidas de forma arbitraria contra el Alcalde Ernesto Muyshondt, a quien por el contrario, existe por parte de la empresa, una estima y el deseo que por el bien de los capitalinos se genere la mejor administración y gestión municipal, especialmente haciendo una trabajo eficiente de recolección y transporte de los desechos municipales, a los que se les da un adecuado tratamiento y disposición en el Relleno Sanitario de Nejapa” Declaraciones que surgen ante los últimos señalamientos por parte del Alcalde de San Salvador, que culpaba a MIDES, como causante de la crisis de basura, hecho del que se desmarca totalmente la empresa por medio de su vocero.
Para Miranda Rubio, la preocupación y exigencia por parte de MIDES, consiste en que la Alcaldía de San Salvador, termine por honrar el monto que le sigue adeudando, del cual confirma que recibieron un abono el día martes 17 de los corrientes, con el que se saldó el monto de US $270 mil Dólares, de los cheques que fueron librados sin fondos por parte de la municipalidad y por la que existe en curso una investigación penal contra el Tesorero Municipal Fernando Heriberto Portillo Linares, a quien se le acusó por los delitos de Estafa y Actos Arbitrarios.
Para el abogado, el problema es que MIDES, está operando financiariamente soportando la elevada deuda de la Alcaldía de San Salvador, que se incrementa en la medida que se siguen incumpliendo los pagos con las nuevas facturas de servicio. Esto a criterio del apoderado legal, no debiera ocurrir ya que San Salvador cuenta con una tasa que fue creada de forma exclusiva para cancelar por el servicio de disposición final de la basura y que según el Examen Especial de Corte de Cuentas, por ejemplo solamente en el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, se recaudó en concepto de esta tasa municipal, la suma de US $ 16,468,648.72, y lo que debía pagarle a MIDES, por el servicio de disposición final de la basura por ese mismo periodo, era la cantidad de US $1,939,353.87. Por lo que de acuerdo al mismo estudio de la contraloría, no había razón alguna para que la municipalidad no pagara en tiempo las facturas adeudados, sin embargo, hasta la fecha vienen arrastrando esa deuda.
Según, el abogado MIDES, tomó la determinación de interponer la denuncia ante CICIES, ya que desde abril de 2019, se presentó ante la Fiscalía General de la Repúblia, una denuncia por el delito de Malversación contra las autoridades edilicias de San Salvador, que a la fecha no se han tenido conocimiento de los resultados de la investigación, al grado que hace dos semanas se pidió un pronto despacho, del que no se ha tenido ninguna respuesta.
De manera, que estamos seguros que a través de CICIES, se podrá finalmente hacer una revisión de las finanzas municipales y establecer la legalidad o no de haber comprometido las tasas municipales que han sido creados para fines distintos, en concreto para garantizar que se brinden servicios por los cuales los contribuyentes pagan mensualmente y que no es justo que se ejecuten con deficiencia. Sin embargo, a la fecha la Alcaldía de San Salvador ha titularizado entre octubre de 2018 y abril de 2020, para obtener créditos por la cantidad de US $ 82, 795,000.oo y por los que ha comprometido los ingresos municipales, que incluyen lo recaudado en concepto de tasa municipal que es exclusiva para la disposición final de la basura, por el plazo de 15 años y por la suma US $ 145,008,000.oo. Lo que compromete a futuro toda la administración municipal, independientemente si es reelecto el actual alcalde o se eligen nuevas autoridades. La denuncia ante CICIES, pretende que se verique si las autoridades municipales han incurrido en delitos tales como PECULADO, MALVERSACIÓN, ACTOS ARBITRARIOS y NEGOCIACIONES ILÍCITAS.
Finalmente, según el apoderado legal, deberá revisarse si en los contratos suscritos con las instituciones financieras son o no válidos, en virtud que la cesión de tasas municipales puede constituir objeto ilícito e implicar un enriquecimiento ilícito para las instituciones bancarias que se estén cobrando la deuda de la municipalidad a través de los montos recaudados de tasas que son exclusivas para servicios municipales.
A menos de un año de la fiesta democrática que se celebrará en El Salvador, el 28 de febrero de 2027, cuando los ciudadanos elegirán al presidente y vicepresidente de la república, 60 diputados de la Asamblea Legislativa y a los miembros de los 44 concejos municipales, algunos partidos políticos han comenzado a organizarse.
Están habilitados a la fecha, según el portal web del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 11 institutos políticos; los representantes de algunos de esos, como el caso del presidente del Coena, Carlos García Saade, y el secretario general del FMLN, Manuel Flores, han confirmado que participarán en las tres competencias para cargos públicos.
A estos se suma GANA que, de acuerdo a su vicepresidente, Guillermo Gallegos, estaría dispuesto a apoyar la eventual candidatura de Nayib Bukele, de Nuevas Ideas; sin embargo, aseguró que el instituto naranja participarán en la presidencial «con o sin coalisión».
El 6 de marzo anterior los partidos políticos se reunieron con las autoridades del TSE, con el objetivo de conocer los detalles de la convocatoria y desarrollo de las elecciones internas; pero algunos han expresado no tener aún claridad de en cuáles elecciones participarán.
Para el caso del PDC, ha expresado que participará solo en las elecciones legislativas y municipales, descartando cualquier aspiración con una fórmula presidencial para el sexenio 2027-2033.
Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, aseguró a «Diario El Salvador» que de momento han determinado participar en las legislativas y municipales, y están analizando si es conveniente competir en la presidencial.
Rodríguez indicó que actualmente el PCN es la cuarta fuerza política dentro de la Asamblea Legislativa, por lo que deben ser parte de los próximos comicios, y según lo que establece el capítulo V del Código Electoral todos los partidos contendientes tienen el derecho a la vigilancia de todo el proceso, desde la inscripción de candidatos en adelante.
«Sabemos que si participamos en todos los departamentos y si participamos en todo lo que es mesa y todo eso, nosotros necesitamos 11,784 personas para ese evento, entre vigilantes propietarios, supervisores propietarios, jefes de centros propietarios», detalló.
Agregó que para conformar los organismos de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), las Juntas Electorales Departamentales (JED), las Juntas Electorales Municipales (JEM) y las Juntas Electorales Distritales, necesitan otras 8,900 personas.
Por ello, aseguró que el trabajo es bastante, pero «lo primero que hemos hecho es mandado ya al tribunal la conformación de la CEN, o sea, la Comisión Electoral Nacional, que es la que maneja la parte de los de las elecciones internas».
Las autoridades del partido Democracia Salvadoreña aún no han determinado si van a participar en la elección presidencial. Su secretario general, Ezequiel Mendoza, expresó que debido a que no participaron en las elecciones anteriores ahora están «obligados a concursar», a fin de que el TSE no inicie un proceso de cancelación, de acuerdo con la normativa electoral.
Una situación similar es la de PAIS, que no tiene dirigencia, desde que su fundador Roy García fue implicado en un caso judicial; actualmente algunos afiliados quieren retomar el control.
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Vicepresidente Ulloa asiste a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile
El Vicepresidente Félix Ulloa, viajó a la República de Chile para participar en la Transmisión del Mando Presidencial de José Antonio Kast, con quien sostuvo una primera reunión con el propósito de reafirmar la voluntad de ambos países de fortalecer sus vínculos de amistad y cooperación.
Durante el encuentro, ambas autoridades intercambiaron impresiones sobre las oportunidades para consolidar una asociación estratégica en áreas de interés común, particularmente en materia de seguridad, destacando la importancia de continuar promoviendo nuevas experiencias entre ambas naciones.
Expresaron su interés en fortalecer una agenda de cooperación bilateral orientada a la definición de proyectos clave para el período 2026-2028, en ámbitos como primera infancia, educación, geotermia, tecnología, innovación, agroindustria y otros sectores estratégicos para el desarrollo. De igual manera destacaron el interés en promover una agenda económica en comercio, inversiones y turismo, incluyendo la posibilidad de una misión empresarial chilena a El Salvador, como parte de los esfuerzos para dinamizar las relaciones económicas.
Finalmente, dialogaron sobre la visita del Presidente Kast a El Salvador, durante la cual pudo constatar la realidad de paz que vive el país. Asimismo, el Vicemandatario se refirió a la posible visita del Presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, a Chile en mayo, como una muestra de reciprocidad, cercanía política y visión compartida de futuro.
Este acercamiento reafirma el compromiso de El Salvador con el fortalecimiento de sus relaciones bilaterales con Chile, sobre la base del diálogo político, la cooperación estratégica y la construcción de una agenda económica común.
El ecosistema de activos digitales en El Salvador mantiene un enfoque regulatorio estricto que busca garantizar transparencia, protección al consumidor y solidez en los proyectos que ingresan al mercado, según datos del Informe Estadístico del Ecosistema Regulado 2023–2026 presentado por la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
De acuerdo con el informe, durante ese período se gestionaron 388 procesos regulatorios, lo que evidencia la creciente actividad en el sector. El año con mayor dinamismo fue 2025, cuando se registraron 193 procesos, equivalentes al 50 % del total analizado.
Uno de los indicadores más relevantes es el proceso de autorización para operar como proveedor de servicios de activos digitales (PSAD) bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales. Entre 2023 y 2026 se presentaron 277 solicitudes para este tipo de licencia. Sin embargo, solo el 26 % fueron aprobadas.
El resto de las solicitudes refleja el nivel de revisión aplicado por el regulador: 56 % fueron archivadas o rechazadas, 1 % canceladas y 17 % aún se encuentran en proceso de evaluación.
Estas cifras evidencian que el país mantiene criterios estrictos para permitir la operación de entidades dentro del ecosistema digital. «Aquí no se aprueban productos especulativos. Solo productos con respaldo, transparencia y visión de largo plazo», afirmó el presidente de la CNAD, Juan Carlos Reyes.
El informe también detalla que 267 entidades aplicaron para distintos servicios regulados durante el período analizado. De ese total, 190 correspondieron a proveedores de servicios de activos digitales, lo que representa 71 % de las solicitudes.
El resto se distribuye entre emisores públicos (15 %), emisores privados (7 %), certificadores (5 %) y emisores de monedas estables (2 %), lo que refleja la diversidad de actores interesados en participar en el ecosistema regulado del país.
Actualmente, la CNAD mantiene 108 entidades activas bajo supervisión, siendo los proveedores de servicios de activos digitales el segmento más numeroso, seguido por los emisores públicos.
En cuanto a la actividad del mercado, el ecosistema ha habilitado 53 emisiones financieras con un volumen total aproximado de $200,000 millones, concentrándose principalmente en monedas estables, lo que evidencia la relevancia de estos instrumentos dentro de la infraestructura financiera digital.
Para las autoridades salvadoreñas, estos datos muestran que el país ha logrado construir un modelo regulatorio que combina apertura a la innovación con altos estándares de supervisión.
«Lo que hemos logrado hacer en El Salvador con la protección del consumidor, la trazabilidad y toda la transparencia que existe en nuestra industria es algo único a escala mundial», subrayó Reyes.
Este avance regulatorio será uno de los temas centrales de El Salvador Digital Assets Summit 2026, que se celebrará el próximo 15 de abril y reunirá a líderes del sector público y privado para analizar los principales retos y oportunidades de la industria.
El evento se organiza tras el éxito del Digital Assets Summit 2025, que reunió en el país a alrededor de 450 líderes nacionales e internacionales de al menos 20 países, entre reguladores financieros, legisladores, abogados, empresas tecnológicas y organismos multilaterales.
