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MIDES denuncia ante la CICIES a la alcaldía de San Salvador, por uso Ilegal de tasa municipal, pignorado (empeñado) con institución financiera por 15 años
El Apoderado Legal de MIDES, hizo del conocimiento a los medios de comunicación que interpuso una Denuncia, basado en los acuerdos adoptados por CICIES y el Alcalde Ernesto Muyshondt, con el fin que se fiscalice el estado de las finanzas de la municipalidad.
La empresa MIDES, propietaria del relleno sanitario de Nejapa, y que brinda servicios de disposición final de la basura a distintos municipios, entre los que se encuentra el de San Salvador, informó que a fecha viernes 20 de noviembre del presente año, presentó ante la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES) denuncia contra las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS), por presuntos actos de corrupción en el manejo de las finanzas públicas de la referida municipalidad.
Esas conductas ilícitas se han visto concretadas como resultado de la adquisición de un alto endeudamiento con el Sistema Financiero nacional, hasta por el plazo de 15 AÑOS, en los cuales la Alcaldía de San Salvador, ha cedido los ingresos municipales a sus financistas, en los que se han incluido como garantía de pago, las tasas municipales que fueron creadas exclusivamente para brindar servicios públicos que la municipalidad realiza de forma directa o por medio de terceros; y serían de acuerdo al apoderado legal de MIDES, las que han tenido una incidencia decisiva en el estado de insolvencia de pagos en que ha incurrido la Alcaldía con distintos proveedores de servicios, no solo para con MIDES, que provee la disposición final de la basura proveniente de la capital, sino también de los particulares que se encargan de la recolección y transporte de la basura, como también con la empresa que suministra combustible y otros contratistas de bienes e insumos esenciales para el desempeño de actividades, especialmente aquellos que requieren el debido manejo de bioseguridad en virtud de la Pandemia por COVID-19.
Para el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, debe quedar claro que: “MIDES, no tiene agendas políticas, ni está generando acciones dirigidas de forma arbitraria contra el Alcalde Ernesto Muyshondt, a quien por el contrario, existe por parte de la empresa, una estima y el deseo que por el bien de los capitalinos se genere la mejor administración y gestión municipal, especialmente haciendo una trabajo eficiente de recolección y transporte de los desechos municipales, a los que se les da un adecuado tratamiento y disposición en el Relleno Sanitario de Nejapa” Declaraciones que surgen ante los últimos señalamientos por parte del Alcalde de San Salvador, que culpaba a MIDES, como causante de la crisis de basura, hecho del que se desmarca totalmente la empresa por medio de su vocero.
Para Miranda Rubio, la preocupación y exigencia por parte de MIDES, consiste en que la Alcaldía de San Salvador, termine por honrar el monto que le sigue adeudando, del cual confirma que recibieron un abono el día martes 17 de los corrientes, con el que se saldó el monto de US $270 mil Dólares, de los cheques que fueron librados sin fondos por parte de la municipalidad y por la que existe en curso una investigación penal contra el Tesorero Municipal Fernando Heriberto Portillo Linares, a quien se le acusó por los delitos de Estafa y Actos Arbitrarios.
Para el abogado, el problema es que MIDES, está operando financiariamente soportando la elevada deuda de la Alcaldía de San Salvador, que se incrementa en la medida que se siguen incumpliendo los pagos con las nuevas facturas de servicio. Esto a criterio del apoderado legal, no debiera ocurrir ya que San Salvador cuenta con una tasa que fue creada de forma exclusiva para cancelar por el servicio de disposición final de la basura y que según el Examen Especial de Corte de Cuentas, por ejemplo solamente en el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, se recaudó en concepto de esta tasa municipal, la suma de US $ 16,468,648.72, y lo que debía pagarle a MIDES, por el servicio de disposición final de la basura por ese mismo periodo, era la cantidad de US $1,939,353.87. Por lo que de acuerdo al mismo estudio de la contraloría, no había razón alguna para que la municipalidad no pagara en tiempo las facturas adeudados, sin embargo, hasta la fecha vienen arrastrando esa deuda.
Según, el abogado MIDES, tomó la determinación de interponer la denuncia ante CICIES, ya que desde abril de 2019, se presentó ante la Fiscalía General de la Repúblia, una denuncia por el delito de Malversación contra las autoridades edilicias de San Salvador, que a la fecha no se han tenido conocimiento de los resultados de la investigación, al grado que hace dos semanas se pidió un pronto despacho, del que no se ha tenido ninguna respuesta.
De manera, que estamos seguros que a través de CICIES, se podrá finalmente hacer una revisión de las finanzas municipales y establecer la legalidad o no de haber comprometido las tasas municipales que han sido creados para fines distintos, en concreto para garantizar que se brinden servicios por los cuales los contribuyentes pagan mensualmente y que no es justo que se ejecuten con deficiencia. Sin embargo, a la fecha la Alcaldía de San Salvador ha titularizado entre octubre de 2018 y abril de 2020, para obtener créditos por la cantidad de US $ 82, 795,000.oo y por los que ha comprometido los ingresos municipales, que incluyen lo recaudado en concepto de tasa municipal que es exclusiva para la disposición final de la basura, por el plazo de 15 años y por la suma US $ 145,008,000.oo. Lo que compromete a futuro toda la administración municipal, independientemente si es reelecto el actual alcalde o se eligen nuevas autoridades. La denuncia ante CICIES, pretende que se verique si las autoridades municipales han incurrido en delitos tales como PECULADO, MALVERSACIÓN, ACTOS ARBITRARIOS y NEGOCIACIONES ILÍCITAS.
Finalmente, según el apoderado legal, deberá revisarse si en los contratos suscritos con las instituciones financieras son o no válidos, en virtud que la cesión de tasas municipales puede constituir objeto ilícito e implicar un enriquecimiento ilícito para las instituciones bancarias que se estén cobrando la deuda de la municipalidad a través de los montos recaudados de tasas que son exclusivas para servicios municipales.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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