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MIDES denuncia ante la CICIES a la alcaldía de San Salvador, por uso Ilegal de tasa municipal, pignorado (empeñado) con institución financiera por 15 años
El Apoderado Legal de MIDES, hizo del conocimiento a los medios de comunicación que interpuso una Denuncia, basado en los acuerdos adoptados por CICIES y el Alcalde Ernesto Muyshondt, con el fin que se fiscalice el estado de las finanzas de la municipalidad.
La empresa MIDES, propietaria del relleno sanitario de Nejapa, y que brinda servicios de disposición final de la basura a distintos municipios, entre los que se encuentra el de San Salvador, informó que a fecha viernes 20 de noviembre del presente año, presentó ante la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES) denuncia contra las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS), por presuntos actos de corrupción en el manejo de las finanzas públicas de la referida municipalidad.
Esas conductas ilícitas se han visto concretadas como resultado de la adquisición de un alto endeudamiento con el Sistema Financiero nacional, hasta por el plazo de 15 AÑOS, en los cuales la Alcaldía de San Salvador, ha cedido los ingresos municipales a sus financistas, en los que se han incluido como garantía de pago, las tasas municipales que fueron creadas exclusivamente para brindar servicios públicos que la municipalidad realiza de forma directa o por medio de terceros; y serían de acuerdo al apoderado legal de MIDES, las que han tenido una incidencia decisiva en el estado de insolvencia de pagos en que ha incurrido la Alcaldía con distintos proveedores de servicios, no solo para con MIDES, que provee la disposición final de la basura proveniente de la capital, sino también de los particulares que se encargan de la recolección y transporte de la basura, como también con la empresa que suministra combustible y otros contratistas de bienes e insumos esenciales para el desempeño de actividades, especialmente aquellos que requieren el debido manejo de bioseguridad en virtud de la Pandemia por COVID-19.
Para el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, debe quedar claro que: “MIDES, no tiene agendas políticas, ni está generando acciones dirigidas de forma arbitraria contra el Alcalde Ernesto Muyshondt, a quien por el contrario, existe por parte de la empresa, una estima y el deseo que por el bien de los capitalinos se genere la mejor administración y gestión municipal, especialmente haciendo una trabajo eficiente de recolección y transporte de los desechos municipales, a los que se les da un adecuado tratamiento y disposición en el Relleno Sanitario de Nejapa” Declaraciones que surgen ante los últimos señalamientos por parte del Alcalde de San Salvador, que culpaba a MIDES, como causante de la crisis de basura, hecho del que se desmarca totalmente la empresa por medio de su vocero.
Para Miranda Rubio, la preocupación y exigencia por parte de MIDES, consiste en que la Alcaldía de San Salvador, termine por honrar el monto que le sigue adeudando, del cual confirma que recibieron un abono el día martes 17 de los corrientes, con el que se saldó el monto de US $270 mil Dólares, de los cheques que fueron librados sin fondos por parte de la municipalidad y por la que existe en curso una investigación penal contra el Tesorero Municipal Fernando Heriberto Portillo Linares, a quien se le acusó por los delitos de Estafa y Actos Arbitrarios.
Para el abogado, el problema es que MIDES, está operando financiariamente soportando la elevada deuda de la Alcaldía de San Salvador, que se incrementa en la medida que se siguen incumpliendo los pagos con las nuevas facturas de servicio. Esto a criterio del apoderado legal, no debiera ocurrir ya que San Salvador cuenta con una tasa que fue creada de forma exclusiva para cancelar por el servicio de disposición final de la basura y que según el Examen Especial de Corte de Cuentas, por ejemplo solamente en el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, se recaudó en concepto de esta tasa municipal, la suma de US $ 16,468,648.72, y lo que debía pagarle a MIDES, por el servicio de disposición final de la basura por ese mismo periodo, era la cantidad de US $1,939,353.87. Por lo que de acuerdo al mismo estudio de la contraloría, no había razón alguna para que la municipalidad no pagara en tiempo las facturas adeudados, sin embargo, hasta la fecha vienen arrastrando esa deuda.
Según, el abogado MIDES, tomó la determinación de interponer la denuncia ante CICIES, ya que desde abril de 2019, se presentó ante la Fiscalía General de la Repúblia, una denuncia por el delito de Malversación contra las autoridades edilicias de San Salvador, que a la fecha no se han tenido conocimiento de los resultados de la investigación, al grado que hace dos semanas se pidió un pronto despacho, del que no se ha tenido ninguna respuesta.
De manera, que estamos seguros que a través de CICIES, se podrá finalmente hacer una revisión de las finanzas municipales y establecer la legalidad o no de haber comprometido las tasas municipales que han sido creados para fines distintos, en concreto para garantizar que se brinden servicios por los cuales los contribuyentes pagan mensualmente y que no es justo que se ejecuten con deficiencia. Sin embargo, a la fecha la Alcaldía de San Salvador ha titularizado entre octubre de 2018 y abril de 2020, para obtener créditos por la cantidad de US $ 82, 795,000.oo y por los que ha comprometido los ingresos municipales, que incluyen lo recaudado en concepto de tasa municipal que es exclusiva para la disposición final de la basura, por el plazo de 15 años y por la suma US $ 145,008,000.oo. Lo que compromete a futuro toda la administración municipal, independientemente si es reelecto el actual alcalde o se eligen nuevas autoridades. La denuncia ante CICIES, pretende que se verique si las autoridades municipales han incurrido en delitos tales como PECULADO, MALVERSACIÓN, ACTOS ARBITRARIOS y NEGOCIACIONES ILÍCITAS.
Finalmente, según el apoderado legal, deberá revisarse si en los contratos suscritos con las instituciones financieras son o no válidos, en virtud que la cesión de tasas municipales puede constituir objeto ilícito e implicar un enriquecimiento ilícito para las instituciones bancarias que se estén cobrando la deuda de la municipalidad a través de los montos recaudados de tasas que son exclusivas para servicios municipales.
Marco Antonio Pérez Hernández fue condenado a 39 años de prisión por homicidio agravado en grado de tentativa, en perjuicio de dos personas, y agrupaciones ilícitas, así resolvió el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El doble intento de asesinato ocurrió el 1 de junio de 2013 en la comunidad Cristo Redentor, Ayutuxtepeque. El hombre disparó a las víctimas y luego se dio a la fuga; sin embargo, ambas personas sobrevivieron al ataque. Pérez Hernández fue perfilado como el encargado de la cancha Tainys Locos Revolucionarios de la pandilla 18 que delinquía en esa zona y tenía entre 20 y 30 pandilleros bajo sus órdenes.
El juzgador valoró la prueba ofertada por el ente fiscal y condenó al imputado de conformidad con el Código Penal anterior.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, realizó una nueva jornada del juicio que la Fiscalía General de la República promueve al expresentador de televisión, Jorge Hernández Meléndez, por el delito de evasión de impuestos.
La vista pública se ha estado desarrollando en jornadas interrumpidas, desde finales de febrero de 2026, cuando el tribunal comenzó a recibir la prueba, la cual continuó ayer.
En la acusación del ministerio público se detalla que Hernández Meléndez defraudó al fisco con un monto de $278,814.99; ya que en el 2014 declaró información falsa en el Ministerio de Hacienda.
Cuando el expediente fue judicializado la Fiscalía publicó que en el 2014, el imputado evadió el pago de impuesto sobre la renta en su calidad de contribuyente de la actividad económica consistentes en la prestación de servicios de carácter permanente bajo dependencia laboral en la sociedad Meridiano 89 S.A. de C.V.
Por esa acción ilícita el ministerio público pretende lograr una condena en este expediente que lleva varios años diligenciándose; inició en el Juzgado Octavo de Paz y luego enviado al extinto Juzgado Octavo de Instrucción ara que en la etapa final se asignara al Tribunal Quinto de Sentencia.
Hernández Meléndez, previo al juicio intentó finalizar el proceso con una salida alterna pagando el monto evadido, el juzgado que desarrolló la fase de instrucción le otorgó un plazo para pagar, pero al incumplir, tuvo que enfrentar la audiencia preliminar y ser enviado a juicio.
El procesado también tiene un expediente de extinción de dominio que llevó a la Fiscalía a incautarle 36 bienes entre inmuebles y dinero, para que en una decisión definitiva, el juez especializado se pronuncie.
El expresentador de televisión está bajo arresto domiciliar y con custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) por resolución que emitió el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador el 11 de marzo del 2019 cuando fue la primera audiencia del proceso.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, La Libertad condenó a dos ebrios que provocaron accidentes de tránsito en los que hubo un fallecido y dos lesionados.
En el primer expediente mediante procedimiento abreviado, impuso tres años excarcelables a Leonel Chicas Márquez, por homicidio culposo y conducción peligrosa.
Al otorgarle una suspensión condicional de la ejecución de la pena, quedó sujeto al cumplimiento de reglas de conducta por el mismo período y el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de los familiares del fallecido.
El accidente ocurrió la madrugada del 2 de agosto de 2025, cuando en estado de ebriedad invadió el carril contrario y colisionara con el vehículo de Jaime Edgardo Aguilar Romero, quien falleció en el periférico Claudia Lars, de San Juan Opico.
La segunda condena fue para Héctor M. A., quien recibió dos años, aplicándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero deberá pagar $5,500 por lesiones culposas en perjuicio de dos personas.
Según la acusación, la madrugada del 28 de marzo de 2025, en el km 30 de la carretera hacia San Juan Opico, La Libertad Centro, el imputado impactó la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos personas. En la prueba de alcotest, detectaron que conducía con 159 grados de alcohol.
