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MIDES denuncia ante la CICIES a la alcaldía de San Salvador, por uso Ilegal de tasa municipal, pignorado (empeñado) con institución financiera por 15 años
El Apoderado Legal de MIDES, hizo del conocimiento a los medios de comunicación que interpuso una Denuncia, basado en los acuerdos adoptados por CICIES y el Alcalde Ernesto Muyshondt, con el fin que se fiscalice el estado de las finanzas de la municipalidad.
La empresa MIDES, propietaria del relleno sanitario de Nejapa, y que brinda servicios de disposición final de la basura a distintos municipios, entre los que se encuentra el de San Salvador, informó que a fecha viernes 20 de noviembre del presente año, presentó ante la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES) denuncia contra las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS), por presuntos actos de corrupción en el manejo de las finanzas públicas de la referida municipalidad.
Esas conductas ilícitas se han visto concretadas como resultado de la adquisición de un alto endeudamiento con el Sistema Financiero nacional, hasta por el plazo de 15 AÑOS, en los cuales la Alcaldía de San Salvador, ha cedido los ingresos municipales a sus financistas, en los que se han incluido como garantía de pago, las tasas municipales que fueron creadas exclusivamente para brindar servicios públicos que la municipalidad realiza de forma directa o por medio de terceros; y serían de acuerdo al apoderado legal de MIDES, las que han tenido una incidencia decisiva en el estado de insolvencia de pagos en que ha incurrido la Alcaldía con distintos proveedores de servicios, no solo para con MIDES, que provee la disposición final de la basura proveniente de la capital, sino también de los particulares que se encargan de la recolección y transporte de la basura, como también con la empresa que suministra combustible y otros contratistas de bienes e insumos esenciales para el desempeño de actividades, especialmente aquellos que requieren el debido manejo de bioseguridad en virtud de la Pandemia por COVID-19.
Para el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, debe quedar claro que: “MIDES, no tiene agendas políticas, ni está generando acciones dirigidas de forma arbitraria contra el Alcalde Ernesto Muyshondt, a quien por el contrario, existe por parte de la empresa, una estima y el deseo que por el bien de los capitalinos se genere la mejor administración y gestión municipal, especialmente haciendo una trabajo eficiente de recolección y transporte de los desechos municipales, a los que se les da un adecuado tratamiento y disposición en el Relleno Sanitario de Nejapa” Declaraciones que surgen ante los últimos señalamientos por parte del Alcalde de San Salvador, que culpaba a MIDES, como causante de la crisis de basura, hecho del que se desmarca totalmente la empresa por medio de su vocero.
Para Miranda Rubio, la preocupación y exigencia por parte de MIDES, consiste en que la Alcaldía de San Salvador, termine por honrar el monto que le sigue adeudando, del cual confirma que recibieron un abono el día martes 17 de los corrientes, con el que se saldó el monto de US $270 mil Dólares, de los cheques que fueron librados sin fondos por parte de la municipalidad y por la que existe en curso una investigación penal contra el Tesorero Municipal Fernando Heriberto Portillo Linares, a quien se le acusó por los delitos de Estafa y Actos Arbitrarios.
Para el abogado, el problema es que MIDES, está operando financiariamente soportando la elevada deuda de la Alcaldía de San Salvador, que se incrementa en la medida que se siguen incumpliendo los pagos con las nuevas facturas de servicio. Esto a criterio del apoderado legal, no debiera ocurrir ya que San Salvador cuenta con una tasa que fue creada de forma exclusiva para cancelar por el servicio de disposición final de la basura y que según el Examen Especial de Corte de Cuentas, por ejemplo solamente en el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, se recaudó en concepto de esta tasa municipal, la suma de US $ 16,468,648.72, y lo que debía pagarle a MIDES, por el servicio de disposición final de la basura por ese mismo periodo, era la cantidad de US $1,939,353.87. Por lo que de acuerdo al mismo estudio de la contraloría, no había razón alguna para que la municipalidad no pagara en tiempo las facturas adeudados, sin embargo, hasta la fecha vienen arrastrando esa deuda.
Según, el abogado MIDES, tomó la determinación de interponer la denuncia ante CICIES, ya que desde abril de 2019, se presentó ante la Fiscalía General de la Repúblia, una denuncia por el delito de Malversación contra las autoridades edilicias de San Salvador, que a la fecha no se han tenido conocimiento de los resultados de la investigación, al grado que hace dos semanas se pidió un pronto despacho, del que no se ha tenido ninguna respuesta.
De manera, que estamos seguros que a través de CICIES, se podrá finalmente hacer una revisión de las finanzas municipales y establecer la legalidad o no de haber comprometido las tasas municipales que han sido creados para fines distintos, en concreto para garantizar que se brinden servicios por los cuales los contribuyentes pagan mensualmente y que no es justo que se ejecuten con deficiencia. Sin embargo, a la fecha la Alcaldía de San Salvador ha titularizado entre octubre de 2018 y abril de 2020, para obtener créditos por la cantidad de US $ 82, 795,000.oo y por los que ha comprometido los ingresos municipales, que incluyen lo recaudado en concepto de tasa municipal que es exclusiva para la disposición final de la basura, por el plazo de 15 años y por la suma US $ 145,008,000.oo. Lo que compromete a futuro toda la administración municipal, independientemente si es reelecto el actual alcalde o se eligen nuevas autoridades. La denuncia ante CICIES, pretende que se verique si las autoridades municipales han incurrido en delitos tales como PECULADO, MALVERSACIÓN, ACTOS ARBITRARIOS y NEGOCIACIONES ILÍCITAS.
Finalmente, según el apoderado legal, deberá revisarse si en los contratos suscritos con las instituciones financieras son o no válidos, en virtud que la cesión de tasas municipales puede constituir objeto ilícito e implicar un enriquecimiento ilícito para las instituciones bancarias que se estén cobrando la deuda de la municipalidad a través de los montos recaudados de tasas que son exclusivas para servicios municipales.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
