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MIDES denuncia ante la CICIES a la alcaldía de San Salvador, por uso Ilegal de tasa municipal, pignorado (empeñado) con institución financiera por 15 años
El Apoderado Legal de MIDES, hizo del conocimiento a los medios de comunicación que interpuso una Denuncia, basado en los acuerdos adoptados por CICIES y el Alcalde Ernesto Muyshondt, con el fin que se fiscalice el estado de las finanzas de la municipalidad.
La empresa MIDES, propietaria del relleno sanitario de Nejapa, y que brinda servicios de disposición final de la basura a distintos municipios, entre los que se encuentra el de San Salvador, informó que a fecha viernes 20 de noviembre del presente año, presentó ante la Comisión Internacional contra la Corrupción en El Salvador (CICIES) denuncia contra las autoridades de la Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS), por presuntos actos de corrupción en el manejo de las finanzas públicas de la referida municipalidad.
Esas conductas ilícitas se han visto concretadas como resultado de la adquisición de un alto endeudamiento con el Sistema Financiero nacional, hasta por el plazo de 15 AÑOS, en los cuales la Alcaldía de San Salvador, ha cedido los ingresos municipales a sus financistas, en los que se han incluido como garantía de pago, las tasas municipales que fueron creadas exclusivamente para brindar servicios públicos que la municipalidad realiza de forma directa o por medio de terceros; y serían de acuerdo al apoderado legal de MIDES, las que han tenido una incidencia decisiva en el estado de insolvencia de pagos en que ha incurrido la Alcaldía con distintos proveedores de servicios, no solo para con MIDES, que provee la disposición final de la basura proveniente de la capital, sino también de los particulares que se encargan de la recolección y transporte de la basura, como también con la empresa que suministra combustible y otros contratistas de bienes e insumos esenciales para el desempeño de actividades, especialmente aquellos que requieren el debido manejo de bioseguridad en virtud de la Pandemia por COVID-19.
Para el abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, debe quedar claro que: “MIDES, no tiene agendas políticas, ni está generando acciones dirigidas de forma arbitraria contra el Alcalde Ernesto Muyshondt, a quien por el contrario, existe por parte de la empresa, una estima y el deseo que por el bien de los capitalinos se genere la mejor administración y gestión municipal, especialmente haciendo una trabajo eficiente de recolección y transporte de los desechos municipales, a los que se les da un adecuado tratamiento y disposición en el Relleno Sanitario de Nejapa” Declaraciones que surgen ante los últimos señalamientos por parte del Alcalde de San Salvador, que culpaba a MIDES, como causante de la crisis de basura, hecho del que se desmarca totalmente la empresa por medio de su vocero.
Para Miranda Rubio, la preocupación y exigencia por parte de MIDES, consiste en que la Alcaldía de San Salvador, termine por honrar el monto que le sigue adeudando, del cual confirma que recibieron un abono el día martes 17 de los corrientes, con el que se saldó el monto de US $270 mil Dólares, de los cheques que fueron librados sin fondos por parte de la municipalidad y por la que existe en curso una investigación penal contra el Tesorero Municipal Fernando Heriberto Portillo Linares, a quien se le acusó por los delitos de Estafa y Actos Arbitrarios.
Para el abogado, el problema es que MIDES, está operando financiariamente soportando la elevada deuda de la Alcaldía de San Salvador, que se incrementa en la medida que se siguen incumpliendo los pagos con las nuevas facturas de servicio. Esto a criterio del apoderado legal, no debiera ocurrir ya que San Salvador cuenta con una tasa que fue creada de forma exclusiva para cancelar por el servicio de disposición final de la basura y que según el Examen Especial de Corte de Cuentas, por ejemplo solamente en el periodo del 01 de agosto al 31 de diciembre de 2018, se recaudó en concepto de esta tasa municipal, la suma de US $ 16,468,648.72, y lo que debía pagarle a MIDES, por el servicio de disposición final de la basura por ese mismo periodo, era la cantidad de US $1,939,353.87. Por lo que de acuerdo al mismo estudio de la contraloría, no había razón alguna para que la municipalidad no pagara en tiempo las facturas adeudados, sin embargo, hasta la fecha vienen arrastrando esa deuda.
Según, el abogado MIDES, tomó la determinación de interponer la denuncia ante CICIES, ya que desde abril de 2019, se presentó ante la Fiscalía General de la Repúblia, una denuncia por el delito de Malversación contra las autoridades edilicias de San Salvador, que a la fecha no se han tenido conocimiento de los resultados de la investigación, al grado que hace dos semanas se pidió un pronto despacho, del que no se ha tenido ninguna respuesta.
De manera, que estamos seguros que a través de CICIES, se podrá finalmente hacer una revisión de las finanzas municipales y establecer la legalidad o no de haber comprometido las tasas municipales que han sido creados para fines distintos, en concreto para garantizar que se brinden servicios por los cuales los contribuyentes pagan mensualmente y que no es justo que se ejecuten con deficiencia. Sin embargo, a la fecha la Alcaldía de San Salvador ha titularizado entre octubre de 2018 y abril de 2020, para obtener créditos por la cantidad de US $ 82, 795,000.oo y por los que ha comprometido los ingresos municipales, que incluyen lo recaudado en concepto de tasa municipal que es exclusiva para la disposición final de la basura, por el plazo de 15 años y por la suma US $ 145,008,000.oo. Lo que compromete a futuro toda la administración municipal, independientemente si es reelecto el actual alcalde o se eligen nuevas autoridades. La denuncia ante CICIES, pretende que se verique si las autoridades municipales han incurrido en delitos tales como PECULADO, MALVERSACIÓN, ACTOS ARBITRARIOS y NEGOCIACIONES ILÍCITAS.
Finalmente, según el apoderado legal, deberá revisarse si en los contratos suscritos con las instituciones financieras son o no válidos, en virtud que la cesión de tasas municipales puede constituir objeto ilícito e implicar un enriquecimiento ilícito para las instituciones bancarias que se estén cobrando la deuda de la municipalidad a través de los montos recaudados de tasas que son exclusivas para servicios municipales.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a siete años de prisión a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del fallecido Catalino Miranda, tras encontrarlo responsable del delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
De acuerdo con los hechos acreditados en juicio, el 16 de mayo de 2019, Miranda Zepeda solicitó al Centro Nacional de Registros (CNR) el retiro de un documento de cancelación de mutuo hipotecario que no había sido inscrito, con el propósito de subsanar prevenciones señaladas por dicha institución; posteriormente, el documento fue presentado nuevamente por otra persona.
Sin embargo, la víctima no firmó dicha cancelación y la Sección del Notariado de la Corte Suprema de Justicia informó que el documento era inexistente; además, se estableció que el notario no se encontraba en el país en la fecha en que supuestamente fue suscrito.
Asimismo, el dolo se evidenció cuando el procesado, en su calidad de administrador único de ACOSTES de R. L., suscribió con la víctima una novación del contrato de mutuo con garantía prendaria sobre 78 unidades de buses. No obstante, posterior a la firma de la novación, esas mismas unidades fueron dadas como garantía ante otras instituciones financieras.
Los hechos se originaron en 2019, cuando la víctima otorgó un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y prendaria por $1,800,000 a favor de su padre Catalino Ezequiel Miranda Arteaga (ya fallecido) y de su tío José Braulio Miranda Arteaga, quienes en ese entonces eran los representantes de ACOSTES de R. L. y ACOSTES de El Salvador S. A. de C. V. Con el tiempo, los obligados dejaron de cumplir con los pagos.
Además, el tribunal condenó en abstracto la responsabilidad civil, a fin de que la víctima pueda ejercer su derecho en la vía correspondiente. Esto debido a que no se demostró el monto exacto del perjuicio, ya que la víctima concilió con uno de los imputados, José Braulio Miranda Arteaga.
Hamlet Rafael de Paz Escobar, conocido como “La Romina” recobrará su libertad luego de confesar los delitos de daños a una patrulla policial y hurto de una gorra de un agente, en enero de 2025. Hasta hoy, Romina está detenida en el penal de Jucuapa.
La audiencia se desarrolló de forma virtual, debido a que el imputado permanece en prisión mientras avanza el proceso judicial en su contra, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades.
De acuerdo con información judicial, el caso continúa en etapa de análisis, por lo que serán las instancias correspondientes las que determinen las responsabilidades del acusado conforme avance el procedimiento.
El aval a este tipo de proceso podría permitir una resolución más ágil del caso, siempre que se cumplan las condiciones legales requeridas, incluyendo la aceptación de los hechos por parte del imputado.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el avance específico del caso, aunque reiteraron que el proceso sigue activo.
Según el expediente fiscal, una patrulla de la PNC auxiliaba a una persona y habían dejado el vehículo estacionado; como a 15 metros aproximadamente estaba Romina, quien aprovechó que los agentes se alejaron para hurtar la gorra.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Romina el 23 de enero de 2025, cuando fue interceptada sobre el bulevar El Hipódromo, en el distrito de San Salvador.
Previo a su captura, la tiktoker subió un video en sus redes sociales donde aparentemente se encontraba a bordo de una patrulla policial, mostró una gorra de la PNC y activó la bocina del vehículo.
En agosto de 2024, la tiktoker fue acusada de robo y amenazas en contra de un conductor de aplicaciones.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que la segunda fase del proyecto de agua potable que se ejecuta en el distrito de Sacacoyo, en el municipio de La Libertad Oeste, lleva un 97 % de avance.
Para finalizar la obra en su totalidad, la DOM ejecuta los últimos detalles que consisten en la implementación de válvulas, cajas para filtrado de lodo y aire, pintura y acabados de la infraestructura.
De acuerdo con la institución, la segunda fase del proyecto comprende la construcción de una cisterna en la zona del pozo, instalación de una bomba sumergible, dos bombas más para rebombeo a una segunda cisterna y una subestación de suministro eléctrico.
Asimismo, incluye la instalación de tres bombas más de rebombeo en la cisterna intermedia para empujar el agua a través de la red de impelencia de más de 3.5 kilómetros, hasta el tanque principal de más 400 metros cúbicos -4 veces más en capacidad al sistema anterior- con su respectiva subestación eléctrica.
La DOM detalló que este proyecto está acompañado de una obra civil que consta de casetas para el control eléctrico y rebombeo, así como para vigilancia, sumado al muro perimetral con block y alambre navaja en la parte superior.
Este nuevo sistema de agua potable abastecerá a más de 1,800 habitantes del sector.
