Nacionales
Lunes se conocerá fallo contra exdirectores de Centros Penales acusados de administración fraudulenta
El Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador dará a conocer el próximo lunes a las 2:00 p.m. el fallo contra los exdirectores de Centros Penales, Rodil Hernández y Nelson Rauda, acusados por administración fraudulenta y actos arbitrarios.
El ministerio Público los señala de haber malversado $208 mil de las tiendas penitenciarias en pago de servicios de inteligencia.
“Nelson Rauda, mientras ejerció la dirección de dicha institución pagó un total de $87,154.50, mientras que Rodil Hernández canceló $121,238.79, También se emplearon para pagos de bonos, sobresueldos, viáticos, así como también lo utilizaron para dar préstamos personales a empleados de Centros Penales”, informó durante el proceso Arturo Cruz, fiscal del caso.
Nelson Rauda fungió como director de la institución del 7 de febrero 2012 al 10 de junio del 2013 mientras que Rodil Hernández del 11 de junio del 2013 al 31 de mayo de 2017.
La FGR ha solicitado 9 años de prisión para ambos exfuncionarios, 4 por actos arbitrarios y 5 por administración fraudulenta.
Por su parte, la defensa ha pedido que ambos sean sobreseídos, argumentando que no se logró comprobar la existencia de los delitos y que el gasto realizado de las tiendas institucionales era necesario para los servicios de inteligencia.
Además señalaron que este proceso es producto de presiones hechas por el exfiscal general, Douglas Meléndez.
“Saldremos victoriosos por dos razones, la primera que este caso es un resabio del exfiscal Menéndez, un fiscal que actuó con estas personas de forma mal intencionada, lo segundo, que es muy importante emitir un juicio de valor responsable cuando se conoce un expediente, pero hablar a la luz de información que fluye en la sociedad sin tener conocimiento claro es irresponsable”, expuso el pasado 26 de septiembre el abogado de los exfuncionarios, Manuel Chacón.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Héctor Antonio Zelaya Hernández, de 32 años, quien es acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, que iba a entregar a un pandillero, en San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo la inteligencia policial fue informada que en la colonia Esmeralda en el Barrio San Jacinto había un sujeto que se disponía a trasladar un arma de fuego a un integrante de una estructura criminal.
Aproximadamente las 9 de la noche, una patrulla policial intervino a Zelaya Hernández, quien ese momento paseaba un perro y quien al ver la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
«Intentó darse a la fuga, motivo por el que (los policías) decidieron intervenirlo mediante tácticas y técnicas de defensa personal. Al registrarlo, le encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, de la que no pudo presentar documentación que acreditara su legalidad», reza el expediente judicial.
También le encontraron una porción de marihuana. Durante ese procedimiento, según las investigaciones, una persona se acercó e informó que Zelaya Hernández la había amenazado de muerte debido a que no quiso acompañarlo a entregar el arma de fuego a un pandillero.
Durante la audiencia, el Tribunal determinó que existe abundante prueba para ser acusado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, amenazas con agravación especial y posesión y tenencia.
