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Jueza Edelmira Flores Orellana es denunciada en fiscalía y recusada por cometer graves ilegalidades
Retomado: La Noticia Sv
Este viernes 26 de noviembre, la defensa técnica de Enrique Rais, interpuso denuncia por Prevaricato en Fiscalia Recusación-objeción para que siga conociendo del caso- en el juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, Edelmira Violeta Flores Orellana, quien ya antes fue acusada de plagiar una resolución para afectar a Rais y vincularlo con una inexistente red de crimen organizado, hecho que fue desmentido por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo al abogado Carlos Miranda Rubio, del equipo de defensa legal de Rais, “esta decisión ha debido tomarse en virtud a que reiteradamente la Jueza Flores Orellana, está adoptando decisiones completamente parcializadas, pero las últimas son más que evidentes, porque ella quiere encontrar una culpabilidad sobre mi cliente, que al no existir busca crear una responsabilidad mediática contra el Sr. Rais y si en verdad queremos construir un verdadero estado de derecho, estas arbitrariedades no se pueden permitir y por ello la hemos denunciado, para que organismos como fiscalia pueda investigar”.
Dentro de las ilegalidades detectadas el abogado manifiesta que se encuentran las siguientes:
- Admisión como partes querellantes de forma extemporánea a los apoderados especiales de la supuesta víctima. (CUATRO AÑOS Y DOS MESES FUERA DE PLAZO) mas grave aun, el Juez Mario Osmin Miramontes siendo juez del octavo de iinstruccion lo declaró improcedente por extemporaneo, dicha solicitud negativa ya se encuentra firme por improcedente.
En el pasado, la Jueza Orellana Flores, fue denunciada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por plagiar una resolución; sin embargo, el Expresidente de la CSJ, Óscar Armando Pineda Navas, la protegió y a pesar de la evidencia que fue reconocida por otros juzgados donde llegó el caso, declaró no ha lugar, su investigacion. Según el abogado Miranda Rubio “La jueza porque no fue sancionada asume que no cometió esa gran arbitrariedad de copiar un fallo, mismo que tuvo repercusiones para el Sr. Enrique Rais y que solamente al haberse obtenido la resolución de Naciones Unidas, que declara que su persecución penal es ilegal y los sobreseimientos en Suiza que ratifican su inocencia, se ha podido superar esta situación a nivel internacional”.
Extracto de resolución del Juzgado Especializado de Instrucción “C” de San Salvador
en el que se confirma que la Jueza Edelmira Violeta Flores Orellana
plagió una resolución para perjudicar a Enrique Rais.
También, recordó el abogado defensor del señor Rais, que previamente cuando ya había sido recusada con amplia prueba de sus ilegalidades, la Jueza extrañamente insiste en seguir conociendo la causa, faltando a la ética y a la moral inclusive ninguneando resoluciones de Naciones Unidas reafirmando que para ella no son vinculantes y diciendo que EL Grupo de Trabajo de Detencion Arbitraria de Naciones Unidad, no conocen las leyes Salvadoreñas y pasa por alto los tratados y las convenciones firmadas por El Salvador. Por ese motivo considera que es necesario que se evalúen a fondo las posibles acciones ilegales en que está incurriendo la Jueza Flores Orellana, especialmente ante la denuncia por prevaricato que fue originalmente presentada en el mes de junio del presente año y que este día fue ampliada ante hechos que tienen toda la apariencia de corrupción en perjuicio de su cliente.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
