Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de una persona con quien compartían bebidas alcohólicas en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los responsables fueron identificados como Germán Majano y Rubis Misael Palma Escobar, quienes enfrentaron un proceso judicial por el crimen.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando se produjo una fuerte discusión. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, luego de que ambos hombres se abalanzaran sobre su acompañante y lo inmovilizaran, impidiéndole defenderse.

La Fiscalía estableció que, durante el ataque, los agresores utilizaron una piedra para golpear repetidamente a la víctima, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar con la intención de evitar su captura. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y posteriormente fueron detenidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.

El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 35 años de cárcel a los responsables, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio. Con esta resolución, la Fiscalía logró una sentencia condenatoria por el homicidio ocurrido en Chiltiupán, cerrando una etapa del proceso judicial relacionado con este hecho de violencia.

El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas presentadas en un proceso judicial que busca transferir al Estado varios bienes vinculados al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González. La Fiscalía General de la República (FGR) pretende demostrar que las propiedades y vehículos investigados están relacionados con presuntas actividades ilícitas cometidas durante la administración del exfuncionario, quien dirigió la institución entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.

De acuerdo con la información del proceso, la acción de extinción de dominio comprende seis inmuebles y 11 vehículos relacionados con ocho personas afectadas. Entre las propiedades señaladas figuran dos inmuebles ubicados en La Libertad y un automóvil Chevrolet registrados a nombre de Martínez. La investigación también incluye otros cuatro inmuebles situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de diferentes marcas, entre ellos tres BMW y dos Porsche, algunos vinculados a exfuncionarios de la Fiscalía.

La FGR sostiene que los bienes podrían tener relación con delitos como lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la utilización de recursos de procedencia irregular. Según las investigaciones, durante la gestión de Martínez habría funcionado una presunta estructura de corrupción integrada por funcionarios y particulares que supuestamente participaron en operaciones para ocultar el origen de determinados bienes. Las indagaciones también señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes de decomisos, gastos institucionales y beneficios recibidos de terceros.

La admisión de las pruebas representa un avance en el proceso, pero no significa que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Será durante la audiencia de sentencia cuando el tribunal valore los elementos presentados por las partes y determine si procede la extinción de dominio. La resolución establecerá el destino de las propiedades y vehículos investigados, en un expediente relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas a la administración del exfiscal general.