Judicial
Tribunal ordena a Roberto d´Aubuisson pagar retenciones laborales que realizó a trabajadores
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó de forma definitiva al alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, a quien le ordena pagar en su totalidad las cuotas laborales que retuvo de forma ilegal desde el 2017 y que corresponden a SITRAMSAT.
El anuncio lo hizo este viernes el ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, quien ha seguido de cerca el proceso como querellante, tanto en tribunales, como interponiendo avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
“El día de ayer el alcalde Roberto d’Aubuisson y su concejo fue derrotado en el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla y obligado a pagar parte de lo que él no quería hacerlo. Ayer triunfó la justicia y fue derrotado, su corrupción y el despacho jurídico Argueta abogados”, escribió Castro en su cuenta de Twitter.
Investigaciones fiscales establecieron que la Alcaldía de Santa Tecla por instrucción de d’Aubuisson retuvo de manera ilegal cuotas sindicales por más de $24,000 desde octubre de 2017, lo que se ha incrementado en fechas posteriores.
La FGR estableció que dichas cuotas debían entregarse a la junta directiva del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (SITRAMSAT), y se le instruyó que de no hacerlo estaría contrariando la ley.
“Sin escrúpulos que defienden a delincuentes por sobre la ley y la justicia a cambio de dinero. Felicidades a los trabajadores por ese logro y victoria contundente, siguen más procesos y hay que sentar precedente en nuestro país contra los corruptos”, celebro Rolando Castro.
Inicialmente la Fiscalía pidió que el alcalde Roberto d´Abuisson fuera sobreseído del delito, pero los tribunales dieron constantes reveses que terminó llevando a condena para el alcalde del partido ARENA.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
