Judicial
Tribunal afirma que testigos de Fiscalía cometieron falso testimonio en caso del exalcalde de Apopa, Elías Hernández bajo la gestión del exfiscal Douglas Meléndez
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador determinó que los testigos que utilizó la Fiscalía General de la República para acusar al ex alcalde de Apopa, José Elías Hernández Hernández, de formar parte de una agrupación ilícita, cometieron el delito de Falso Testimonio.
Los testigos clave “Tanque”, “Ninja” y “Triple X” (a quienes el Ministerio Público les otorgó criterio de oportunidad) alteraron información y tergiversaron los hechos para incriminar al exalcalde de Apopa, señaló el juez especializado. Luego de constatar que los testimonios adolecían de “mentiras y falsedades” según el documento, en la Sentencia Definitiva que emitió el juzgador, ordenó a la Fiscalía que abriera expediente e investigara a sus propios testigos por la comisión del delito de Falso Testimonio.
Además, el Juez reprochó el trabajo realizado por la institución fiscal, estableciendo que por la premura en tramitar los casos “se olvida de su rol de garante de la legalidad, promoviendo acusaciones infundadas con información que proporcionan testigos, respecto de quienes no se cerciora previamente que digan la verdad”.
La Cámara Especializada de lo Penal —con sede en Santa Tecla— al conocer del caso en apelación confirmó que la decisión del Juez Especializado de Sentencia se encontraba conforme a Derecho, porque al valorar los testimonios los magistrados también evidenciaron contradicciones en las versiones de los testigos y, además, se comprobó que incluso los testigos de Fiscalía no habían presenciado los hechos que declararon.
El artículo 305 del Código Penal regula el delito de Falso Testimonio, sancionando con prisión de dos a cinco años a los testigos que afirman falsedades o mienten ante autoridad judicial, sobre hechos o circunstancias respecto de los cuales son interrogados.
Los abogados defensores del exalcalde Elías Hernández solicitaron al Juzgado Especializado de Sentencia que se exigiera a la Fiscalía informar sobre si se ha abierto o no expediente de investigación en contra de los testigos clave “Tanque”, “Ninja” y “Triple X”, en razón de que el Ministerio Público pretende utilizar los mismos testigos falsos en un nuevo juicio. El Juzgado aclaró a los defensores que dicha entidad judicial cumplió con su deber legal de informar a Fiscalía sobre la comisión del delito de Falso Testimonio, y que no tiene competencia para darle seguimiento al proceso de investigación que debió iniciar el ente Fiscal.
Además, los abogados aseguraron que la orden judicial de abrir expediente de investigación a los testigos clave “Tanque”, “Ninja” y “Triple X” se le dio a la Fiscalía que en ese momento era administrada por Douglas Meléndez, por lo que al no haber acatado la orden del Juez, el extitular del Ministerio Público pudo haber incurrido en el delito de Omisión de Investigación.
Por: El Salvador Times.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
