Judicial
Pandilleros son sentenciados a 15 años de cárcel por extorsionar a una víctima con $500 a cambio de no atentar contra su vida
Un grupo de pandilleros fueron encontrados culpables por el delito de extorsión en perjuicio de una víctima a la que le exigían 500 dólares en base a amenazas de muerte.
Por este caso, registrado en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, se condenó a 8 miembros de la MS13 a pasar 15 años en prisión, explicaron fuentes de la Fiscalía.
De acuerdo con reportes oficiales, el hecho delincuencial ocurrió en de diciembre de 2016.
Según la declaración de la víctima, le salieron al paso los sujetos que le manifestaron que tenía que colaborar con $500, si quería trabajar tranquilo en esa zona.
Los sujetos afirmaron que la «feria» la querían en ese momento, y si no la entregaba lo iban a “reventar”, por lo que la víctima les dijo que les podía colaborar pero no con esa cantidad, los sujetos los rodearon, uno de ellos le puso una arma en la cabeza.
Ante esa situación, tuvo que entregar el dinero exigido. Los tipos también le advirtieron que no fuera a la policía ya que si lo hacían lo iban a matar.
Tras recibir la denuncia, las autoridades comenzaron las investigaciones que terminaron en la captura de esta estructura.
El jefe de la oficina Fiscal de Chalatenango Andrés Amaya, dijo que los ocho imputados fueron capturados con orden de detención administrativa girada por la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de esta sede fiscal, el 28 de agosto de 2017.
Los Pandilleros fueron identificados como: Noé Antonio Morán Chávez, alias “Yute, Chuleo Chute”, de 32 años; Rosa Esperanza Recinos Valle, alias “Marimacha”, de 33 años; José Antonio Tejada Inglés, alias “Guasón”, de 35 años; y José Enemías Tejada Crisóstomo o José Jeremías Crisorto, alias “Cantor”, de 30 años.
A estos le acompañan Rosa Amelia Mejia Deras, alias “Mamá del Sangriento”, de 50 años; Juan Carlos Oliva o Juan Carlos Oliva Abrego, alias “Pirulo”; Gabriel de Jesús Contreras Calderón, alias “Tilinte”, y José Manuel Mojica Castañeda, alias “Pululo o Chimbolo”.
El 21 de diciembre 2016, la víctima identificada con la clave “Armando” denunció que había sido víctima de extorsión de parte de sujetos de la Mara Salvatrucha, que operan en la jurisdicción de Nueva Concepción, Chalatenango.
Durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Segundo de Sentencia de Chalatenango, la Fiscalía presentó un álbum fotográfico, declaración de la víctima protegida, del testigo presencial y las declaraciones de los investigadores del caso.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
