Judicial
Pandilleros son sentenciados a 15 años de cárcel por extorsionar a una víctima con $500 a cambio de no atentar contra su vida
Un grupo de pandilleros fueron encontrados culpables por el delito de extorsión en perjuicio de una víctima a la que le exigían 500 dólares en base a amenazas de muerte.
Por este caso, registrado en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, se condenó a 8 miembros de la MS13 a pasar 15 años en prisión, explicaron fuentes de la Fiscalía.
De acuerdo con reportes oficiales, el hecho delincuencial ocurrió en de diciembre de 2016.
Según la declaración de la víctima, le salieron al paso los sujetos que le manifestaron que tenía que colaborar con $500, si quería trabajar tranquilo en esa zona.
Los sujetos afirmaron que la «feria» la querían en ese momento, y si no la entregaba lo iban a “reventar”, por lo que la víctima les dijo que les podía colaborar pero no con esa cantidad, los sujetos los rodearon, uno de ellos le puso una arma en la cabeza.
Ante esa situación, tuvo que entregar el dinero exigido. Los tipos también le advirtieron que no fuera a la policía ya que si lo hacían lo iban a matar.
Tras recibir la denuncia, las autoridades comenzaron las investigaciones que terminaron en la captura de esta estructura.
El jefe de la oficina Fiscal de Chalatenango Andrés Amaya, dijo que los ocho imputados fueron capturados con orden de detención administrativa girada por la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de esta sede fiscal, el 28 de agosto de 2017.
Los Pandilleros fueron identificados como: Noé Antonio Morán Chávez, alias “Yute, Chuleo Chute”, de 32 años; Rosa Esperanza Recinos Valle, alias “Marimacha”, de 33 años; José Antonio Tejada Inglés, alias “Guasón”, de 35 años; y José Enemías Tejada Crisóstomo o José Jeremías Crisorto, alias “Cantor”, de 30 años.
A estos le acompañan Rosa Amelia Mejia Deras, alias “Mamá del Sangriento”, de 50 años; Juan Carlos Oliva o Juan Carlos Oliva Abrego, alias “Pirulo”; Gabriel de Jesús Contreras Calderón, alias “Tilinte”, y José Manuel Mojica Castañeda, alias “Pululo o Chimbolo”.
El 21 de diciembre 2016, la víctima identificada con la clave “Armando” denunció que había sido víctima de extorsión de parte de sujetos de la Mara Salvatrucha, que operan en la jurisdicción de Nueva Concepción, Chalatenango.
Durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Segundo de Sentencia de Chalatenango, la Fiscalía presentó un álbum fotográfico, declaración de la víctima protegida, del testigo presencial y las declaraciones de los investigadores del caso.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
