Judicial
Pandillero condenado a cuatro años de cárcel por Limitación ilegal a la Libertad de Circulación
La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de San Salvador, logró que un tribunal declarara culpable a un miembro de estructura terrorista acusado del delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, en perjuicio de una víctima; hecho ocurrido el 13 de junio de 2021, al interior del parque Divino Salvador del Mundo, de esta capital.
El imputado identificado Juan Diego Ayala Castro, de 37 años, fue llevado a la audiencia de vista pública, ante el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador, donde después del desfile probatorio expuesto por el Fiscal del caso, de tipo pericial, documental, además del testimonio de la víctimas; el Tribunal lo encontró culpable, dictando una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión, por Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, delito previsto y sancionado en el artículo 152-A Código Penal.
En el expediente fiscal consta que, el 13 de junio de 2021, la víctima se encontraba departiendo y jugando con sus hijos en el parque del Divino Salvador del Mundo, en momentos que se le acercó un sujeto con apariencia de pandillero y le preguntó “hey que mara controla aquí y vos de que pandilla sos”, por el simple hecho que la víctima tenía un tatuaje artístico en el brazo. A lo que le la víctima replico “de ninguna”, que ahí habían gente normal, procediendo el imputado a expresar “A pues aquí controla la mara, así que si no le das, voy a tener que limpiar el lugar, así que vayan dándole”, refiriéndose que se tenían que retirar del lugar o si no lo iba a matar, sacando un arma blanca tipo cuchillo y le empezó a hacer señas alusivas a pandillas.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
