Judicial
Pandillero condenado a cuatro años de cárcel por Limitación ilegal a la Libertad de Circulación
La Fiscalía, a través de la Unidad de Delitos Contra la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de San Salvador, logró que un tribunal declarara culpable a un miembro de estructura terrorista acusado del delito de Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, en perjuicio de una víctima; hecho ocurrido el 13 de junio de 2021, al interior del parque Divino Salvador del Mundo, de esta capital.
El imputado identificado Juan Diego Ayala Castro, de 37 años, fue llevado a la audiencia de vista pública, ante el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador, donde después del desfile probatorio expuesto por el Fiscal del caso, de tipo pericial, documental, además del testimonio de la víctimas; el Tribunal lo encontró culpable, dictando una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión, por Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación, delito previsto y sancionado en el artículo 152-A Código Penal.
En el expediente fiscal consta que, el 13 de junio de 2021, la víctima se encontraba departiendo y jugando con sus hijos en el parque del Divino Salvador del Mundo, en momentos que se le acercó un sujeto con apariencia de pandillero y le preguntó “hey que mara controla aquí y vos de que pandilla sos”, por el simple hecho que la víctima tenía un tatuaje artístico en el brazo. A lo que le la víctima replico “de ninguna”, que ahí habían gente normal, procediendo el imputado a expresar “A pues aquí controla la mara, así que si no le das, voy a tener que limpiar el lugar, así que vayan dándole”, refiriéndose que se tenían que retirar del lugar o si no lo iba a matar, sacando un arma blanca tipo cuchillo y le empezó a hacer señas alusivas a pandillas.
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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
