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Ordenan captura para abogada ex fiscal a quien se le acusa de cometer varios delitos relacionados a la falsedad de documentos

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La Fiscalía General de la Republica (FGR) ordenó la captura de Ana Mercedes López Anaya, a quien se le acusa de cometer varios delitos relacionados a la falsedad de documentos.

Según las investigaciones, la mujer es abogada de profesión y exfiscal; además, esta no sería la primera que la fémina es capturada por este y otros delitos.

El procedimiento de captura se efectuó en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC) en horas de la mañana de este martes, al interior de la ex Plaza Mariachi, sobre el bulevar Tutunichapa, en las cercanías de SERTRACEN en San Salvador.

Paralelo al procedimiento de captura sobre López Anaya, las autoridades procedieron con el registro de al menos 10 locales del mencionado establecimiento, donde funcionan diferentes tramitadoras de vehículos.

La ahora detenida enfrentara a la justicia por los delitos de falsedad material e ideológica y de comprobarse su culpabilidad podría purgar una pena de entre tres y seis años, además de la inhabilitación de su cargo, según lo establecido en el artículo 284 -85 del código penal.

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FGR logra condena de hasta 112 años de prisión para estructura de la 18 en Cuscatlán

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El Juzgado Especializado de Sentencia “A” de esta capital valoró casi en su totalidad la versión del testigo criteriado aportado por la representación fiscal, y estableció que lo vertido por esta figura junto a otras pruebas aportadas durante el proceso, eran suficientes para condenar a una estructura de 12 integrantes de mara 18 sureños que operaba en la ciudad de Cojutepeque a cuyos integrantes impuso penas carcelarias de hasta 112 años de prisión.

Las muertes de un activista de un partido político, de un miembro del CAM, así como un atentado en contra de una caseta de la PNC son parte de los hechos punibles que estos sujetos cometieron durante el tiempo que delinquieron en esa zona.

En total los 12 imputados enfrentaron el juicio bajo los delitos de Homicidio Agravado y homicidio agravado tentado, siendo estos nueve en su totalidad.

El jefe de la Unida de Vida de la oficina de Cojutepeque externo su complacencia con la resolución, debido a que se constituye en un fuerte golpe a las pandillas, en este caso a los 18 sureños, principalmente en la coyuntura actual en donde se libra una dura batalla en contra de estos grupos delincuenciales a nivel nacional.

«Sin duda este es un fuerte golpe que como Fiscalía le estamos dando a estos grupos criminales y en cierta forma una respuesta a las familias de las víctimas, que pedían justicia terrenal para los sujetos que les robaron las vidas de sus familiares», dijo.

Dentro de las condenas más ejemplarizantes y amplias que impuso el Juez Especializado están la de Edwin Geovany Laínez Abarca condenado a 112 años de prisión.

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Además, José Ronald Hernández Hernández, 87 años de prisión; Manuel de Jesús Portillo, 75 años de cárcel, Salomón Eliazar Moreno, condenado a 50 años de prisión. El resto obtuvo penas de 25, 12 y 10 años de prisión.

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Juzgado Especializado condena a pandilleros con penas entre los 20 y 130 años de cárcel

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El Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel dictaminó la condena a prisión impuesta a 55 pandilleros que operaban y delinquían en el occidente del país.

Los delincuentes recibieron penas que oscilan entre los 20 y 130 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado tentado y agrupaciones ilícitas.

De acuerdo con Centros Judiciales, Álvaro Misael Soriano Granados es el pandillero que recibió la mayor condena, siendo esta de 130 años de cárcel.

Estos sujetos cometieron la multiplicidad de estos hechos entre los años 2012 y 2015, en Usulután, y fueron capturados en el año 2020.

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Sujeto contactó a pandilleros para que acabaran con la vida de una persona con régimen de protección

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El Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador, ordenó apertura a juicio contra Víctor Manuel A., acusado de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado en perjuicio de una víctima con régimen de protección.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), en septiembre del año 2020 el imputado contactó a miembros de estructuras criminales y les propuso que acabaran con la vida de una persona. Para tal fin, el imputado les ofreció dinero y les proporcionó toda la información de la víctima.

La juzgadora admitió todas las pruebas, incluyendo los relatos de testigos con régimen de protección y ratificó la detención provisional contra el imputado.

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