Judicial
Gánsteres, políticos y una Fiscalía sumida en corrupción y proteccionismo, de espaldas al pueblo
«El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice» Sigmund Freud.
Con el anterior adagio, hacemos referencia a las promesas del Fiscal General de la República, Raúl Melara, quien recién tomó posesión de su cargo y aseguró que pondría fin a las arbitrariedades de la institución a la que «honorablemente» representa (FGR) y que pondría fin a las injusticias e ilegalidades cometidas por su antecesor, el nefasto exfiscal Douglas Meléndez , y un grupo de “manzanas podridas” a las que ofreció expulsar de la Fiscalía, de eso, hace ya un año, y todavía no vemos que eso ocurra.
Prueba de lo anterior, son los dos fallos judiciales en las últimas semanas, cada caso con sus particularidades, que han producido alarma y, por qué no decirlo, gran trascendencia para el sistema judicial de nuestro país.
El primero es el caso de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR) bautizado por Douglas Meléndez como “Caso Corruptela”, una vulgar patraña construida por éste, en compañía de auxiliares que han sido denunciados desde hace más de tres años por “fabricar pruebas” y “montar” procesos, sin que hasta la fecha se les haga pagar por sus delitos dada la autoprotección que existe en la FGR.
Dicho caso se ventiló en el Juzgado Séptimo de Paz, después que los testigos criteriados renunciaron a esa calidad y de haber denunciado al ex fiscal Douglas Meléndez, junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz, y los fiscales auxiliares que llevaban el caso, Neftatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Segura Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández por haber obligado a firmar declaraciones falsas para armar el caso en mención, contra el empresario Enrique Rais y más de una veintena de personas en el mismo caso.
La jueza 7º. de Paz impartió justicia al decretar un sobreseimieno definitivo a favor de los empleados de la Fiscalía General de la República (FGR), que han sido víctimas de persecución desde los tiempos de Douglas Meléndez y que continuó el actual fiscal Raúl Melara, tratatando de incriminarlos con pruebas fabricadas y sometiéndolos con métodos tortuosos.
El segundo fallo se dio el día viernes 13 de diciembre del presente año. El juez Especializado de Sentencia A de San Salvador, Godofredo Salazar, señaló, como parte de su lectura del fallo contra los 426 pandilleros, acusados de homicidios, extorsiones, lavado de dinero y tráfico de drogas, que políticos y exfuncionarios cometieron delitos vinculados con el caso conocido como “Operación Cuscatlán”, pero que no fueron acusados por la Fiscalía.
El juez le dijo a la FGR que debe incluir en las investigaciones al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto; al alcalde de San Salvador, a Ernesto Muyshondt; a Arístides Valencia, exministro de Gobernación, a Ernesto Angulo, exdiputado de ARENA, y a Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa; entre otros.
«En este país entonces tenemos dos tipos de gánster: los gánsteres pandilleros y los gánsteres políticos», expresó el juez Salazar. A estas declaraciones, podemos añadir que existe un “Concentidor”, que en este caso es la Fiscalía General de la República, ya que parcializó la investigación para favorecer claramente a los políticos. Todo esto ocurrió con la venia del exfiscal Meléndez y la actual administración de Raúl Melara.
Hoy sabemos que el exfiscal Douglas Meléndez tuvo pleno conocimiento de las reuniones de los políticos con pandilleros para verse favorecido en distintos eventos electorales, tal como se reveló en el caso “Operación Cusctlán”, por medio del testimonio del criteriado “Noe”, videos y audios que desde el inicio de dichas investigaciones que estaban en poder de la Fiscalía General de la República ordenó judicializar la investigación, con claras omisiones, incumplimiento de deberes, fraude procesal, falsedades por parte del mismo Meléndez, Guadalupe Quintanilla, Exjefe Unidad Antipandillas, Will Walter Ruiz, exjefe Unidad de Crimen Organizado, entre otros.
¿Qué tienen en común estos dos trancendentales fallos que han puesto a prueba el Sistema de Justicia salvadoreño?
Primero, ambos son casos manipulados al antojo y voluntad de Douglas Meléndez y su equipo de colaboradores más cercanos para favorecer a unos y arremeter, dañar y destruir, utilizando la institución encargada de velar por la seguridad jurídica y aplicaciónd e la Ley de todo un país, de esta forma cometiendo una serie de delitos.
Segundo, a pesar de que han sido señaladas tantas arbitrariedades, manipulación de investigaciones dentro la Fiscalía General de la República encabezada por Douglas Meléndez, aún existiendo denuncias formales en contra del mismo y su equipo, Raúl Melara, actual, Fiscal de la República, sigue indiferente ante todos los hechos señalados renueste a abrir una investigación y sentar en el banquillo de los acusados a Douglas Meléndez y su equipo. No hacerlo podría traer implicaciones graves, sería cometer de nuevo las mismas arbitrariedades y omisiones que sus antecesores.
CICIES
“Ya se firmó un acuerdo de colaboración técnica, no se saben los alcances con la CICIES, la OEA y Fiscalía General de la República.
Ahora bien, la pregunta es: ¿la CICIES va a retomar estos casos?, porque tal como lo dijo el abogado defensor del caso, qué aun sabiendo del caso de los exfiscales que han sido sometidos a torturas por parte del mismo Fiscal Raúl Melara y que éste los ha procesado sabiendo que habían sido víctimas del anterior fiscal (Douglas Meléndez) por protegerse a sí mismos, y conociendo todos estos atropellos los ha sometido a un vejamen mayor.
Esto ya es un tema de CICIES porque la fiscalía no está actuando.
La CICIES estaría procesando a Raúl Melera por no actuar, cayendo en los delitos de omisión de la investigación, por incumplimiento de sus deberes como Fiscal General, al no procesar a los políticos señalados (Douglas Meléndez y sus más cercanos colaboradores), por los casos que él montó fraudulentamente, todo por buscar la reelección al frente de la Fiscalía, dañando la imagen de los funcionarios de la misma institución que nunca intervinieron en actos de ninguna naturaleza.
Inclusive, al señor Enrique Rais, nunca se le encontró de haber dado dádivas a nadie de ninguna naturaleza.
Información brindada por Diario Latrino.
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Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
Judicial
Capturan a joven de 20 años en Acajutla por amenazar a su propia madre: ella misma lo denunció
Carlos Mauricio Durán Flores, de 20 años, fue capturado este sábado en Acajutla, Sonsonate Oeste, acusado de amenazar a su madre. La detención se produjo luego de que la propia mujer llamara a la Policía Nacional Civil para denunciar a su hijo.
Según la información disponible, el joven habría realizado amenazas durante una llamada telefónica. La madre manifestó a las autoridades que no se trataba de la primera ocasión en que enfrentaba agresiones y maltrato por parte de su hijo.
Los agentes de la PNC localizaron a Durán Flores en la calle principal del barrio La Playa, en Acajutla, y procedieron a su captura. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se continúe con el proceso legal.
El caso se da en el marco de las denuncias por violencia intrafamiliar que las autoridades atienden de forma prioritaria. La madre de la víctima decidió interponer la denuncia para frenar las amenazas que venía recibiendo.
Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el contenido exacto de las amenazas ni sobre el historial previo de incidentes entre ambos.
Judicial
Envían a prisión a hombre de 44 años por rociar kerosene a su pareja con intención de quemarla en Santa Ana
Un hombre identificado solo por las iniciales A. V. C. M., de 44 años, fue enviado a prisión provisional por el Juzgado de lo Criminal de Santa Ana, acusado del delito de feminicidio agravado imperfecto o tentado en perjuicio de su pareja sentimental.
Según la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2026 en una colonia ubicada al noroeste del distrito de Santa Ana. La mujer sufría violencia en la relación y, cuando intentó abandonar la vivienda que compartían, el imputado le roció kerosene sobre la ropa y el maletín que llevaba, presuntamente con la intención de prenderle fuego.
La víctima logró escapar con ayuda de vecinos del sector e interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil, que capturó al hombre en flagrancia. El kerosene es un líquido inflamable derivado del petróleo, comúnmente usado como combustible.
El Juzgado decretó instrucción formal con detención provisional y otorgó un plazo de siete meses para la etapa de investigación. Durante este período se continuarán las diligencias correspondientes.
El caso se enmarca en las acciones judiciales contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en grado de tentativa, delitos que las autoridades han priorizado en los últimos años.
