Judicial
Mujer enfrenta proceso judicial por golpear a su rival y amenazarla con “quitarle el marido” en Soyapango
En el Juzgado 3° de Paz de Soyapango está siendo acusada Ruth Patricia Torres García por el delito de lesiones en perjuicio de una mujer.
El hecho ocurrió a eso de las 2:30 de la tarde del jueves 3 de noviembre de 2020.
El requerimiento que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el juez detalla que la víctima estaba celebrando el cumpleaños de una de sus amigas en un restaurante de la urbanización Sierra Morena.
“Olivia”, nombre cambiado por protección, salió un momento del restaurante a comprar algo a un lugar cercano y cuando caminaba por los pasajes 2 y 3 de la referida urbanización fue interceptada por la presunta agresora.
La imputada se encontraba departiendo con el compañero de vida de “Olivia” y la amenazó con “quitarle el marido”, esto antes de tomarla del cabello con violencia y lanzarla al suelo donde, supuestamente, la atacó a golpes en la espalda y rostro.
La mujer fue auxiliada y llevada a un centro asistencial donde la recuperación de sus heridas le provocaron una incapacidad médica de entre cinco y siete días, por lo que decidió interponer la denuncia contra la supuesta agresora.
En la audiencia en el Juzgado 3° de Paz la afectada dijo que quería conciliar, pero para que eso sucediera la agresora le tenía que pagar $500 en concepto de gastos médicos, daños y que retirara una denuncia en su contra que Ruth Patricia había interpuesto previamente.
Las partes no lograron un acuerdo, por lo que el juez decidió enviar el caso a la siguiente etapa decretándole instrucción formal con medidas alternas a la detención.
El caso ha pasado a la siguiente etapa únicamente por el delito de lesiones ya que el otro, el de amenazas, fue desestimado.
A 42 años y ocho meses de cárcel fue condenado José Alfredo Rodríguez Avilés por haber violado a una niña de nueve años en Santa Ana.
La víctima vivía con el hermano menor, la madre y Rodríguez Avilés, quien comenzó a agredirla sexualmente coaccionando a la menor para poder realizarle tocamientos y otras agresiones. Los hechos ocurrieron desde el año 2004 hasta 2006.
Al poco tiempo inició a abusarla sexualmente y pese a que la niña denunció estas acciones con su madre, no le creyó, informó la Fiscalía.
Fue en 2008 cuando las autoridades fueron alertadas por esta situación y sustrajeron a la menor de la vivienda.
El violador fue denunciado, pero huyó del país. «Fue hasta el año 2021 que fue localizado por la INTERPOL y posteriormente entregado a las autoridades salvadoreñas», explicó el ministerio público.
Elías Elíseo González Escobar, reo ausente, fue condenado a 16 años de prisión por haber extorsionado a un comerciante de Dulce Nombre de María en Chalatenango Centro.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, González y otros hombres identificados como pandilleros de la MS extorsionaron al comerciante desde junio hasta agosto del 2018.
«En ese lapso de tiempo los delincuentes le exigieron en nombre de la pandilla varias cantidades de dinero de manera mensual, asimismo, lo amenazaron manifestándole que si no cumplía con el pago lo matarían junto a su familia», informó el ministerio público.
La víctima denunció el caso y luego, por medio de entregas controladas de dinero, González y el resto de pandilleros fueron capturados.
La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.
Centros Judiciales El Salvador informó que Claudia Margarita Juárez, integrante de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13, fue condenada a 245 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según el reporte, Juárez cobraba extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en La Paz Este.
Asimismo, Manuel Antonio Martínez Mena, alias “Yegua”, también miembro de la misma estructura, recibió una condena de 240 años de cárcel por extorsión agravada.
De acuerdo con CJES, el tribunal acreditó 24 casos de extorsión cometidos entre 2018 y 2019, en los que las víctimas entregaron dinero bajo amenazas.
