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Judicial

Juzgado ordena detención para expresidente Cristiani y para el coronel Inocente Montano por el caso Jesuitas

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El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó esta tarde la detención para el expresidente de la República Alfredo Félix Cristiani Burkard, acusado de comisión por omisión en el delito de asesinato, en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.

«Este tribunal se va encargar de hacer las gestiones para girar la orden de captura», dijo el juez al momento de emitir su resolución, la decisión fue tomada porque el exmandatario no acudió al llamado para ser notificado del caso y tampoco mandó un abogado que lo representara, con esa acción demostró que no está dispuesto a someterse al proceso y la única manera de hacerlo comparecer es capturándolo.

El juzgado gestionará con la Policía Internacional (Interpol) la orden de captura y que se emita una difusión roja con miras a localizarlo y luego seguir un proceso de extradición.

El juez también decidió girar orden de captura para el exdiputado Rodolfo Parker, por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal, se valoró la negativa que ha tenido para acudir al llamado judicial, no basta con enviar a un defensor, pues eso no garantiza que vaya someterse a la causa penal.

También se ha girado orden de captura contra los coroneles retirados Inocente Orlando Montano Morales [preso en España], Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Nelson Iván López López y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.

Han quedado con medidas alternas a la detención, el general Juan Rafael Bustillo Toledo, señalado de asesinato actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado, el juez dijo que por sus 77 años y haber mostrado siempre voluntad de enfrentar el proceso, le otorgó ese beneficio, deberá presentarse a firmar cada 15 días, no cambiar de domicilio y no salir del país.

Las mismas medidas fueron otorgadas al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, quien también se presentó a enfrentar la audiencia por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal.

A los generales Juan Orlando Zepeda, de 77 años también se le otorgó medidas alternas por su edad y problemas de salud, Rafael Humberto Larios ha quedado sin ninguna medida por escasez de prueba en su contra y el teniente coronel Óscar Alberto León Linares, también gozará de medidas por problemas de salud ya que está operado de sus ojos.

Por haber fallecido, el general René Emilio Ponce y el coronel Francisco Elena Fuentes, fueron exonerados de forma definitiva.

El juzgado mantiene todos los delitos y no accedió a modificarlos, a excepción de hurto calificado por el cual decretó sobreseimiento definitivo para los militares procesados por ese ilícito, la Fiscalía los acusa de haberle hurtado dos maletines a los jesuitas los cuales contenían $5,000 y fotografías.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI

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La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a Kenia Lisbeth Medrano Hernández, de 26 años, en una calle rumbo al distrito de Sesori, en San Miguel Norte. La mujer tenía orden de captura vigente por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. Las autoridades confirmaron que pertenece a la pandilla MS13 y la remitirán al juzgado correspondiente.
La identificación se realizó mediante el sistema ONI, una plataforma tecnológica instalada en los dispositivos móviles de los agentes. Esta herramienta permite consultar en tiempo real bases de datos de antecedentes, órdenes de captura y afiliaciones pandilleriles, además de escanear documentos y generar alertas con apoyo de inteligencia artificial. Forma parte de la fase de modernización del Plan Control Territorial.
El operativo se enmarca en la estrategia de seguridad iniciada en 2019, que ha reducido de forma notable la violencia en el país mediante control territorial, uso de tecnología y acciones sostenidas contra estructuras como la MS13. San Miguel, zona oriental con histórica presencia de esta pandilla, registra en 2026 múltiples condenas masivas a sus miembros por extorsión, homicidios y otros delitos, incluidos casos en Sesori y alrededores.
La detenida será puesta a disposición judicial para enfrentar los cargos. Este tipo de capturas continúa formando parte del esfuerzo por desarticular las redes de extorsión que durante años afectaron a comunidades del oriente salvadoreño.
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Juzgado ordena devolver $60 mil a acusado de estafa con falso negocio de camión de basura en El Salvador

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Una víctima entregó $60,000 a Moisés Ernesto U. con la promesa de invertir en un camión recolector de basura que generaría $2,500 mensuales. El acusado se presentó como abogado de una oficina consular, lo que reforzó la confianza inicial. Tras recibir el dinero, realizó pagos irregulares, justificó retrasos con supuestos desperfectos mecánicos del vehículo y luego cortó toda comunicación, dejando a la víctima sin el camión ni el capital invertido.
El caso llegó a un juzgado, que autorizó una conciliación en lugar de un juicio pleno. Esta salida es habitual en El Salvador para el delito de estafa cuando las partes acuerdan la reparación del daño, lo que evitó una condena penal inmediata y priorizó la recuperación económica. El procesado debe entregar $20,000 de inmediato y completar el resto con cuotas de $1,600 durante 22 meses, lo que suma el monto total reclamado.
Este tipo de fraudes con promesas de vehículos o negocios de recolección de desechos se ha repetido en el país, a menudo con argumentos de importación, reparación o rendimientos fijos. La modalidad aprovecha la necesidad de ingresos extra y la aparente formalidad de quien se presenta con un cargo profesional. La conciliación cierra el proceso penal si se cumplen los pagos, pero deja pendiente el cumplimiento efectivo de las cuotas.
Las autoridades suelen recomendar verificar identidad, contratos y existencia real del bien antes de transferir sumas altas. En este expediente, la resolución judicial busca resarcir a la víctima, aunque el desenlace final dependerá de que el acusado honre el calendario de pagos establecido.
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