Judicial
Juzgado ordena detención para expresidente Cristiani y para el coronel Inocente Montano por el caso Jesuitas
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó esta tarde la detención para el expresidente de la República Alfredo Félix Cristiani Burkard, acusado de comisión por omisión en el delito de asesinato, en perjuicio de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras en 1989.
«Este tribunal se va encargar de hacer las gestiones para girar la orden de captura», dijo el juez al momento de emitir su resolución, la decisión fue tomada porque el exmandatario no acudió al llamado para ser notificado del caso y tampoco mandó un abogado que lo representara, con esa acción demostró que no está dispuesto a someterse al proceso y la única manera de hacerlo comparecer es capturándolo.
El juzgado gestionará con la Policía Internacional (Interpol) la orden de captura y que se emita una difusión roja con miras a localizarlo y luego seguir un proceso de extradición.
El juez también decidió girar orden de captura para el exdiputado Rodolfo Parker, por los delitos de fraude procesal y encubrimiento personal, se valoró la negativa que ha tenido para acudir al llamado judicial, no basta con enviar a un defensor, pues eso no garantiza que vaya someterse a la causa penal.
También se ha girado orden de captura contra los coroneles retirados Inocente Orlando Montano Morales [preso en España], Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Nelson Iván López López y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Han quedado con medidas alternas a la detención, el general Juan Rafael Bustillo Toledo, señalado de asesinato actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo y hurto calificado, el juez dijo que por sus 77 años y haber mostrado siempre voluntad de enfrentar el proceso, le otorgó ese beneficio, deberá presentarse a firmar cada 15 días, no cambiar de domicilio y no salir del país.
Las mismas medidas fueron otorgadas al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, quien también se presentó a enfrentar la audiencia por los delitos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento personal.
A los generales Juan Orlando Zepeda, de 77 años también se le otorgó medidas alternas por su edad y problemas de salud, Rafael Humberto Larios ha quedado sin ninguna medida por escasez de prueba en su contra y el teniente coronel Óscar Alberto León Linares, también gozará de medidas por problemas de salud ya que está operado de sus ojos.
Por haber fallecido, el general René Emilio Ponce y el coronel Francisco Elena Fuentes, fueron exonerados de forma definitiva.
El juzgado mantiene todos los delitos y no accedió a modificarlos, a excepción de hurto calificado por el cual decretó sobreseimiento definitivo para los militares procesados por ese ilícito, la Fiscalía los acusa de haberle hurtado dos maletines a los jesuitas los cuales contenían $5,000 y fotografías.
Carlos Arturo Herrera Castro fue condenado a prisión perpetua por los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la información proporcionada, el día del crimen Herrera Castro atacó a López Córdova con piedras hasta causarle la muerte, con el objetivo de robarle su dinero.
El hecho ocurrió en mayo de 2026, en el cantón Teosinte, en Arcatao, Chalatenango Sur.
La sentencia fue emitida por el Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador y constituye, según la FGR, la primera condena de prisión perpetua en la historia del país.
La Fiscalía señaló que esta condena fue posible tras la reforma al artículo 27 de la Constitución y a las leyes penales secundarias, vigentes desde abril de 2026.
🔴 LA @FGR_SV LOGRA LA PRIMERA CONDENA DE PRISIÓN PERPETUA EN LA HISTORIA DEL PAÍS
Carlos Arturo Herrera Castro fue sentenciado a cadena perpetua por homicidio agravado y robo contra Alexis López Córdova.
El día del crimen, el imputado atacó a la víctima con piedras hasta… pic.twitter.com/uz9sGOm67n
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 12, 2026
Un total de 65 pandilleros de la MS fueron condenados a penas que, en conjunto, alcanzan hasta 880 años de prisión, luego de ser encontrados culpables de múltiples delitos cometidos entre 2012 y 2018 en los distritos de Chapeltique, Ciudad Barrios, El Tránsito y San Miguel.
Entre los hechos atribuidos a esta estructura criminal se encuentra el homicidio de una de sus víctimas, quien fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, en San Miguel. Posteriormente, los pandilleros la aislaron, golpearon y apuñalaron hasta causarle la muerte.
Además, los imputados fueron declarados responsables de 22 homicidios, ocho casos de privación de libertad, 13 casos de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas y otros delitos.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa obteniendo condenas contra integrantes de esta estructura criminal por los diferentes delitos cometidos en perjuicio de la población.
⚖️ HASTA A 880 AÑOS DE PRISIÓN A 65 MAREROS
Una de las víctimas de estos criminales fue privada de libertad en la colonia Prados de la Ciudad, San Miguel. Luego de aislarla, la golpearon y apuñalaron hasta matarla.
Además, los imputados son responsables de 22 homicidios, 8… pic.twitter.com/aaqK9xDLFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 10, 2026
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
