Judicial
Juzgado le prohíbe a Nayib Bukele acercarse a síndica Xochitl e impone una fianza de $5,000
El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer confirmó las medidas alternativas e impuso las medidas de protección para el alcalde de la capital, Nayib Bukele, a quien se le procesa por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la síndico municipal Xochitl Marchelli.
La Jueza dijo que se confirma el sobreseimiento definitivo llevado por el Juzgado 4º de Paz bajo el delito de amenazas en la concejal, Xochitl Marcheli. El seguimiento lo retomó la Cámara Tercera de los Penal quien analizó una apelación por los mismos ilícitos llevados por el alcalde capitalino.
La medidas de protección para la victima fueron impuestas por la Cámara Especializada de la Mujer, donde se estableció que Bukele tiene que abstenerse de cualquier tipo de comunicación siempre y cuando sea por cuestiones laborales. Así como de no exponerla frente a medios de comunicación, redes sociales y la prohibición de cualquier tipo de amenaza.
Se espera que la próxima semana Nayib Bukele se presente para dar cumplimiento a las medidas quien de no hacerlo podría caer en otras medidas legales en su contra. Ayer el alcalde capitalino había sido citado al juzgado pero este se excusó por reuniones relativas a la comuna.
En reiteradas ocasiones, Bukele ha rechazado las acusaciones que se le atribuyen, agresión verbal o física en contra de la síndica Xochilt Marchelli. La síndica dice que fue agredida con expresiones como “maldita traidora” y “bruja” durante una sesión de concejo el año pasado.
“Él tomó la manzana y la hizo de esta forma (lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado me hubiera caído en el rostro”, explicó Marchelli durante una entrevista en el canal Gentevé a mediados de septiembre 2016.
El incidente ocurrió el 6 de septiembre en una sesión del Consejo Municipal mientras se discutían aprobaciones del centro histórico de la capital. El aparatoso incidente le valió la expulsión del partido de izquierda.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
