Judicial
Juzgado le prohíbe a Nayib Bukele acercarse a síndica Xochitl e impone una fianza de $5,000
El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer confirmó las medidas alternativas e impuso las medidas de protección para el alcalde de la capital, Nayib Bukele, a quien se le procesa por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la síndico municipal Xochitl Marchelli.
La Jueza dijo que se confirma el sobreseimiento definitivo llevado por el Juzgado 4º de Paz bajo el delito de amenazas en la concejal, Xochitl Marcheli. El seguimiento lo retomó la Cámara Tercera de los Penal quien analizó una apelación por los mismos ilícitos llevados por el alcalde capitalino.
La medidas de protección para la victima fueron impuestas por la Cámara Especializada de la Mujer, donde se estableció que Bukele tiene que abstenerse de cualquier tipo de comunicación siempre y cuando sea por cuestiones laborales. Así como de no exponerla frente a medios de comunicación, redes sociales y la prohibición de cualquier tipo de amenaza.
Se espera que la próxima semana Nayib Bukele se presente para dar cumplimiento a las medidas quien de no hacerlo podría caer en otras medidas legales en su contra. Ayer el alcalde capitalino había sido citado al juzgado pero este se excusó por reuniones relativas a la comuna.
En reiteradas ocasiones, Bukele ha rechazado las acusaciones que se le atribuyen, agresión verbal o física en contra de la síndica Xochilt Marchelli. La síndica dice que fue agredida con expresiones como “maldita traidora” y “bruja” durante una sesión de concejo el año pasado.
“Él tomó la manzana y la hizo de esta forma (lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado me hubiera caído en el rostro”, explicó Marchelli durante una entrevista en el canal Gentevé a mediados de septiembre 2016.
El incidente ocurrió el 6 de septiembre en una sesión del Consejo Municipal mientras se discutían aprobaciones del centro histórico de la capital. El aparatoso incidente le valió la expulsión del partido de izquierda.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
