Judicial
Juzgado le prohíbe a Nayib Bukele acercarse a síndica Xochitl e impone una fianza de $5,000
El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer confirmó las medidas alternativas e impuso las medidas de protección para el alcalde de la capital, Nayib Bukele, a quien se le procesa por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la síndico municipal Xochitl Marchelli.
La Jueza dijo que se confirma el sobreseimiento definitivo llevado por el Juzgado 4º de Paz bajo el delito de amenazas en la concejal, Xochitl Marcheli. El seguimiento lo retomó la Cámara Tercera de los Penal quien analizó una apelación por los mismos ilícitos llevados por el alcalde capitalino.
La medidas de protección para la victima fueron impuestas por la Cámara Especializada de la Mujer, donde se estableció que Bukele tiene que abstenerse de cualquier tipo de comunicación siempre y cuando sea por cuestiones laborales. Así como de no exponerla frente a medios de comunicación, redes sociales y la prohibición de cualquier tipo de amenaza.
Se espera que la próxima semana Nayib Bukele se presente para dar cumplimiento a las medidas quien de no hacerlo podría caer en otras medidas legales en su contra. Ayer el alcalde capitalino había sido citado al juzgado pero este se excusó por reuniones relativas a la comuna.
En reiteradas ocasiones, Bukele ha rechazado las acusaciones que se le atribuyen, agresión verbal o física en contra de la síndica Xochilt Marchelli. La síndica dice que fue agredida con expresiones como “maldita traidora” y “bruja” durante una sesión de concejo el año pasado.
“Él tomó la manzana y la hizo de esta forma (lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado me hubiera caído en el rostro”, explicó Marchelli durante una entrevista en el canal Gentevé a mediados de septiembre 2016.
El incidente ocurrió el 6 de septiembre en una sesión del Consejo Municipal mientras se discutían aprobaciones del centro histórico de la capital. El aparatoso incidente le valió la expulsión del partido de izquierda.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
