Judicial
Juzgado le prohíbe a Nayib Bukele acercarse a síndica Xochitl e impone una fianza de $5,000
El Juzgado Especializado de Instrucción de la Mujer confirmó las medidas alternativas e impuso las medidas de protección para el alcalde de la capital, Nayib Bukele, a quien se le procesa por el delito de expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la síndico municipal Xochitl Marchelli.
La Jueza dijo que se confirma el sobreseimiento definitivo llevado por el Juzgado 4º de Paz bajo el delito de amenazas en la concejal, Xochitl Marcheli. El seguimiento lo retomó la Cámara Tercera de los Penal quien analizó una apelación por los mismos ilícitos llevados por el alcalde capitalino.
La medidas de protección para la victima fueron impuestas por la Cámara Especializada de la Mujer, donde se estableció que Bukele tiene que abstenerse de cualquier tipo de comunicación siempre y cuando sea por cuestiones laborales. Así como de no exponerla frente a medios de comunicación, redes sociales y la prohibición de cualquier tipo de amenaza.
Se espera que la próxima semana Nayib Bukele se presente para dar cumplimiento a las medidas quien de no hacerlo podría caer en otras medidas legales en su contra. Ayer el alcalde capitalino había sido citado al juzgado pero este se excusó por reuniones relativas a la comuna.
En reiteradas ocasiones, Bukele ha rechazado las acusaciones que se le atribuyen, agresión verbal o física en contra de la síndica Xochilt Marchelli. La síndica dice que fue agredida con expresiones como “maldita traidora” y “bruja” durante una sesión de concejo el año pasado.
“Él tomó la manzana y la hizo de esta forma (lanzándola a un costado). Eso, evidentemente era para mi cara, y yo estaba sobre el mueble, me aparté y cayó, y si yo no me hubiera apartado me hubiera caído en el rostro”, explicó Marchelli durante una entrevista en el canal Gentevé a mediados de septiembre 2016.
El incidente ocurrió el 6 de septiembre en una sesión del Consejo Municipal mientras se discutían aprobaciones del centro histórico de la capital. El aparatoso incidente le valió la expulsión del partido de izquierda.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
