Judicial
Joven es arrastrada y golpeada por su hermana y su cuñado cuando la pareja se encontraban en estado de ebriedad
Mientras realizaba sus labores diarias como mesera, Claudia (nombre cambiado para proteger a la víctima), una joven de 19 años, recibió una llamada a su teléfono celular. Era Sara, su hermana mayor, quien le preguntó a qué hora volvería a la casa que compartían en una colonia del sur de San Salvador.
En el lugar también vivía Anderson H., un hombre de 28 años quien es la pareja de Sara, además de sus dos hijos.
El motivo de la llamada era para pedirle a Claudia que cuidara a los niños, ya que la pareja saldría esa noche con unos amigos. La hermana insistió varias veces para saber si Claudia llegaría pronto.
Aunque la joven salió de prisa a la vivienda, al llegar no encontró a nadie.
Pero no tardó mucho en recibir un mensaje de su hermana por WhatsApp, pero no era precisamente en buenos términos. “Andate de la casa, sino te voy a llegar a sacar del pelo y te voy a golpear”, le decía Sara.
Esas palabras causaron temor en la joven, por lo que empezó a recoger sus pertenencias para irse, pero antes que lo lograra llegaron Sara y Anderson, quienes según el expediente judicial iban en estado de ebriedad.
El pleito llegó hasta el pasaje
La pareja increpó a la joven por no llegar temprano para cuidar a los niños, la ultrajaron y también la golpearon. Sara la tomó del cabello, la lanzó al suelo y le dio varios golpes; ahí se sumó Anderson con patadas y golpes.
La víctima fue sacada de la casa a la fuerza y sus agresores la arrastraron por el pasaje que da a la calle. Por más gritos de auxilio, la afectada no fue rescatada por sus vecinos.
Claudia logró ponerse de pie, pero luego de abrazar a su hermana para defenderse ambas cayeron al suelo. El hombre volvió a golpearla, pero aprovechó ese momento para agarrarle los pechos, además de tocarle los glúteos y su área genital.
Al terminar la agresión, la víctima les dijo que iba a demandarlos por violencia.
“No sabes con quién te estás metiendo”, fue la respuesta de Anderson.
Claudia se fue a la casa de su madre, donde llegó llena de golpes en el rostro, espalda y otras partes del cuerpo.
El proceso judicial
La afectada fue a la Policía Nacional Civil (PNC) para denunciar las agresiones que le propinó Anderson, quien horas después fue detenido dentro del tiempo de flagrancia.
Según consta en el expediente y la denuncia, el hoombre había intentado tocarla antes, pero no se lo comentó a su hermana por temor a que no le fuera a creer.
Los agentes llevaron a la víctima al Instituto de Medicina Legal (IML), en donde le comunicaron que las lesiones sanarían en ocho días, por lo que obtuvo cinco días de incapacidad; mientras que a su agresor, fue directo a las bartolinas.
Anderson fue inculpado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones y presentó el requerimiento en el Juzgado 1° de Paz de San Marcos.
El 3 de noviembre de 2017 el caso pasó a la etapa de instrucción, donde dictaron medidas sustitutivas a la detención contra el hombre. A cambio de su libertad, debía presentarse cada 15 días para firmar, no debía cambiar de domicilio ni acercarse a la víctima.
El caso pasó hasta la etapa de sentencia, pero ahí, ante el Tribunal 6° de Sentencia, Claudia decidió conciliar con Anderson pese a las agresiones que había sufrido por parte del sujeto. Por si fuera poco, retiró la petición para que su cuñado le pagara una cantidad por responsabilidad civil.
Como si nada hubiera pasado, Anderson estaba libre de culpa. Actualmente, el hombre debe presentarse a firmar en un juzgado, además le mantuvieron las medidas dictadas de no acercarse a la víctima.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
