Judicial
Joven es arrastrada y golpeada por su hermana y su cuñado cuando la pareja se encontraban en estado de ebriedad
Mientras realizaba sus labores diarias como mesera, Claudia (nombre cambiado para proteger a la víctima), una joven de 19 años, recibió una llamada a su teléfono celular. Era Sara, su hermana mayor, quien le preguntó a qué hora volvería a la casa que compartían en una colonia del sur de San Salvador.
En el lugar también vivía Anderson H., un hombre de 28 años quien es la pareja de Sara, además de sus dos hijos.
El motivo de la llamada era para pedirle a Claudia que cuidara a los niños, ya que la pareja saldría esa noche con unos amigos. La hermana insistió varias veces para saber si Claudia llegaría pronto.
Aunque la joven salió de prisa a la vivienda, al llegar no encontró a nadie.
Pero no tardó mucho en recibir un mensaje de su hermana por WhatsApp, pero no era precisamente en buenos términos. “Andate de la casa, sino te voy a llegar a sacar del pelo y te voy a golpear”, le decía Sara.
Esas palabras causaron temor en la joven, por lo que empezó a recoger sus pertenencias para irse, pero antes que lo lograra llegaron Sara y Anderson, quienes según el expediente judicial iban en estado de ebriedad.
El pleito llegó hasta el pasaje
La pareja increpó a la joven por no llegar temprano para cuidar a los niños, la ultrajaron y también la golpearon. Sara la tomó del cabello, la lanzó al suelo y le dio varios golpes; ahí se sumó Anderson con patadas y golpes.
La víctima fue sacada de la casa a la fuerza y sus agresores la arrastraron por el pasaje que da a la calle. Por más gritos de auxilio, la afectada no fue rescatada por sus vecinos.
Claudia logró ponerse de pie, pero luego de abrazar a su hermana para defenderse ambas cayeron al suelo. El hombre volvió a golpearla, pero aprovechó ese momento para agarrarle los pechos, además de tocarle los glúteos y su área genital.
Al terminar la agresión, la víctima les dijo que iba a demandarlos por violencia.
“No sabes con quién te estás metiendo”, fue la respuesta de Anderson.
Claudia se fue a la casa de su madre, donde llegó llena de golpes en el rostro, espalda y otras partes del cuerpo.
El proceso judicial
La afectada fue a la Policía Nacional Civil (PNC) para denunciar las agresiones que le propinó Anderson, quien horas después fue detenido dentro del tiempo de flagrancia.
Según consta en el expediente y la denuncia, el hoombre había intentado tocarla antes, pero no se lo comentó a su hermana por temor a que no le fuera a creer.
Los agentes llevaron a la víctima al Instituto de Medicina Legal (IML), en donde le comunicaron que las lesiones sanarían en ocho días, por lo que obtuvo cinco días de incapacidad; mientras que a su agresor, fue directo a las bartolinas.
Anderson fue inculpado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones y presentó el requerimiento en el Juzgado 1° de Paz de San Marcos.
El 3 de noviembre de 2017 el caso pasó a la etapa de instrucción, donde dictaron medidas sustitutivas a la detención contra el hombre. A cambio de su libertad, debía presentarse cada 15 días para firmar, no debía cambiar de domicilio ni acercarse a la víctima.
El caso pasó hasta la etapa de sentencia, pero ahí, ante el Tribunal 6° de Sentencia, Claudia decidió conciliar con Anderson pese a las agresiones que había sufrido por parte del sujeto. Por si fuera poco, retiró la petición para que su cuñado le pagara una cantidad por responsabilidad civil.
Como si nada hubiera pasado, Anderson estaba libre de culpa. Actualmente, el hombre debe presentarse a firmar en un juzgado, además le mantuvieron las medidas dictadas de no acercarse a la víctima.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
