Judicial
Joven es arrastrada y golpeada por su hermana y su cuñado cuando la pareja se encontraban en estado de ebriedad
Mientras realizaba sus labores diarias como mesera, Claudia (nombre cambiado para proteger a la víctima), una joven de 19 años, recibió una llamada a su teléfono celular. Era Sara, su hermana mayor, quien le preguntó a qué hora volvería a la casa que compartían en una colonia del sur de San Salvador.
En el lugar también vivía Anderson H., un hombre de 28 años quien es la pareja de Sara, además de sus dos hijos.
El motivo de la llamada era para pedirle a Claudia que cuidara a los niños, ya que la pareja saldría esa noche con unos amigos. La hermana insistió varias veces para saber si Claudia llegaría pronto.
Aunque la joven salió de prisa a la vivienda, al llegar no encontró a nadie.
Pero no tardó mucho en recibir un mensaje de su hermana por WhatsApp, pero no era precisamente en buenos términos. “Andate de la casa, sino te voy a llegar a sacar del pelo y te voy a golpear”, le decía Sara.
Esas palabras causaron temor en la joven, por lo que empezó a recoger sus pertenencias para irse, pero antes que lo lograra llegaron Sara y Anderson, quienes según el expediente judicial iban en estado de ebriedad.
El pleito llegó hasta el pasaje
La pareja increpó a la joven por no llegar temprano para cuidar a los niños, la ultrajaron y también la golpearon. Sara la tomó del cabello, la lanzó al suelo y le dio varios golpes; ahí se sumó Anderson con patadas y golpes.
La víctima fue sacada de la casa a la fuerza y sus agresores la arrastraron por el pasaje que da a la calle. Por más gritos de auxilio, la afectada no fue rescatada por sus vecinos.
Claudia logró ponerse de pie, pero luego de abrazar a su hermana para defenderse ambas cayeron al suelo. El hombre volvió a golpearla, pero aprovechó ese momento para agarrarle los pechos, además de tocarle los glúteos y su área genital.
Al terminar la agresión, la víctima les dijo que iba a demandarlos por violencia.
“No sabes con quién te estás metiendo”, fue la respuesta de Anderson.
Claudia se fue a la casa de su madre, donde llegó llena de golpes en el rostro, espalda y otras partes del cuerpo.
El proceso judicial
La afectada fue a la Policía Nacional Civil (PNC) para denunciar las agresiones que le propinó Anderson, quien horas después fue detenido dentro del tiempo de flagrancia.
Según consta en el expediente y la denuncia, el hoombre había intentado tocarla antes, pero no se lo comentó a su hermana por temor a que no le fuera a creer.
Los agentes llevaron a la víctima al Instituto de Medicina Legal (IML), en donde le comunicaron que las lesiones sanarían en ocho días, por lo que obtuvo cinco días de incapacidad; mientras que a su agresor, fue directo a las bartolinas.
Anderson fue inculpado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de lesiones y presentó el requerimiento en el Juzgado 1° de Paz de San Marcos.
El 3 de noviembre de 2017 el caso pasó a la etapa de instrucción, donde dictaron medidas sustitutivas a la detención contra el hombre. A cambio de su libertad, debía presentarse cada 15 días para firmar, no debía cambiar de domicilio ni acercarse a la víctima.
El caso pasó hasta la etapa de sentencia, pero ahí, ante el Tribunal 6° de Sentencia, Claudia decidió conciliar con Anderson pese a las agresiones que había sufrido por parte del sujeto. Por si fuera poco, retiró la petición para que su cuñado le pagara una cantidad por responsabilidad civil.
Como si nada hubiera pasado, Anderson estaba libre de culpa. Actualmente, el hombre debe presentarse a firmar en un juzgado, además le mantuvieron las medidas dictadas de no acercarse a la víctima.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
