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Judicial

Interponen otra denuncia ante FGR contra Neto Muyshondt por el no cierre de planta de transbordo Aragón

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Ciudadanos que residen en la zona Sur de San Salvador expusieron, este sábado, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del actual edil capitalino, Ernesto Muyshondt, debido a la evacuación de toneladas de basura, en la planta de transbordo de desechos solidos Aragón, ubicada ilegalmente en las cercanías de la quebrada El Garrobo, de dicho municipio .

La planta de trasbordo Aragón, en la actualidad, se ha convertido en un botadero a cielo abierto, hasta el momento se promedia un total de 8 mil toneladas de basura en abandono que desocupa desde los camiones recolectores, la alcaldía municipal de San Salvador.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recomendó el cierre de este, asimismo  un juzgado ambiental resolvió que es necesario tramitar el permiso respectivo o, en su defecto, el plan de cierre.

“Iníciese procedimiento de medidas cautelares preliminares: a) Que de no tener permiso de su funcionamiento vigente para la planta de transbordo Aragón, suspenda en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, la disposición de los desechos solidos de la misma”, señala la resolución entregada por un juez ambiental.

El tribunal Ambiental además brindó un plazo de veinticuatro horas liberar la basura que se encuentra en esa zona; sin embargo, la municipalidad -hasta la fecha- hizo caso omiso de estas medidas.

Debido a la desobediencia por parte de la alcaldía capitalina, los vecinos de esta planta exigen que se constituyan acciones penales por desobediencia y contaminación ambiental agravada.

La demanda señala que la municipalidad no cuenta con los permisos necesarios por el MARN, asimismo los ciudadanos reportan que hay una gran cantidad de desechos que han llegado hasta la quebrada el Garrobo, lo que ha causado erosión en los suelos de la zona.

“Existe una tubería de 50 pulgadas que descarga lixiviados, directamente a dicha quebrada y que dicho centro de transbordo de desechos solidos no cuenta con el permiso correspondiente para su funcionamiento”, señala el documento de denuncia formal.

El enunciado describe que es una amenaza o inminencia de daño al medio ambiente por la descarga y acumulación de desechos solidos de manera discriminada, y a su vez recalca que el sitio se encuentra sin control y supervisión de las autoridades.

“Se requerirá que la Alcaldía Municipal de San Salvador libre de estos desechos solidos del sitio y los disponga en un sitio autorizado para que estos sean tratados de manera adecuada y remita las autorizaciones que tenga para el funcionamiento del mismo”, solicitan los ciudadanos en el documento.

Judicial

314 años de cárcel para estructura que asesinó a profesora y policía

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Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.

De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.

A Luis Alonso Mejía Hernández, quien se encargaba de transportar a los miembros de la estructura hacia los lugares donde se cometerían los hechos, fue sentenciado a 192 años, por robo agravado y agrupaciones ilícitas.

Mientras que a Moisés Antonio Rivera y Aurelio Wilfredo Vásquez, el juez los condenó a 177 y 166 años de prisión, respectivamente, los otros 34 recibieron diversas penas por los mismos delitos.

La red de asaltantes y homicidas fue desarticulada la madrugada del 25 de octubre de 2022, tras una investigación de varios meses que fiscales y policías realizaron a la compleja banda que tenía una logística en todo el país para ejecutar los atracos entre enero de 2019 a mayo de 2021.

Los imputados tenían estrategias criminales hasta para descifrar los montos de dinero que los usuarios de los bancos retiraban de los cajeros automáticos (ATM).

Lograban determinar cuando una persona retiraba considerables sumas de dinero, se apostaban cerca de los ATM y según el sonido que se generaba al momento de procesarse el retiro los integrantes de la banda perfilaban a ese usuario y tras darle vigilancia y seguimiento, lo interceptaban y despojaban de los fondos, si la víctima se oponía, era asesinada.

A un agente de la PNC, lo asesinaron el 19 de mayo de 2019, en San Juan Nonualco, departamento de La Paz. Había retirado $1,500 de una agencia bancaria de ese distrito, producto de préstamo bancario.

También el 22 de mayo de 2021, asesinaron a una profesora que había salido de una agencia bancaria en Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, la siguieron para robarle $2,600 y como se opuso al asalto, le dieron un disparo en la cabeza.

Testimonios de víctimas fueron parte de la prueba que la Fiscalía General de la República presentó para probar los robos y casos de homicidio, mientras que en las agrupaciones ilícitas se acreditó que los miembros tenían asignada una función específica para consumar los hechos.

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22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.

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José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.

Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.

Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.

La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.

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Sujeto acusado de violación es condenado a 14 años de cárcel

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Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.

Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.

Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.

La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.

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