Judicial
Interponen otra denuncia ante FGR contra Neto Muyshondt por el no cierre de planta de transbordo Aragón
Ciudadanos que residen en la zona Sur de San Salvador expusieron, este sábado, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del actual edil capitalino, Ernesto Muyshondt, debido a la evacuación de toneladas de basura, en la planta de transbordo de desechos solidos Aragón, ubicada ilegalmente en las cercanías de la quebrada El Garrobo, de dicho municipio .
La planta de trasbordo Aragón, en la actualidad, se ha convertido en un botadero a cielo abierto, hasta el momento se promedia un total de 8 mil toneladas de basura en abandono que desocupa desde los camiones recolectores, la alcaldía municipal de San Salvador.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recomendó el cierre de este, asimismo un juzgado ambiental resolvió que es necesario tramitar el permiso respectivo o, en su defecto, el plan de cierre.
“Iníciese procedimiento de medidas cautelares preliminares: a) Que de no tener permiso de su funcionamiento vigente para la planta de transbordo Aragón, suspenda en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, la disposición de los desechos solidos de la misma”, señala la resolución entregada por un juez ambiental.
El tribunal Ambiental además brindó un plazo de veinticuatro horas liberar la basura que se encuentra en esa zona; sin embargo, la municipalidad -hasta la fecha- hizo caso omiso de estas medidas.
Debido a la desobediencia por parte de la alcaldía capitalina, los vecinos de esta planta exigen que se constituyan acciones penales por desobediencia y contaminación ambiental agravada.
La demanda señala que la municipalidad no cuenta con los permisos necesarios por el MARN, asimismo los ciudadanos reportan que hay una gran cantidad de desechos que han llegado hasta la quebrada el Garrobo, lo que ha causado erosión en los suelos de la zona.
“Existe una tubería de 50 pulgadas que descarga lixiviados, directamente a dicha quebrada y que dicho centro de transbordo de desechos solidos no cuenta con el permiso correspondiente para su funcionamiento”, señala el documento de denuncia formal.
El enunciado describe que es una amenaza o inminencia de daño al medio ambiente por la descarga y acumulación de desechos solidos de manera discriminada, y a su vez recalca que el sitio se encuentra sin control y supervisión de las autoridades.
“Se requerirá que la Alcaldía Municipal de San Salvador libre de estos desechos solidos del sitio y los disponga en un sitio autorizado para que estos sean tratados de manera adecuada y remita las autorizaciones que tenga para el funcionamiento del mismo”, solicitan los ciudadanos en el documento.
Judicial
Fiscalía destruye 1,362 kilos de cocaína valorados en más de $34 millones decomisados a ecuatorianos
La Fiscalía General de la República (FGR) supervisó este miércoles la destrucción de 1,362 kilos de cocaína valorados en más de 34 millones de dólares en el mercado ilícito. La quema se realizó en Shangallo, distrito de Ilopango, San Salvador, luego de completar los procedimientos legales correspondientes sobre el cargamento decomisado.
La droga fue incautada el 17 de julio por miembros de la Fuerza Naval a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo, en aguas del Pacífico. En el operativo fueron detenidos dos hombres de nacionalidad ecuatoriana, quienes ya enfrentan proceso judicial por el delito de tráfico ilícito de drogas.
#Antinarcóticos | Este día, la @FGR_SV, en coordinación con la @PNCSV, realiza prueba de campo, registro y clasificación de más de 1,300 kilos de cocaína incautada a dos ecuatorianos el pasado 17 de julio.
Esta droga, valorada en aproximadamente $34 millones, será destruida en… pic.twitter.com/raZ9cvDVCA
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) August 18, 2026
Con esta acción, las autoridades confirman el avance de las diligencias penales y refuerzan las operaciones antinarcóticos en el país, donde los decomisos de grandes cargamentos de cocaína en alta mar continúan siendo una prioridad en la lucha contra el narcotráfico.
Judicial
Juzgado decreta detención provisional a conductor de Corvette por muerte de repartidor en San Salvador
El pasado 6 de agosto de 2026, Francisco Javier García Hernández departió y consumió bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador. Posteriormente abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette negro con placas P53-8EB.
Bajo los efectos del alcohol, según la Fiscalía, circuló en sentido contrario y a excesiva velocidad. Impactó de frente al motociclista Manuel de Jesús Murcia Arístides, quien se desempeñaba como repartidor de PedidosYa y también vendía productos lácteos para complementar sus ingresos.
Tras el golpe, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros sobre la vía. García Hernández abandonó la escena sin prestar auxilio, dejó el Corvette a unos 800 metros del lugar y se retiró en otro vehículo.
La Policía Nacional Civil inició la búsqueda del conductor. El 8 de agosto, García Hernández se presentó voluntariamente en una delegación policial y fue remitido por el delito de homicidio culposo. En redes sociales circularon rumores que lo vinculaban erróneamente con el entorno familiar del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien desmintió cualquier relación.
El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador ordenó este martes 18 de agosto de 2026 la instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo y conducción peligrosa por la muerte del motociclista repartidor Manuel de Jesús Murcia Arístides. El hecho ocurrió la noche del 6 de agosto en el bulevar El Hipódromo, cuando el imputado, tras consumir alcohol, impactó con su Chevrolet Corvette al trabajador de una aplicación de comida, lo arrastró 16 metros y huyó del lugar.
Durante la audiencia inicial celebrada este martes, el juez consideró suficientes los indicios presentados por la Fiscalía. Entre las pruebas destacan un peritaje que confirma la velocidad excesiva del vehículo y videos que muestran al imputado consumiendo alcohol antes del accidente, así como el momento del impacto.
El juzgador determinó que existe riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal. Además, ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre de García Hernández por un monto superior a los 80 mil dólares y aplicó medidas patrimoniales sobre otros bienes.
Manuel de Jesús Murcia Arístides era descrito por sus cercanos como un hombre trabajador y responsable, que se esforzaba por sostener a su familia con su labor de repartidor y la venta de productos lácteos. El caso ha generado amplio seguimiento en redes y medios locales desde el día del accidente.
El proceso penal sigue su curso con el imputado bajo detención provisional. Las autoridades judiciales continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer plenamente los hechos.
Judicial
Condenan a 20 años de prisión a maestro de Usulután por agredir y acosar sexualmente a dos alumnas de 9 y 12 años
Melvin Javier Osegueda Claros, docente de un centro escolar del distrito de Santiago de María, en Usulután Norte, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de Usulután. La pena se divide en 16 años por agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 4 años por acoso sexual.
Los hechos ocurrieron entre febrero y octubre de 2025 dentro de las instalaciones escolares. Las víctimas eran dos estudiantes de 9 y 12 años. El maestro se aprovechó de su cargo para cometer los delitos durante casi todo el año lectivo.
Fue detenido el 22 de octubre de 2025 luego de que familiares de las menores interpusieran la denuncia correspondiente. La Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales que el tribunal valoró para determinar su responsabilidad penal.
El proceso se desarrolló bajo reserva para proteger la identidad y la intimidad de las víctimas. La sentencia busca enviar un mensaje claro contra quienes abusan de su posición de confianza en el sistema educativo.
Las autoridades judiciales y fiscales reiteraron su compromiso de perseguir con rigor este tipo de delitos que afectan a la niñez y adolescencia.
