Judicial
Interponen otra denuncia ante FGR contra Neto Muyshondt por el no cierre de planta de transbordo Aragón
Ciudadanos que residen en la zona Sur de San Salvador expusieron, este sábado, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del actual edil capitalino, Ernesto Muyshondt, debido a la evacuación de toneladas de basura, en la planta de transbordo de desechos solidos Aragón, ubicada ilegalmente en las cercanías de la quebrada El Garrobo, de dicho municipio .
La planta de trasbordo Aragón, en la actualidad, se ha convertido en un botadero a cielo abierto, hasta el momento se promedia un total de 8 mil toneladas de basura en abandono que desocupa desde los camiones recolectores, la alcaldía municipal de San Salvador.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recomendó el cierre de este, asimismo un juzgado ambiental resolvió que es necesario tramitar el permiso respectivo o, en su defecto, el plan de cierre.
“Iníciese procedimiento de medidas cautelares preliminares: a) Que de no tener permiso de su funcionamiento vigente para la planta de transbordo Aragón, suspenda en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, la disposición de los desechos solidos de la misma”, señala la resolución entregada por un juez ambiental.
El tribunal Ambiental además brindó un plazo de veinticuatro horas liberar la basura que se encuentra en esa zona; sin embargo, la municipalidad -hasta la fecha- hizo caso omiso de estas medidas.
Debido a la desobediencia por parte de la alcaldía capitalina, los vecinos de esta planta exigen que se constituyan acciones penales por desobediencia y contaminación ambiental agravada.
La demanda señala que la municipalidad no cuenta con los permisos necesarios por el MARN, asimismo los ciudadanos reportan que hay una gran cantidad de desechos que han llegado hasta la quebrada el Garrobo, lo que ha causado erosión en los suelos de la zona.
“Existe una tubería de 50 pulgadas que descarga lixiviados, directamente a dicha quebrada y que dicho centro de transbordo de desechos solidos no cuenta con el permiso correspondiente para su funcionamiento”, señala el documento de denuncia formal.
El enunciado describe que es una amenaza o inminencia de daño al medio ambiente por la descarga y acumulación de desechos solidos de manera discriminada, y a su vez recalca que el sitio se encuentra sin control y supervisión de las autoridades.
“Se requerirá que la Alcaldía Municipal de San Salvador libre de estos desechos solidos del sitio y los disponga en un sitio autorizado para que estos sean tratados de manera adecuada y remita las autorizaciones que tenga para el funcionamiento del mismo”, solicitan los ciudadanos en el documento.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
