Judicial
Interponen otra denuncia ante FGR contra Neto Muyshondt por el no cierre de planta de transbordo Aragón
Ciudadanos que residen en la zona Sur de San Salvador expusieron, este sábado, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del actual edil capitalino, Ernesto Muyshondt, debido a la evacuación de toneladas de basura, en la planta de transbordo de desechos solidos Aragón, ubicada ilegalmente en las cercanías de la quebrada El Garrobo, de dicho municipio .
La planta de trasbordo Aragón, en la actualidad, se ha convertido en un botadero a cielo abierto, hasta el momento se promedia un total de 8 mil toneladas de basura en abandono que desocupa desde los camiones recolectores, la alcaldía municipal de San Salvador.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recomendó el cierre de este, asimismo un juzgado ambiental resolvió que es necesario tramitar el permiso respectivo o, en su defecto, el plan de cierre.
“Iníciese procedimiento de medidas cautelares preliminares: a) Que de no tener permiso de su funcionamiento vigente para la planta de transbordo Aragón, suspenda en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, la disposición de los desechos solidos de la misma”, señala la resolución entregada por un juez ambiental.
El tribunal Ambiental además brindó un plazo de veinticuatro horas liberar la basura que se encuentra en esa zona; sin embargo, la municipalidad -hasta la fecha- hizo caso omiso de estas medidas.
Debido a la desobediencia por parte de la alcaldía capitalina, los vecinos de esta planta exigen que se constituyan acciones penales por desobediencia y contaminación ambiental agravada.
La demanda señala que la municipalidad no cuenta con los permisos necesarios por el MARN, asimismo los ciudadanos reportan que hay una gran cantidad de desechos que han llegado hasta la quebrada el Garrobo, lo que ha causado erosión en los suelos de la zona.
“Existe una tubería de 50 pulgadas que descarga lixiviados, directamente a dicha quebrada y que dicho centro de transbordo de desechos solidos no cuenta con el permiso correspondiente para su funcionamiento”, señala el documento de denuncia formal.
El enunciado describe que es una amenaza o inminencia de daño al medio ambiente por la descarga y acumulación de desechos solidos de manera discriminada, y a su vez recalca que el sitio se encuentra sin control y supervisión de las autoridades.
“Se requerirá que la Alcaldía Municipal de San Salvador libre de estos desechos solidos del sitio y los disponga en un sitio autorizado para que estos sean tratados de manera adecuada y remita las autorizaciones que tenga para el funcionamiento del mismo”, solicitan los ciudadanos en el documento.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
