Judicial
Interponen otra denuncia ante FGR contra Neto Muyshondt por el no cierre de planta de transbordo Aragón
Ciudadanos que residen en la zona Sur de San Salvador expusieron, este sábado, una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del actual edil capitalino, Ernesto Muyshondt, debido a la evacuación de toneladas de basura, en la planta de transbordo de desechos solidos Aragón, ubicada ilegalmente en las cercanías de la quebrada El Garrobo, de dicho municipio .
La planta de trasbordo Aragón, en la actualidad, se ha convertido en un botadero a cielo abierto, hasta el momento se promedia un total de 8 mil toneladas de basura en abandono que desocupa desde los camiones recolectores, la alcaldía municipal de San Salvador.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) recomendó el cierre de este, asimismo un juzgado ambiental resolvió que es necesario tramitar el permiso respectivo o, en su defecto, el plan de cierre.
“Iníciese procedimiento de medidas cautelares preliminares: a) Que de no tener permiso de su funcionamiento vigente para la planta de transbordo Aragón, suspenda en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, la disposición de los desechos solidos de la misma”, señala la resolución entregada por un juez ambiental.
El tribunal Ambiental además brindó un plazo de veinticuatro horas liberar la basura que se encuentra en esa zona; sin embargo, la municipalidad -hasta la fecha- hizo caso omiso de estas medidas.
Debido a la desobediencia por parte de la alcaldía capitalina, los vecinos de esta planta exigen que se constituyan acciones penales por desobediencia y contaminación ambiental agravada.
La demanda señala que la municipalidad no cuenta con los permisos necesarios por el MARN, asimismo los ciudadanos reportan que hay una gran cantidad de desechos que han llegado hasta la quebrada el Garrobo, lo que ha causado erosión en los suelos de la zona.
“Existe una tubería de 50 pulgadas que descarga lixiviados, directamente a dicha quebrada y que dicho centro de transbordo de desechos solidos no cuenta con el permiso correspondiente para su funcionamiento”, señala el documento de denuncia formal.
El enunciado describe que es una amenaza o inminencia de daño al medio ambiente por la descarga y acumulación de desechos solidos de manera discriminada, y a su vez recalca que el sitio se encuentra sin control y supervisión de las autoridades.
“Se requerirá que la Alcaldía Municipal de San Salvador libre de estos desechos solidos del sitio y los disponga en un sitio autorizado para que estos sean tratados de manera adecuada y remita las autorizaciones que tenga para el funcionamiento del mismo”, solicitan los ciudadanos en el documento.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
