Judicial
Fiscalía apelará resolución que permite medidas cautelares a primo de expareja de Flor García
La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer decretó medidas cautelares para Francisco Boanerges Valle Quezada, primo de la expareja de Flor García, Joel Valle y principal autor del crimen.
Antes esta resolución, el fiscal general Rodolfo Delgado afirmó que apelarán la decisión tomada.
“Analizaremos esa resolución y presentaremos el recurso correspondiente. No es la primera vez que la Fiscalía General de la República recibe este tipo de resoluciones”, expresó Delgado.
A Franciscos Boanerges Valle Quezada se le acusó en un primer momento de cómplice necesario de desaparición de personas y estaría siendo procesado por el delito de autor de encubrimiento, en perjuicio de la administración pública.
Debido a este cambio en el delito de Francisco Quezada, ya no estará en detención provisional sino que se le decretarán medidas cautelares. El imputado saldrá de prisión y deberá presentarse cada 15 días al Juzgado Especializado de Instrucción LEIV de Cojutepeque. Tendrá restricción migratoria y deberá entregar su pasaporte.
Además, no deberá comunicarse ni acercarse a los ofendidos en el proceso. Si Francisco Quezada no cumple dichas medidas lo llevarán a prisión de nuevo.
A Joel Omar Valle Leiva, expareja de Flor García, y autor material del asesinato de Flor, también se le cambió el delito. En un primer momento sería procesado por el delito de desaparición de personas, ahora será por el delito de feminicidio agravado.
Flor García fue reportada como desaparecida el martes 16 de marzo, cuando supuestamente se dirigía a comprar medicamentos para la clínica donde trabajaba con su esposo. Tres meses después fue encontrada en un botadero de ripio en el kilómetro 32 de la Carretera Panamericana en la jurisdicción de Cojutepeque.
Cortesía: LPG.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
