Judicial
Fiscalía acusa a ex empleados de gestión de Sánchez Cerén de desviar $183.8 millones
La Fiscalía General de la República presentó la tarde del lunes ante los tribunales de Justicia el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y dos empresarios vinculados al desvío de $183,860,715, de las arcas del Estado, durante la gestión del expresidente prófugo Salvador Sánchez Cerén.
El jueves anterior la Fiscalía hizo efectivas las capturas de 15 personas todas ex empleados de la Presidencia de la República en el período de Sánchez Cerén (2014-2019) quienes son acusados de los delitos de peculado (apropiarse de fondos del Estado) y lavado de dinero. Otras tres personas ya son procesadas en el caso Saqueo Público, por lo cual el ministerio Público solicitó que sigan en arresto domiciliar.
#CombateALaImpunidad I Este día, la @FGR_SV ha presentado ante los tribunales el requerimiento fiscal contra 18 exfuncionarios y 2 empresarios vinculados al desvío de US$183,860,715.02. provenientes del Estado, durante la gestión del expresidente Salvador Sánchez Cerén. pic.twitter.com/KmsBjmb0JQ
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Según el fiscal asignado al caso, que será ventilado por el Juzgado 5o. de Paz, los principales involucrados en esta trama de corrupción son el ex presidente prófugo Sánchez Cerén, el ex secretario privado de la Presidencia, Manuel Melgar y Manuel Ayala, quien según la Fiscalía tenía «una función importante» en esa administración.
Otros de los procesados son: Manuel Arturo Ayala, exdirector ejecutivo de la Presidencia de Mauricio Funes y de Sánchez Cerén en los períodos 2009-2014 y 2014-2019; y Jorge Antonio Revelo Vega, exjefe del Estado Mayor Presidencial. Para el caso Revelo habría gestionado incrementos salariales para su equipo sin respetar los procedimientos de la gestión pública.
Además, la Fiscalía ha presentado acusaciones contra Daysi Armida Díaz, quien tenía la función de tesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, dueño de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley.
#CombateALaImpunidad I Asimismo, Daysi Armida Díaz, extesorera institucional de la Presidencia, período 2016-2019; y Alexander Benítez Peña, Propietario de Box Car y Taller Frenos y Más, lugar donde se desviaron fondos sin cumplir los requisitos de ley. pic.twitter.com/0afSA08AsK
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En el caso de este taller que habría servido para lavar dinero, recibió fondos públicos supuestamente por prestar servicios a la presidencia pero no estaba inscrito entre los proveedores, de acuerdo con lo que ha hecho público la Fiscalía.
Según las investigaciones, estas personas participaron de una trama que facilitó la sustracción de esa millonaria cantidad de dinero para lo cual se abrieron seis cuentas de manera irregular y de esas se transfirió fondos a otras cuentas privadas, tratando con ello de despistar a las autoridades.
En este nuevo caso también están imputados 3 exempleados vinculados al caso de corrupción del expresidente Mauricio Funes, conocido como Saqueo Público en el que se sustrajeron $351 millones y que motivaron la huida de Funes a Nicaragua y también implicados o condenados en el caso Destape a la Corrupción, en el cual Saca admitió haber robado 301 millones de dólares del erario.
Ellos son Francisco Rodríguez Arteaga, exgerente financiero de la Presidencia, Pablo Gómez, exasistente financiero de la Presidencia y Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El proceso contra estas 18 personas ha sido presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
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▶️Jorge Alberto Herrera Castellanos, extesorero institucional de la Presidencia.
El caso se ha presentado ante el Juzgado 5° de Paz de San Salvador.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
