Judicial
Envían a juicio a “Chiquillo Periquillo Power” por ejercer violencia en contra del presidente Bukele
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, envió a vista pública a Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, conocido en redes sociales como «Chiquillo Periquillo Power», por los delitos de violencia contra funcionarios públicos y proposición y conspiración y apología para cometer el delito de rebelión o sedición.
Además del auto apertura a juicio, el juzgado le giró orden de captura ya que es procesado como imputado ausente, en la resolución emitida se instruye a la Policía Nacional Civil (PNC) que se hagan gestiones a nivel local e internacional para que se emita alerta roja con miras a localizarlo e iniciar un proceso de extradición.
El fiscal del caso dijo en la audiencia preliminar que el 23 de agosto de 2022 a través de Facebook, Orellana Meléndez en una transmisión en vivo emitió una serie de comentarios y aseveraciones que riñen con la Constitución y ejercen violencia en contra del presidente de la República Nayib Bukele.
«Es así como el Juzgado Segundo de Instrucción ha tomado a bien los elementos probatorios que se han puesto a disposición y por un lado ha dado por establecido que así como nosotros hemos presentado el dictamen fiscal se han establecido ambos delitos», sostuvo el representante del ministerio público.
La Fiscalía asegura que con la prueba documental, pericial y testimonial se pasó a juicio para que un tribunal de sentencia deduzca responsabilidades.
«A partir de las reformas al Código Procesal Penal, el juez ha tenido a bien seguir con el proceso penal en ausencia y ha decretado la imposición de la medida de detención provisional y librar oficio para la difusión roja», agregó el fiscal.
En febrero de 2024, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia, San Salvador lo condenó a seis años de prisión y al pago de 10 salarios mínimos concepto de responsabilidad civil.
La pena le fue impuesta por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación, amenazas con agravación especial, así como expresiones de violencia contra las mujeres.
En ese juicio se validó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y declaró al imputado como responsable de los delitos. El imputado se ha dedicado a realizar comentarios denigrantes en contra del colectivo de mujeres y de algunos políticos.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
