Judicial
Envían a juicio a “Chiquillo Periquillo Power” por ejercer violencia en contra del presidente Bukele
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, envió a vista pública a Sigfrido Alexander Orellana Meléndez, conocido en redes sociales como «Chiquillo Periquillo Power», por los delitos de violencia contra funcionarios públicos y proposición y conspiración y apología para cometer el delito de rebelión o sedición.
Además del auto apertura a juicio, el juzgado le giró orden de captura ya que es procesado como imputado ausente, en la resolución emitida se instruye a la Policía Nacional Civil (PNC) que se hagan gestiones a nivel local e internacional para que se emita alerta roja con miras a localizarlo e iniciar un proceso de extradición.
El fiscal del caso dijo en la audiencia preliminar que el 23 de agosto de 2022 a través de Facebook, Orellana Meléndez en una transmisión en vivo emitió una serie de comentarios y aseveraciones que riñen con la Constitución y ejercen violencia en contra del presidente de la República Nayib Bukele.
«Es así como el Juzgado Segundo de Instrucción ha tomado a bien los elementos probatorios que se han puesto a disposición y por un lado ha dado por establecido que así como nosotros hemos presentado el dictamen fiscal se han establecido ambos delitos», sostuvo el representante del ministerio público.
La Fiscalía asegura que con la prueba documental, pericial y testimonial se pasó a juicio para que un tribunal de sentencia deduzca responsabilidades.
«A partir de las reformas al Código Procesal Penal, el juez ha tenido a bien seguir con el proceso penal en ausencia y ha decretado la imposición de la medida de detención provisional y librar oficio para la difusión roja», agregó el fiscal.
En febrero de 2024, el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia, San Salvador lo condenó a seis años de prisión y al pago de 10 salarios mínimos concepto de responsabilidad civil.
La pena le fue impuesta por el delito de acoso a través de tecnologías de la información y la comunicación, amenazas con agravación especial, así como expresiones de violencia contra las mujeres.
En ese juicio se validó todas las pruebas presentadas por la Fiscalía y declaró al imputado como responsable de los delitos. El imputado se ha dedicado a realizar comentarios denigrantes en contra del colectivo de mujeres y de algunos políticos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, notificó este lunes al exalcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García, mejor conocido como Will Salgado, que en su contra hay un proceso penal por el delito de difamación, promovido por la Fundación Itexsal.
En la demanda presentada se ha pedido que el exfuncionario sea condenado también a pagar $3 millones, dinero que será utilizado para financiar becas para estudiantes.
Ante esa pretensión, Salgado sostuvo que «ellos pueden pedir 20 o 30 millones; lo que ellos quieran. La cosa es pedirlo y otra cosa es que ganen el juicio».
Los abogados de la Fundación Itexsal, cuando presentaron la demanda dijeron que la promoción del expediente tiene su origen en declaraciones publicadas por Salgado en rede sociales, donde aseguró que los fondos públicos que se entrega a la entidad educativa son utilizados para actividades políticas y no para las becas de estudiantes.
Los abogados demandantes cuando llevaron el caso solicitaron al tribunal reserva total, pero en declaraciones previas manifestaron que «La fundación Itexsal se ha fundamentado en todas las conversaciones que de forma irresponsable ha emitido (Salgado), alegando, aduciendo de manera irresponsable que el dinero o los fondos públicos que se le dan a la fundación es utilizado para situaciones que no son propias de la fundación, es decir para situaciones de política».
Los demandantes han dicho que van a aclarar que hay uso transparente de los fondos y que son invertidos en becas para estudiantes. El 5 de septiembre de 2024, cuando fue interpuesta la demanda, padres de familia junto a 270 becarios llegaron al centro Judicial Isidro Menéndez, para rechazar las supuestas declaraciones difamatorias de Salgado.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Salvador, ordenó que sigan en la cárcel seis miembros de la Mara Salvatrucha de Quezaltepeque.
En la audiencia de imposición de medidas la Fiscalía General de la República los acusó por el delito de agrupaciones ilícitas, sancionado con prisión de 20 a 30 años de cárcel.
Los procesados son: Emerson Stanley Najarro Sánchez, Héctor Antonio García Baños, Salvador Ernesto Bernal González, Stephanie Abigail Cea Reyes, Douglas Alexander Rivas Pérez, Brayan Alexander Guevara García.
Los seis han sido identificados por el ministerio público como integrantes de la clica Quezaltecos Locos Salvatruchos, del programa Hollywood.
Los pandilleros deberán continuar en un centro penal hasta que se les realice la audiencia preliminar y serán agrupados en un expediente para que sean enjuiciados como parte de una estructura de crimen organizado.
La Fiscalía los ha perfilado como miembros activos de la MS y habían estado moviéndose de un sector a otro para no ser localizados por las fuerzas de seguridad y evitar el régimen de excepción.
A cuatro años de cárcel fue condenada Teresa Elizabeth Castro, por intentar robar a una persona en el parque Centenario de San Salvador.
La pena fue impuesta a través de un juicio sumario que realizó el Juzgado Cuarto de Paz la capital, el delito fue probado por la Fiscalía General de la República (FGR) con una serie de pruebas recopiladas y que fueron valoradas en la audiencia.
Según la acusación, el 26 de agosto de 2024, cuando la víctima se encontraba en su negocio en el referido parque, Castro llegó y le puso un cuchillo en el abdomen.
Con el arma blanca la amenazó y le exigió que le entregara dinero, pero como la víctima se negó la asaltante le quitó el celular y comenzó a huir.
La dueña del negocio la persiguió y al mismo tiempo pidió ayuda a miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), quienes la retuvieron para entregarla a la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento de registrarla le hallaron el teléfono celular que había robado y el cuchillo utilizado para cometer el hecho. El testimonio de la denunciante, así como la información de los agentes del CAM fueron parte de las pruebas en contra de la mujer.
