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Empresa KALI acusa a director de la basura de la alcaldía de San Salvador, de bloquear información referente a contratación de la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume

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En las últimas horas se ha conocido sobre una acusación contra el director y encargado de la recolección de la basura en la alcaldía de San Salvador, Alexander Antonio Suriano,  a quien el apoderado legal de la empresa KALI, S.E.M. DE C.V, demanda de impedir y negar información información relacionada con el expediente de  contratación del servicio de disposición final de desechos sólidos que finalmente le fue adjudicado a la Sociedad Gestión Integral de Desechos, S.A, propiedad del señor Salume, la cual es fundamental para determinar si ha existido malversación de fondos en esa municipalidad.

La demanda inicia a partir de la denuncia interpuesta por KALI, S.E.M. DE C.V., ante la Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia ante la violación de normas éticas y leyes notariales por parte del abogado Luis Elías Botto Zuniga, quien en su calidad de notario, legalizó unas actas notariales que debían ser suscritas por el señor Salume en representación de la empresa Gestión Integral de Desechos, que incluían dos declaraciones juradas que la ofertante no estaba impedida para contratar con la municipalidad y que se comprometía a dar cumplimiento a las bases de contratación; sin embargo las actas no fueron firmadas por el señor Salume y solamente contaban con la firma del notario, quien manifestaba que el otorgante había firmado a su presencia y de forma conjunta.

En el documento se hace constar que pese a que esa circunstancia descalificaba a la empresa Gestión Integral de Desechos, el proceso siguió y finalmente fue adjudicada para recibir todos los desechos sólidos que se producen y recolectan en el municipio de San Salvador; y al presentar recurso, el mismo Ingeniero Suriano, lo declaró inadmisible con lo que no se ha podido profundizar en esa adjudicación con vicios de “oscuridad” por hechos de naturaleza formal, como también ante la inexplicable razón de por qué fue adjudicada una empresa que no cuenta con permisos ambientales, sino que debe sub contratar el servicio con la empresa PULSEM, que administra el Botadero del Puerto de La Libertad, la cual también es propiedad del Señor Salume.

Ante lo que se consideran graves ilegalidades, se han presentado distintas acciones legales, contra la forma que se ha generado esa contratación, entre estas se encuentra una denuncia contra el notario que incumplió al firmar previamente un documento sin contar con la firma del otorgante. Sin embargo, ante la solicitud de la Sección de Investigación Profesional de contar con una certificación de ambas declaraciones, el apoderado de la empresa KALI, lo solicitó ante la Unidad de Acceso a la Información de la municipalidad, más le fue denegada la entrega ya que el Ing. Roberto Suriano, se justifica en que ese documento pretende ser utilizado con la finalidad específica de denunciar a un tercero.

Con lo anterior, el apoderado legal de la empresa KALI afirma que el Ing. Alexander Antonio Suriano, ha impedido a toda costa la verificación del documento que es de carácter público, bloqueando así el derecho a la revisión del mismo y al de ejercer acciones legales por presuntas infracciones administrativas y de otra índole por lo que aseguran que “esto es una grave ilegalidad, y la vamos a denunciar en todas las instancias competentes, ya que no vamos a permitir que se sigan manejando de una forma poco transparente los procesos de contratación que comprometen los fondos municipales”, concluyó.

Ing. Alexander Antonio Suriano, Dir. Ejecutivo Dirección Municipal para la Gestión Sustentable de Desechos Sólidos, alcaldía de S.S.

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Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego

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Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.

Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.

Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.

El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.

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Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.

El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.

Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.

Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.

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Solicitó un viaje, amenazó al conductor y terminó robándole sus pertenencias

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.

De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.

Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.

Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.

La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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