Judicial
Dura condena para mareros que extorsionaban en San Salvador
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Condenas de 16 y 11 años de cárcel fueron impuestas por dos tribunales de sentencia de San Salvador, a extorsionistas que exigían diversas cantidades de dinero a víctimas con régimen de protección.
Uno de los expedientes fue en contra de Henry Geovany Iraheta, quien extorsionó con $3,000 a un comerciante en el municipio de Ayutuxtepeque, el 7 de diciembre del año 2021.
Según la acusación fiscal, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvieron cuando recogía el dinero que miembros de la estructura criminal exigía a la víctima a través de llamadas telefónicas.
El comerciante decidió interponer la denuncia a raíz de las amenazas a muerte que recibía de los pandilleros, así se conoció en la vista pública que desarrolló el Tribunal Primero de Sentencia de la capital.
En un segundo juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia encontró responsables de extorsión a seis miembros de la pandilla 18 quienes en los años 2019 y 2020 estuvieron extorsionando con $300 quincenales a «Rai» clave de una víctima con régimen de protección.
En la vista pública la Fiscalía General de la República expuso al tribunal que los mareros bajo amenazas obligaron a «Rai» a entregarles $200 semanales, pero negoció que les pagaría $300 quincenales.
El denunciante ante las constantes coacciones acudió a las autoridades para informar sobre la extorsión y de esa manera la Fiscalía y Policía abrieron un expediente para investigar el caso.
Para identificar a los pandilleros utilizaron la técnica de las entregas controladas para recopilar pruebas y evidenciar a los extorsionistas.
Esta mañana se instaló la audiencia preliminar en contra de Kevin Alexander Miranda Santamaria, a quién las autoridades le acusas de ser narcotraficante.
Según las autoridades fiscales, la Policía Nacional Civil realizó un allanamiento en la vivienda del sujeto a quién le encontraron cocaína, marihuana y anfetaminas, valoradas en $153,992,00.
Así mismo, se le decomisó un arma de fuego sin su respectiva documentación y una cantidad de $20,690.00. en efectivo.
Los delitos que se le atribuyen son: tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y casos especiales de lavado de dinero.
Las autoridades dicen contar con las suficientes pruebas que incriminan al sujeto para que sea enviado a prisión.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
