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Dura condena para mareros que extorsionaban en San Salvador
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Condenas de 16 y 11 años de cárcel fueron impuestas por dos tribunales de sentencia de San Salvador, a extorsionistas que exigían diversas cantidades de dinero a víctimas con régimen de protección.
Uno de los expedientes fue en contra de Henry Geovany Iraheta, quien extorsionó con $3,000 a un comerciante en el municipio de Ayutuxtepeque, el 7 de diciembre del año 2021.
Según la acusación fiscal, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvieron cuando recogía el dinero que miembros de la estructura criminal exigía a la víctima a través de llamadas telefónicas.
El comerciante decidió interponer la denuncia a raíz de las amenazas a muerte que recibía de los pandilleros, así se conoció en la vista pública que desarrolló el Tribunal Primero de Sentencia de la capital.
En un segundo juicio, el Tribunal Quinto de Sentencia encontró responsables de extorsión a seis miembros de la pandilla 18 quienes en los años 2019 y 2020 estuvieron extorsionando con $300 quincenales a «Rai» clave de una víctima con régimen de protección.
En la vista pública la Fiscalía General de la República expuso al tribunal que los mareros bajo amenazas obligaron a «Rai» a entregarles $200 semanales, pero negoció que les pagaría $300 quincenales.
El denunciante ante las constantes coacciones acudió a las autoridades para informar sobre la extorsión y de esa manera la Fiscalía y Policía abrieron un expediente para investigar el caso.
Para identificar a los pandilleros utilizaron la técnica de las entregas controladas para recopilar pruebas y evidenciar a los extorsionistas.
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Capturan a sujeto con metanfetamina y cocaína durante operativo en La Libertad Oeste.



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¡SE ACABARÍAN LOS ACUERDOS! Gobierno busca impedir que conductores peligrosos eviten procesos penales tras causar accidentes
El Gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca eliminar la conciliación y la mediación en accidentes de tránsito que provoquen lesiones o muertes como consecuencia de la conducción peligrosa. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, surge en medio de la preocupación por los recientes siniestros viales que han dejado víctimas mortales y personas lesionadas en diferentes carreteras del país.
Uno de los principales cambios planteados consiste en modificar el artículo 27 del Código Procesal Penal, con el propósito de que las lesiones culposas ocasionadas mediante la conducción de vehículos automotores puedan ser investigadas de oficio por la Fiscalía General de la República (FGR). Esto permitiría que el Ministerio Público inicie y continúe las investigaciones sin depender de una denuncia o solicitud particular de la persona afectada.
La propuesta también contempla reformar el artículo 38 para impedir que los casos de homicidio culposo y lesiones derivados de la conducción peligrosa puedan resolverse mediante conciliación o mediación. De aprobarse, los acuerdos entre el conductor responsable y las víctimas o sus familiares no serían suficientes para extinguir la acción penal en los supuestos establecidos por la reforma. El objetivo es garantizar que estos hechos sean sometidos al procedimiento judicial correspondiente, independientemente de posibles arreglos entre las partes.
Las modificaciones también alcanzarían a quienes faciliten vehículos de transporte público o de carga a personas que no cuenten con la autorización necesaria para conducirlos, conducta contemplada en el artículo 147-G del Código Penal. La iniciativa forma parte de las medidas que el Ejecutivo busca implementar para reforzar la seguridad vial y las consecuencias legales de las conductas de riesgo al volante. Por el momento, se trata de una propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa, por lo que deberá completar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
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¡50 AÑOS DE CÁRCEL! Obligó a su pareja a beber una sustancia tóxica y terminó provocándole la muerte en San Vicente
Un hombre fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio agravado de su compañera de vida, luego de que las investigaciones determinaran que la obligó a ingerir una sustancia tóxica que terminó causándole la muerte. El sentenciado fue identificado como José Antonio Osegueda Rodríguez, responsable de un crimen ocurrido en diciembre de 2025 en el departamento de San Vicente.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el condenado coaccionó a la víctima para que consumiera la sustancia, lo que le provocó graves complicaciones de salud que posteriormente ocasionaron su fallecimiento. El caso fue investigado por las autoridades, que reunieron los elementos probatorios necesarios para demostrar la responsabilidad penal del acusado.
Las investigaciones también revelaron que la mujer había sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y emocional por parte de Osegueda Rodríguez. Estos antecedentes fueron parte de los hechos examinados durante el proceso judicial y permitieron establecer el contexto de violencia en el que ocurrió el feminicidio.
La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía. Con esta resolución, José Antonio Osegueda Rodríguez recibió una pena de 50 años de cárcel por feminicidio agravado, tras determinarse su responsabilidad en la muerte de su pareja.






