Judicial
Decretan embargo a Nayib Bukele por no pagar deudas de inmuebles
Por El Salvador Times/ El juzgado segundo de lo mercantil y civil ordenó el embargo de salario al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, por no haber hecho el pago de alquiler de unos inmuebles.
Según el documento de la sentencia, se ordena un embargo de $5,876 a Bukele, más una tercera parte de esa cantidad para cubrir intereses legales y costes procesales.
Este monto será tomado del salario que devenga el edil al frente de la comuna. Aunque este sea dispuesto como una especie de donación por parte de Bukele.
Asimismo, el juez les da 20 días a partir de la notificación, para que la alcaldía inicie el proceso.
El pasado 27 de octubre el abogado Carlos Avelar presentó en la Oficina Receptora y Distribuidora de Demandas del Centro Judicial Privado y Social de San Salvador una demanda en contra Bukele para reclamar el pago de una deuda de $548,000 que fue adquirida por empresas de su propiedad.
La demanda no tiene relación con su trabajo como funcionario, sino que se dan en su calidad de empresario.
Según Avelar, al jefe edilicio le alquilaron unos locales donde funcionarían dos canales de televisión, el 25 de Oriente y el 23 de Occidente.
De acuerdo a la demanda, el arrendamiento no ha sido cancelado. El abogado Avelar explicó que Bukele aparece en los documentos como codeudor solidario (fiador).
Sin embargo Nayib Bukele al conocer lo siguiente reaccionó de una manera sarcástica en su cuenta de Twitter «¿En serio envían un “embargo” por haber sido FIADOR de un alquiler por $5,000 y en lugar de venir a cobrarlo, lo envían a los medios de comunicación? Si alguien conoce al supuesto acreedor, dígale que puede pasar a traer su cheque». El texto fue acompañado de una carcajada.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
