Judicial
Condenan a Vanda Pignato y otros exfuncionarios involucrados en el caso Saqueo Público
La exprimera dama en el gobierno del FMLN, Vanda Pignato, y otros exfuncionarios de la gestión del prófugo expresidente Mauricio Funes, fueron condenados este viernes, por el Tribunal Primero de Sentencia a penas de hasta 14 años por el desvío de $351 millones de las arcas del Estado a cuentas personales.
Pignato fue sentenciada a 3 años por simulación de delito, pena que será sustituida por 144 jornadas de trabajo. Sin embargo, fue absuelta por lavado de dinero, ya que según se resolvió, los fondos que recibió eran parte del dinero desviado por el principal implicado en el caso Saqueo Público, su ex esposo Mauricio Funes.
En cuanto a José Miguel Menéndez Avelar, alias, «Mecafé» purgará hasta 14 años de prisión por los delitos de lavado de dinero (8 años) y evasión de impuestos (6 años).
El juez mencionó que se logró establecer la participación de Mecafé como prestanombre de Funes, además de la entrega de una fuerte cantidad de dinero desde la presidencia en el período de 2009-2014.
Asimismo, habría ayudado al ocultamiento de incidentes dentro de la relación de confianza con Funes Cartagena. Miguel Menéndez recibió dinero de los gastos reservados de la presidencia a ritmo de $10,000 mensuales y siendo presidente «adhorem» del CIFCO, dada la confianza con el exmandatario salvadoreño, por lo que se configuró el delito de lavado de dinero.
Respecto al delito de defraudación al fisco, Menéndez no habría declarado al Ministerio de Hacienda más de $180,000. El juez indica que la Fiscalía logró probar la evasión de impuestos por parte de Mecafé y deberá pagar más de $183,000 en concepto de responsabilidad civil.
En el caso del expresidente del Banco Hipotecario, Manuel Rivera Castro, le decretaron 13 años de cárcel por los delitos de peculado (8 años) y lavado de dinero (5).
El juzgador explicó que el acusado era un funcionario público al quien se le puede atribuir el delito de peculado. El juez agregó que existe una conducta delictiva por parte del acusado en el ilícito de peculado en calidad de cómplice necesario.
Con respecto al lavado de dinero, la Fiscalía señaló que Rivera Castro recibía $5,000 mensuales provenientes de los fondos reservados de la presidencia, como pago por los servicios realizados en el Banco Hipotecario para beneficio de la red, por lo que se configura el referido delito, afirmó el juez.
Otros sentenciados son David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones de la presidencia, ha sido declarado culpable por lavado de dinero y pasará 8 años en la cárcel. Se comprobó que Rivas recibió 31 cheques y alcanzó un patrimonio de $225,000 de fondos ilícitos.
En tanto, el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, fue declarado culpable por lavado de dinero y condenado a 8 años de prisión.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
