Judicial
Condenan a 12 años a líder de la MS alias “Spider”, ligado a cubetas con dinero
Geovanny Rivera Sibrián “Spider”, líder de la clica Fulton Locos Salvatruchos de la MS-13, junto a su compañera de vida, Rosa del Carmen Amaya Hernández y el colaborador Juan Ramón López Zaldaña fueron condenados a 12 años de cárcel, ayer, por el delito de casos especiales de lavado de dinero, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El caso se remonta a septiembre del 2016, cuando las autoridades buscaban a “Spider”, por ser un remanente de la Operación Jaque, hecha un mes antes de esta incautación, y encontraron dos cubetas enterradas con $262,595 en una de las casas donde residía su compañera de vida, también condenada.
El hallazgo ocurrió el 8 de septiembre de ese año en la colonia San Pedro Belén, cantón Suncita, Acajutla, en el departamento de Sonsonate, cuando un informante delató al pandillero que también conformaba “La Federación” (los líderes de la MS).
En una escucha telefónica hecha a los pandilleros, la Fiscalía General de la República escuchó cuando pandilleros de La Federación hablaban de reunir $1 millón de las extorsiones; los miembros de La Federación dijeron que ya tenían $600,000 pero en la Operación Jaque, las autoridades no encontraron dicho dinero.
Después del hallazgo de las cubetas, la Fiscalía dijo que ese dinero podría ser el recolectado por cúpula de la Mara Salvatrucha.
Según lo revelado ayer por el Ministerio Público, en una de las cubetas encontraron $110,430 y en un segundo depósito habían $99,985 y que en diferentes lugares de la casa habían encontrado dinero escondido, todo con origen ilícito.
“Por tratarse de un delito contra el orden socioeconómico, la ley establece la imposición de una multa, por lo que cada uno responderá con el pago de 50 salarios multa”, dice un comunicado de la Fiscalía General de la República.
El caso de la Operación Jaque, de donde derivó este caso, fue sentenciada el pasado 21 de agosto en el Juzgado Especializado de Sentencia “C”, donde el juzgador condenó por organizaciones terroristas, pero determinó que la fiscalía no terminó de probar el delito de lavado de dinero.
Ahí fueron condenados unos 61 pandilleros de la Mara Salvatrucha desde cuatro hasta 350 años de cárcel.
Actualmente, la Fiscalía General de la República aún sigue el proceso judicial por extinción de dominio contra los pandilleros, donde busca que bienes como buses, autos, negocios, moteles y dinero pase a manos del Estado, por tener un origen ilícito, en su mayoría la extorsión.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
