Judicial
Abogada de FESPAD por caso de Evelyn Hernández: “La FGR no hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”
Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y defensora de Evelyn Hernández, joven absuelta por el delito de aborto sobre quien pesaba una condena de 40 años de prisión, habló del proceso que tuvo su fin el pasado martes 20 de agosto.
En la entrevista de Diario Cronio, la experta legal manifestó los pasos que se dieron para conseguir la liberación de la joven, quien a juicio de la abogada sentó un precedente judicial del país.
“Fiscalía reconoció que no hubo dolo y que Evelyn Hernández no actuó contra su bebé por un desmayo y fueron las pruebas que sirvieron en el proceso”, dijo Delgado en la entrevista.
La joven habría confundido un dolor de colon, sangró mucho por lo que fue trasladad a un centro asistencia donde se le trató y posteriormente fue puesta en arresto por la policía y luego juzgada y condenada por la justicia.
Sin embargo, tras las pruebas presentadas por la defensa y los testimonios de personas que ayudaron y asistieron a Evelyn, fuero claves para que la FGR se retractara de las acusaciones y desistiera del delito de aborto por el cual estaba condenada la joven.
Además, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque desestimó la acusación de la fiscalía y el juez absolvió de cargos penales a la imputada, quien era acusada de asesinar a su hijo recién nacido.
“Ella confundió los dolores, sangró mucho y fue trasladada a un centro asistencial, luego fue condenada a 30 años por aborto. Fiscalía dijo que hubo dolo y tras confirmarse que no lo hubo se cambión la tipificación del delito”, sostuvo la abogada.
Además, dejo en claro que en este tipo caso la FGR presentan cierta ineficiencia en la investigación, y que en muchas ocasiones, la mayoría de mujeres son condenadas y otras quedan desamparadas, frágiles ante los presuntos violadores quedan en libertad por la falta de pruebas.
“En muchos casos los violadores quedan en libertad y no se protege a la víctima. No se debe señalar que solo las mujeres de zonas rurales o bajos recursos cometen aborto. En el levantamiento del cadáver del bebé no se encontró lesiones por lo que se comprobó que no fue un aborto. No hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”, concluyó la Delgado.
NOTA RELACIONADA Absuelven a Evelyn Hernández quien fue acusada de aborto de su hijo producto a una violación
Sobre el caso, se conoció que el hecho por los cual acusaban Hernández ocurrió el 6 de abril de 2016, en el caserío Los Velásquez del cantón El Carmen, del Municipio del Carmen, departamento de Cuscatlán.
Evelyn dio a luz a su bebé en el baño de su vivienda y luego traslada al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque por una hemorragia. Estando en el centro hospitalario los médicos se dieron cuenta que había tenido un parto por las características que presentaba, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Acá puede ver la entrevista completa.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
