Judicial
Abogada de FESPAD por caso de Evelyn Hernández: “La FGR no hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”
Teresa Delgado, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y defensora de Evelyn Hernández, joven absuelta por el delito de aborto sobre quien pesaba una condena de 40 años de prisión, habló del proceso que tuvo su fin el pasado martes 20 de agosto.
En la entrevista de Diario Cronio, la experta legal manifestó los pasos que se dieron para conseguir la liberación de la joven, quien a juicio de la abogada sentó un precedente judicial del país.
“Fiscalía reconoció que no hubo dolo y que Evelyn Hernández no actuó contra su bebé por un desmayo y fueron las pruebas que sirvieron en el proceso”, dijo Delgado en la entrevista.
La joven habría confundido un dolor de colon, sangró mucho por lo que fue trasladad a un centro asistencia donde se le trató y posteriormente fue puesta en arresto por la policía y luego juzgada y condenada por la justicia.
Sin embargo, tras las pruebas presentadas por la defensa y los testimonios de personas que ayudaron y asistieron a Evelyn, fuero claves para que la FGR se retractara de las acusaciones y desistiera del delito de aborto por el cual estaba condenada la joven.
Además, el Tribunal de Sentencia de Cojutepeque desestimó la acusación de la fiscalía y el juez absolvió de cargos penales a la imputada, quien era acusada de asesinar a su hijo recién nacido.
“Ella confundió los dolores, sangró mucho y fue trasladada a un centro asistencial, luego fue condenada a 30 años por aborto. Fiscalía dijo que hubo dolo y tras confirmarse que no lo hubo se cambión la tipificación del delito”, sostuvo la abogada.
Además, dejo en claro que en este tipo caso la FGR presentan cierta ineficiencia en la investigación, y que en muchas ocasiones, la mayoría de mujeres son condenadas y otras quedan desamparadas, frágiles ante los presuntos violadores quedan en libertad por la falta de pruebas.
“En muchos casos los violadores quedan en libertad y no se protege a la víctima. No se debe señalar que solo las mujeres de zonas rurales o bajos recursos cometen aborto. En el levantamiento del cadáver del bebé no se encontró lesiones por lo que se comprobó que no fue un aborto. No hace una investigación exhaustiva en este tipo de casos”, concluyó la Delgado.
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Sobre el caso, se conoció que el hecho por los cual acusaban Hernández ocurrió el 6 de abril de 2016, en el caserío Los Velásquez del cantón El Carmen, del Municipio del Carmen, departamento de Cuscatlán.
Evelyn dio a luz a su bebé en el baño de su vivienda y luego traslada al Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima de Cojutepeque por una hemorragia. Estando en el centro hospitalario los médicos se dieron cuenta que había tenido un parto por las características que presentaba, por lo que dieron aviso a las autoridades.
Acá puede ver la entrevista completa.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
