Judicial
CASO CORRUPTELA se sigue desmoronando: Defensa de Rais pide que se investiguen a los propietarios de los aviones en los que viajó el exfiscal General
En las últimas horas se ha dado a conocer que los Apoderados legales del empresario Enrique Rais, presentaron una solicitud al Juzgado que ventila el llamado caso “corruptela” para que verifique quiénes son los propietarios de las Aeronaves que transportaban al Ex Fiscal General, Luis Martinez, durante el periodo en que fungió como tal, entre los años 2012-2015.
La petición surgió como consecuencia que al verificar el expediente del caso, los abogados encontraron que la Fiscalía solicitó información al Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre Aeronaves que transportaron al Ex Fiscal General y personal de la FGR, que sin embargo no fueron señalados en el proceso y que no tienen ninguna vinculación con Enrique Rais o sus empresas. Entre los aviones que deben ser investigados a solicitud de la defensa del empresario, están: Los N483FG y N70HB de ABC ELITE AVIATION; como también las matrículas de aeronaves N949SS, N750EL, YS-1011P y TG-CXA.
De acuerdo a la defensa, esos Aviones no pertenecen a Enrique Rais, sino a otros empresarios que deberá identificar la Jueza, con la intención de comprobar que se trataba de una práctica que desinteresadamente realizaban varios empresarios salvadoreños para facilitar la actividad del ente fiscal, que por sus limitaciones; hecho por el cual sin embargo, Rais ha tenido que enfrentar un proceso penal que desde el principio presentó grandes anomalías y que según distintos analistas jurídicos se construyó con el fin de buscar la reelección por parte de Douglas Meléndez, hecho por el que también han sido señalados tanto el Ex Jefe UIF Jorge Cortez, quien también voló en los aviones, como otros de los fiscales que tramitaron el referido caso.
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
