Judicial
Juez decide sustituir la pena de prisión por trabajo comunitario a exalcalde de Usulután condenado por el delito de agrupaciones ilícitas
El exalcalde de Usulután, Miguel Ángel Jaime, fue condenado a tres años de prisión por agrupaciones ilícitas, los cuales fueron sustituidos por trabajos comunitarios.
La resolución fue emitida en la tarde del viernes por el Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel; el exalcalde fue absuelto del delito de peculado, por el cual también era procesado.
Durante la audiencia, el juez decidió sustituir la prisión por trabajo comunitario; no obstante, el exedil tendrán restricciones.
Miguel Jaime fue capturado el 21 de junio del 2017 bajo la sospecha de que era quien financiaba miembros de pandillas.
Junto a exfuncionario fue detenido el administrador de mercados de la comuna, José Ricardo Cortez Campos, por el mismo delito.
La Fiscalía reveló, cuando se realizaron las detenciones, que Miguel Jaime se habría reunido con pandilleros cuando andaba realizando campaña política en el 2015 como candidato a la comuna por el partido GANA.
«Me siento tranquilo de mi mente y corazón, estoy limpio y por eso estoy feliz. Me siento satisfecho con la decisión del señor juez», fueron las declaraciones que Jaime brindó a su salida de los tribunales donde lo esperaba su familia.
Información cortesía de El Salvador Times.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia en Santa Tecla admitió la demanda civil presentada en contra del exsecretario de comunicaciones de la Presidencia, David Rivas y su grupo familiar, señalados por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República de haberse enriquecido de forma ilícita.
La demanda civil es por incremento patrimonial no justificado que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le detectó en el ejercicio de su cargo entre el 1 de junio de 2009 y el 31 de mayo de 2014, durante el mandato presidencial de Mauricio Funes, que fue el primer gobierno del FMLN.
En la investigación que hizo Probidad, el ex funcionario no pudo justificar 12 irregularidades por un monto de $308,252.08. A Rivas le cuestionan cinco irregularidades en concepto de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito por $265,055.49, mientras que su grupo familiar tuvo un incremento patrimonial no justificado de $43,196.59.
Al iniciar el juicio civil el ministerio público pidió que se les aplique los artículos 20 y 21 de la Ley de Enriquecimiento ilícito que establece un régimen sancionatorio de condena a devolver el monto con el cual se enriquecieron ilícitamente y la inhabilitación para ejercer un cargo público por período de 10 años.
Luego de admitir la demanda, la Cámara debe notificar a Rivas y su familia para que presenten sus argumentos y después señalar la audiencia preparatoria que es la primera diligencia del juicio civil.
El 20 de junio de 2010, un ataque que estremeció al país reveló ser un «acto de venganza». Carlos Alberto Avendaño Dubon, junto a otros criminales ya condenados, buscaba venganza por la muerte de un miembro de su pandilla. Planeaban atacar a motoristas y cobradores de la ruta 32, alegando su colaboración con «una clica contraria».
Se ejecutaron dos atentados el mismo día: uno donde incendiaron un microbús con pasajeros adentro, y otro liderado por Carlos Avendaño, quien disparó hacia una unidad de transporte. En este segundo ataque, perdieron la vida un hombre y una niña de 11 años, además de herir a otros dos pasajeros.
Después de analizar las pruebas, el juez del Tribunal 5° Contra el Crimen Organizado condenó a Carlos Avendaño a 80 años de prisión: 50 años por los dos homicidios agravados y 30 por dos homicidios agravados tentados. Cabe destacar que Avendaño ya cumplía condena en La Esperanza por el delito de agrupaciones ilícitas.
El 22 de enero, Jova V. recibió mensajes de un familiar en Estados Unidos prometiendo una visita y enviando maletas.
Para recibirlas, le pidieron depositar $3,000 a la cuenta de Katherine Estefany M. J. Jova transfirió el dinero y esperó las maletas.
Al día siguiente, otro número le informó que las maletas contenían dinero en efectivo, exigiendo más dinero para enviarlas. Jova, sospechando, consultó a su familiar, quien negó haber enviado algo.
Descubrieron que era una estafa. Jova denunció y Katherine Estefany fue detenida.
En la audiencia inicial, el Juzgado Segundo de Paz de Soyapango autorizó la conciliación. Katherine Estefany M. pagó $3,300 para resarcir los daños.
