Judicial
22 años de cárcel por extorsionar a familia y obligarlos abandonar su vivienda
El Tribunal 3° Sentencia de San Salvador sentenció a 22 años de cárcel, a José Mariano Alexander Guzmán; por los delitos de extorsión y por limitación ilegal a libertad de circulación; la pena comprende 10 y 12 años respectivamente por cada delito, en perjuicio de una víctima y su grupo familiar.
El juez en el fallo argumentó que las pruebas, así como la declaración de la víctima demostraron que es responsable directamente de cometer los ilícitos; entre las pruebas también está el reconocimiento del acusado en rueda de personas.
Se comprobó que el ahora condenado en una colonia del municipio de Apopa, en San Salvador, el 14 de septiembre del año pasado, llegó a la vivienda amenazar de muerte a la víctima y a su familia; asimismo a exigirle la cantidad de $ 400 dólares; estos le manifestaron que no tenían dinero pero que lo iban a conseguir con familiares; por lo que el 20 de septiembre llegó a traer el dinero acompañado de otro pandillero.
Luego de los hechos anteriores llego nuevamente en enero de 2021 y les manifestó que los tenían que entregar cada 15 días, a lo cual ellos manifestaron que no los tenían; por tal razón Guzmán les dijo que entonces debían desalojar la vivienda en el término de dos horas. La víctima y su familia abandonaron la vivienda por temor a las amenazas, ya que es un pandillero reconocido de la zona.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
