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Gobierno trabaja por abrir nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidades
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue en la ruta de saldar deudas históricas con los salvadoreños. Esta vez lo hace con un sector que fue excluido por todas las administraciones anteriores: El de las personas con algún grado de discapacidad.
A través del Ministerio de Trabajo en articulación con el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI) y el Consejo Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONAIPD) se presentó el Programa de Inserción Laboral para que las personas con discapacidad puedan integrarse a la vida productiva del país.
“En El Salvador hay tres grandes sectores excluidos del mercado laboral, las personas de 18 años, las mayores de 40 y las personas con discapacidad y con el Programa Oportunidades ya se está apoyando a los dos primeros y ahora vamos con las personas con discapacidad”, expresó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
Por medio de este programa, principalmente, se garantizará la emisión de una certificación para facilitar las contrataciones de personas con discapacidad por parte de las empresas. Según las leyes actuales, las empresas deben cumplir con la contratación de una persona con discapacidad por cada 20 empleados.
Para velar por el cumplimiento de esta ley, los equipos del Ministerio de Trabajo iniciarán la próxima semana una serie de inspecciones a escala nacional.
“Vamos a enviar inspecciones con equipos técnicos para garantizar trabajos dignos para personas con discapacidades, en el sector público y privado a fin de garantizar la inclusión laboral”, anunció el funcionario.
La Secretaría de Innovación será la encargada de aportar las herramientas tecnológicas para la creación de una plataforma que permitirá sistematizar toda la información necesaria para poner en marcha el Programa de Inserción Laboral.
Además, el Gobierno recuerda que al final del año se premiará a las empresas con buenas prácticas laborales y que visibilizan a las personas con discapacidad. En el 2021 se llevó a cabo la primera edición de la entrega del Premio Nacional al Trabajo Decente, una iniciativa que busca potenciar al sector empleador y a la clase trabajadora en la construcción de una cultura de cumplimiento de los derechos y obligaciones laborales.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
