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Nacionales

FOTOS | Gerardo Quijada, dueño de Talleres GQ, enfrenta cargos por estafa agravada

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Gerardo Quijada, propietario de Talleres GQ y conocido en redes como «Mr. Miyagi», enfrenta graves acusaciones de estafa agravada, además de un proceso judicial que lo obligó a desalojar su taller en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Las autoridades ejecutaron la orden de desalojo, debido a una deuda millonaria acumulada por no pagar el alquiler de los terrenos.

El empresario, cuyas deudas ascienden a más de $3 millones en impuestos e intereses, se encuentra actualmente detenido por cargos de estafa agravada. La empresa Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. (DEICE) reclama que Quijada ocupó ilegalmente los terrenos desde 2007, año en que fueron adquiridos por DEICE.

El proceso legal contra Gerardo Quijada no solo implica la disputa por los terrenos en Santa Elena, sino que también abarca otras investigaciones relacionadas con estafa agravada. DEICE, S.A. de C.V. llegó a la conclusión de que Quijada nunca tuvo la intención de cumplir con los contratos suscritos, y que su verdadera intención era permanecer indefinidamente en los inmuebles arrendados. En una instancia del litigio, DEICE le ofreció que abandonara los inmuebles a cambio de condonar las cuotas del canon pendientes, sin éxito.

Según las autoridades judiciales, el empresario utilizaba su popularidad en redes sociales para atraer clientes, quienes ahora lo acusan de haber incumplido acuerdos comerciales y de haber manipulado transacciones financieras, dejando varios vehículos sin reparaciones completas.

Además, la suma total que Quijada adeuda no solo incluye el alquiler impago de los terrenos, sino también los intereses acumulados y las penalizaciones fiscales correspondientes a los ingresos no declarados por su negocio. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación más amplia sobre sus actividades financieras, ya que se sospecha que los fraudes cometidos podrían haber afectado a un número considerable de personas y empresas.

Ayer, clientes y empleados del taller se encontraron con el establecimiento cerrado y bajo resguardo policial mientras las autoridades ejecutaban el desalojo. Este incidente marca el más reciente capítulo en el proceso judicial contra Quijada, quien enfrenta múltiples demandas por incumplimiento de pago y fraudes a nivel comercial.

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Condenan a 720 años de prisión a El Samurái, exagente de la PNC

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El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.

 

Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.

 

De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.

 

Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.

 

En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.

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Condenan a 12 años de cárcel a extorsionista de Cuscatancingo

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El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.

Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.

En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.

 

Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.

Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.

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Enjuician a pandilleros acusados de extorsionar a empresario de San Salvador

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Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.

De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.

En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.

«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.

 

Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública

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