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FOTOS | Gerardo Quijada, dueño de Talleres GQ, enfrenta cargos por estafa agravada
Gerardo Quijada, propietario de Talleres GQ y conocido en redes como «Mr. Miyagi», enfrenta graves acusaciones de estafa agravada, además de un proceso judicial que lo obligó a desalojar su taller en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Las autoridades ejecutaron la orden de desalojo, debido a una deuda millonaria acumulada por no pagar el alquiler de los terrenos.
El empresario, cuyas deudas ascienden a más de $3 millones en impuestos e intereses, se encuentra actualmente detenido por cargos de estafa agravada. La empresa Desarrollos Inmobiliarios Comerciales, S.A. de C.V. (DEICE) reclama que Quijada ocupó ilegalmente los terrenos desde 2007, año en que fueron adquiridos por DEICE.
#CRONIO #ATENCIÓN #ÚltimaHora Clausuran taller en Santa Elena de Gerardo Quijada, conocido en TikTok como “Mr. Miyagui”, por su presunta participación en un esquema de falsedad ideológico y prevaricato. pic.twitter.com/XSIGi67WDZ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2024
El proceso legal contra Gerardo Quijada no solo implica la disputa por los terrenos en Santa Elena, sino que también abarca otras investigaciones relacionadas con estafa agravada. DEICE, S.A. de C.V. llegó a la conclusión de que Quijada nunca tuvo la intención de cumplir con los contratos suscritos, y que su verdadera intención era permanecer indefinidamente en los inmuebles arrendados. En una instancia del litigio, DEICE le ofreció que abandonara los inmuebles a cambio de condonar las cuotas del canon pendientes, sin éxito.
Según las autoridades judiciales, el empresario utilizaba su popularidad en redes sociales para atraer clientes, quienes ahora lo acusan de haber incumplido acuerdos comerciales y de haber manipulado transacciones financieras, dejando varios vehículos sin reparaciones completas.
Quijada dueño de GQ Racing SPORT, se ha quejado y atacado en redes sociales al Gobierno, señalando que la justicia en este país es selectiva. pic.twitter.com/WuGHrdvGHc
— Diario Digital Cronio (@croniosv) September 18, 2024
Además, la suma total que Quijada adeuda no solo incluye el alquiler impago de los terrenos, sino también los intereses acumulados y las penalizaciones fiscales correspondientes a los ingresos no declarados por su negocio. La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación más amplia sobre sus actividades financieras, ya que se sospecha que los fraudes cometidos podrían haber afectado a un número considerable de personas y empresas.
Ayer, clientes y empleados del taller se encontraron con el establecimiento cerrado y bajo resguardo policial mientras las autoridades ejecutaban el desalojo. Este incidente marca el más reciente capítulo en el proceso judicial contra Quijada, quien enfrenta múltiples demandas por incumplimiento de pago y fraudes a nivel comercial.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
