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Fiscal general advierte a alcaldías que imponer toques de queda es delito: «No es constitucional, no es legal»
Raúl Melara, fiscal general de la República, advirtió esta mañana de miércoles, que ninguna alcaldía del país puede imponer toques de queda, y que hacerlo sería incurrir en un delito.
Las palabras del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), surgen ante el anuncio de algunas municipalidades de establecer esta medida como parte de las acciones para frenar la propagación del COVID-19 y así hacer cumplir la cuarentena domiciliar.
“Lo que no podemos permitir es que municipios establezcan toques de queda para las personas, eso no es constitucional, no es legal, y lo advertimos desde un inicio”, afirmó hoy Melara.
Melara aclaró que los toques de queda solo pueden establecerse a través de un régimen de excepción, lo que “hoy por hoy no lo tenemos”, dijo.
Melara dijo que las alcaldías que en un dado momento anunciaron la restricción de circulación en horarios establecidos “gracias a Dios dieron marcha atrás” y ninguna ha implementado dicha medida, según el monitoreo de la FGR realizado hasta este día.
Así mismo, exhortó a la población a denunciar cualquier anomalía relacionada a este caso.
“Hacer un toque de queda es un delito, lo menos son actos arbitrarios, tómenlo en cuenta, no tomemos decisiones populistas y pongan en riesgo su libertad”, agregó.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
