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Ernesto Castro: “No confío en ninguno de los cinco magistrados que están en el TSE”
A cuatro días de las elecciones para alcaldes y diputados, los partidos GANA y Nuevas Ideas reiteraron su preocupación por las fallas presentadas en el sistema de transmisión de resultados que quiere implementar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El candidato a diputado de Nuevas Ideas, Ernesto Castro, recordó que ya hay antecedentes con el TSE, cuando en la elección anterior hicieron todo lo posible por bloquear la participación del Presidente Nayib Bukele.
“Hicieron las apuestas en el último momento para que no se pudiera correr por la Presidencia. De ese Tribunal heredamos a Julio Olivo, una persona a todas luces del FMLN y que ha dicho públicamente que está en contra del Presidente Bukele y de este proyecto.
También tenemos al otro señor Wellman, que ha sido diputado de ARENA. Los cinco magistrados están haciendo todo lo posible por crear un fraude. Yo no confío en ninguno de los cinco magistrados que están en el Tribunal Supremo Electoral”, expresó.
Durante el último simulacro desarrollado por el ente colegiado se filtró el audio del coordinador de informática, donde declaraba estado de emergencia. Además, durante la jornada se denunció que no se utilizaron todos los mecanismos de seguridad de computadoras y servidores, y que se enviaron a técnicos del TSE a los centros de votación y no a miembros de Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Castro fue enfático en decir que no existe confianza en el TSE, sobre todo cuando se negaron a que se realice una auditoría internacional. Con esto, señaló que solo refuerzan la idea de que algo están tratando de ocultar y reiteró que no permitirán ningún tipo de fraude.
«Hago un llamado a todas las personas involucradas en el proceso electoral dentro de los centros de votación, no permitan que les muevan las cajas con los votos bajo ninguna circunstancia», exhortó el candidato.
El diputado de GANA, Guillermo Gallegos, también se sumó a los señalamientos en contra del trabajo del TSE y recordó los hechos que se dieron en la elección de 2018, con la Alcaldía de San Francisco Gotera.
“Ya tuvimos una mala experiencia en 2018, ARENA celebró por una semana que nos había quitado la Alcaldía de San Francisco Gotera y la Sala de lo Constitucional ordenó que abrieran las urnas porque habían metido votos de diputados en urnas de alcaldes y fue así como ganamos Gotera”, comentó.
Ambos candidatos coincidieron en que no permitirán que les quieran arrebatar la voluntad de los salvadoreños. “No queremos que nos den más votos, pero tampoco queremos que nos quiten los votos que la población nos dará el 28 de febrero”, manifestó Gallegos.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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