Judicial
Dueño de Consisa, acusado de evadir casi un millón en impuestos, seguirá el proceso en libertad
El Juzgado 11° de Paz de San Salvador otorgó medidas sustitutivas a la detención a favor de Juan Francisco Martínez Lara, de 59 años, el consultor informático al que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa de los delitos de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias y evasión de impuestos, que se habrían cometido en la empresa regional Grupo Consisa.
La tardes del jueves, el imputado fue trasladado hacia el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, sitio en donde se instaló la audiencia inicial en su contra, es decir la primera etapa del proceso.
El caso por el que es procesado el representante legal, director presidente regional y presidente de la junta directiva de Consisa continuará, pero gozará de la libertad condicional.
Martínez Lara fue detenido por la División Central de Investigaciones (DCI) el pasado 11 de febrero en el aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en Comalapa, La Paz.
El sujeto retornaba de Estados Unidos cuando fue capturado por los agentes, luego de diversas investigaciones que lo implican en cinco casos en los que incurren en delito, hechos entre los años de 2012 a 2014.
El haber evadido el pago de impuestos en varios períodos fiscales llegó a totalizar un monto de $909,180.87, cifra por la que se inició la investigación y que finalizó con su captura.
Ernesto Muyshondt y su consejo municipal de la alcaldía San Salvador, han sido declarado como rebeldes por la Camara Primera de Primera Instancia, tras incumplir con los pagos de transferencia por los desechos sólidos al MIDES.
Fernando Heriberto Portillo Linares, es el tesorero de la comuna quien cayó en impago de estos servicios y que la Fiscalía General de la República (FGR) exige a Muyshondt que obligue a Portillo a cumplir las funciones y cancelar las deudas pendientes.
En una auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República, se evaluaron 32 facturas que la alcaldía debe a la empresa de Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) por un monto total de $725,612.62, en el periodo del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2018, mismo periodo en el que la comuna percibió un total de $16,468,648.72 en concepto de tasa de desechos sólidos que los capitalinos cancelan, por lo que acusan al alcalde de malversación de fondos.
El alcalde, el tesorero y el síndico municipal fueron declarados rebeldes por hacer caso omiso a la resolución que exigía un plazo de 15 días a partir del 11 de enero del 2021 para ejercer su derecho de defensa, a lo que hicieron caso omiso.
Según una concejal de ARENA, Muyshondt habría designado al subgerente de la alcaldía la respuesta inmediata a la carta emitida a la cámara, sin embargo fue rechazada.
“Le escribí a la síndico municipal (Gloria Calderón) en la mañana haciéndole saber si ya le habían notificado. Si me decía ella que el documento expresa que el poder que nosotros le habíamos otorgado como concejo municipal, exceptuando al concejal German Muñoz, no lo había dado por aceptado la corte. Por lo cual, al ella contestar en nombre del concejo, porque no era algo en colegiado [aclara Rivas], sino personal, no era válido y se nos ha declarado en rebeldía. Dado estas circunstancias del hecho que no se ha llevado bien el proceso, yo voy a hacer un escrito haciendo mi defensa propia y no en común, porque en ningún momento se nos mostró la respuesta que iban a mandar y el poder que el alcalde firmó por todos”, señaló la concejala.
“En mi caso, yo presente un documento a la Corte de Cuentas en el cual yo me exoneraba de la responsabilidad porque no tengo facultades más de las que la ley me da. En mi caso no soy pagador, no tengo responsabilidades administrativas”, añadió el concejal Germán Muñoz.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que varios integrantes de una estructura terrorista que atemorizaba a ciudadanos en San Vicente y Zacatecoluca fueron condenados —colectivamente— a 977 años de cárcel.
Los sentenciados fueron encontrados culpables de varios casos de homicidio, proposición y conspiración para homicidio, feminicidio y encubrimiento, entre otros.
Las penas más amplias fueron impuestas a José Rubén López Umaña (122 años de cárcel), seguido de Saúl Antonio Montano Corvera (104 años), David Antonio López Palacios (95 años) y Darwin Steven Castellanos Barrera, 81 años.
En el caso de Montano Corvera, alias “Chino”, se le encontró responsable de un feminicidio agravado, cuatro casos de homicidio penados a 20 años por víctima, cuatro años más por agrupaciones ilícitas, totalizándole los 104 años.
Otros de los condenados son Kevin Alexander Pérez Rojas (a 70 años), Arturo Armado Hernández Ventura, a 66 años, Henry Alexander Rivas Ventura, a 50 años; Geovanny Alexander Latin Rivas, 42 años; Roberto Edenilson Rodríguez Guardado, 42 años; José Lisandro Roque Prieto, 30 años; Cristian Balmore Ramírez López, 30 años, Jonathan Josué Abarca Palacios, 25 años; y Mario Alfonso Alvarado Cerritos, 24 años.
Penas menores se le impusieron a otros sujetos, que entre todos suman 977 años de prisión.
La Fiscalía General de la República (FGR) informa sobre la condena impuesta a Miguel Ángel Poveda Hernández, a 15 años de prisión tras ser declarado culpable por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una persona.
“Las pruebas presentadas en el juicio en el juzgado Segundo de Sentencia de San Miguel, demostraron que el imputado fue una de las personas que recibió $100.00 de un total de $400.00 exigido el dinero bajo amenazas.
La FGR detalla que las demandas de dinero comenzaron el 13 de mayo del año 2020 a través de llamadas telefónicas en la que le requirieron que entregara $500.00 y la víctima solo les entregó $100.
Sin embargo, las llamadas telefónicas continuaron junto a las amenazas, por lo que la víctima al siguiente día entregó la misma cantidad de efectivo.
En los hechos al que al ahora condenando lo relacionan, se detalló que Poveda Hernández fue detenido en flagrancia cuando recogía el dinero, luego que obligaron a la víctima entregar otros $100.
