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Decretan estado de emergencia en todos los centros penales y ordenan a las empresas telefónicas a cumplir el bloqueo de señal en un plazo máximo de 72 horas
El gabinete de seguridad declaró estado de emergencia en los 28 centros penales de el país donde se establecerán algunas medidas como la prohibición de visitas, la prohibición del uso de cabinas telefónicas y garantizar el bloqueo total de telefonía y servicio de internet.
Esta es la primera vez que se decreta estado de emergencia en todos los centros penitenciarios, anteriormente se decretó en algunos que eran considerados de mayor peligrosidad.
De acuerdo al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, existe un informe que revela que en muchos centros penales «hay señal» y que es una de las formas por las que se comunican los reos.
Es por ello que han solicitado a las empresas operadoras de telefonía e internet a que bloqueen la señal completa y de forma permanente en todos los centros penales en un periodo máximo de 72 horas.
El funcionario indicó que en la reunión que sostuvo con las empresas estas indicaron que el gobierno anterior «no brindaba seguridad a los técnicos adentro de los centros penales para que ellos realizaran las mediciones directas».
Por otra parte indicaron la prohibición del uso de las cabinas telefónicas debido a que descubrieron que los reos tenían permiso para hablar por teléfono hasta con 10 números, que según el director de Centros Penales, Osiris Luna «no solo incluían a su defensa técnica sino también familiares y amigos».
Según el funcionario, algunos privados de libertad se declaraban como ex pandilleros y conseguían que los trasladaran a otros penales donde no estaba el régimen de seguridad y desde ahí ordenaban los delitos.
«Al inicio cada reo tenía asignado $50 dólares de cuota para hacer llamadas mensualmente y a un mes de finalizar la administración pasada lo subió a $100», señaló el funcionario.
A partir de hoy un carril en el bulevar Tutunichapa, en San Salvador Centro, estará cerrado por trabajos de aerocable, según informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En el lugar se mantendrá circulación controlada en la zona por dichos trabajos, sin embargo, habrá presencia de gestores de tránsito en el lugar para orientar a los conductores y agilizar el tránsito vehicular.
El MOP recomienda que los automovilistas tomen rutas alternas y planificar sus recorridos con anticipación para evitar retrasos.
Los trabajos del aerocable en San Salvador son un proyecto de infraestructura de transporte masivo que iniciaron el 16 de febrero para mejorar la movilidad entre el sector de Zacamil, Mejicanos, y el centro histórico de San Salvador.
Tendrá una extensión de 3.55 km, iniciando en Zacamil, pasando por la Universidad de El Salvador (UES), Centro de Gobierno y finalizando en el parque Cuscatlán.
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa este día con el desarrollo de la audiencia única contra 486 cabecillas de la MS-13, acusados de ordenar múltiples crímenes a nivel nacional entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, se prevé concluir la reproducción de audios que evidencian el accionar criminal en la zona oriental del país, donde se detallan diversas órdenes ejecutadas por la estructura.
Entre los hechos documentados se incluyen asesinatos de víctimas específicas, como un miembro administrativo de la Fuerza Armada destacado en la Tercera Brigada de Infantería, así como un custodio de Centros Penales asignado al penal de Ciudad Barrios, además de otros homicidios coordinados por la organización.
Posteriormente, la FGR iniciará la presentación de audios relacionados con otros mecanismos de financiamiento ilícito, entre ellos el cobro de extorsiones y la distribución de drogas.
Las autoridades esperan concluir con la reproducción de un total de 125 audios seleccionados, los cuales forman parte de las pruebas que sustentan la acusación contra la cúpula de esta organización.
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lanzó el programa de «Cumplimiento en seguridad de productos para la protección de los consumidores», el cual está dirigido a proveedores que comercializan a escala nacional.
«Está dirigido a aquellos proveedores que comercializan a escala nacional y se busca el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en lo relativo a los productos seguros», explicó Salazar.
El funcionario señaló que el programa busca fomentar la buena práctica, impulsar una cultura de respeto, transparencia y responsabilidad. Además, las empresas que formen parte de este fortalecerán sus conocimientos legales.
«El conocimiento de esta materia de seguridad de productos, a través de la capacitación de la Defensoría, lo van a elevar y lo van a tener. Igualmente, nosotros vamos a reconocer a aquellos (proveedores) que están dentro del programa», indicó.
La institución ha trabajado desde el año 2019, en la implementación de estrategias vinculadas al desarrollo de programas que fomenten la buena práctica y el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor en los diferentes proveedores de bienes y servicios.
«El interés de nuestra institución y del Gobierno del presidente Nayib Bukele es generar este tipo de iniciativas para que podamos asegurar un mercado en el cual la seguridad de productos esté presente», destacó.
