Nacionales
Corte de Cuentas admite denuncia ciudadana por mala gestión financiera del alcalde de ARENA en Soyapango
El ciudadano Edgar Francisco Lemus, interpuso el pasado viernes 15 de enero del presente año, ante el Departamento de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República, denuncia contra el Alcalde Municipal de Soyapango, Juan Pablo Álvarez y su Concejo Municipal, siendo la principal causa la existencia de suficientes indicios para considerar que existe una mala administración financiera de los recursos de la municipalidad, especialmente ante posible malversación de los fondos recaudados en concepto de tributos y por endeudamiento excesivo de la Alcaldía Muncipal de Soyapango, por encima de los niveles crediticios que permite la ley, para lo cual el Alcalde podría haber utilizado subterfugios legales para obtener financiamientos sin los controles que ordena la “Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal”.
La institución contralora, notificó al denunciante a fecha 20 de enero de 2021, que admitió su denuncia y ordena a la Dirección de Auditoria correspondiente a efecto de realizar un Examen Especial sobre los fondos percibidos por la Alcaldía de Soyapango, en concepto de tasas municipales por recolección y disposición final de basura, durante el periodo comprendido del 01 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2020 y respecto a los Créditos adquiridos entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Recientemente, Nercy Montano, candidata a la silla edilicia del municipio de Soyapango por Nuevas Ideas, interpuso un aviso penal contra el actual Alcalde Juan Pablo Álvarez, por presuntos actos de corrupción. Los que sumados a señalamientos previos sobre un uso indebido del FODES dejan a juicio del denunciante suficientes indicios para que la institución contralora fiscalice las finanzas municipales de la Alcaldía de Soyapango, de manera que se pueda confirmar si se han dado hechos de malversación o cualquier otra clase de defraudación y de comprobarse puedan certificarse a la Fiscalía General de la República.
Edgar Lemus, un abogado especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, previamente ha presentado solicitudes exigiendo a la Alcaldía de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, que informe sobre el Convenio suscrito para la creación de la Sociedad de Economía Mixta denominada “TECLASEO”, especialmente para conocer los términos de la contratación, los recursos invertidos y los costos que el municipio cancela a esta compañía por los servicios de recolección, transporte y disposición final de la basura. Por su parte, la Alcaldía de Santa Tecla, declaró esa información como reservada, logrando el profesional del derecho que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenase a la municipalidad Tecleña la entrega de información.
Sin embargo, a la fecha el Alcalde de Santa Tecla, se ha negado a brindar esa información, que es vital para transparentar la gestión municipal y especialmente sus finanzas. Por este motivo el IAIP certificó a Fiscalía General de la República para que iniciara el procedimiento de imposición sancionatorio contra la referida municipalidad, sin que a la fecha se conozca de ninguna acción realizada por el Ministerio Público.
También la Corte de Cuentas de la República informó que del Examen Especial realizado a la Municipalidad de Santa Tecla, se habían detectado movimientos irregulares por un monto aproximado de $1 millón 210 mil de Dólares, sobre los que no existe claridad de cómo fueron asignados o del origen de esos fondos y que se entregaron bienes municipales a una sociedad con fines de lucro, sin que reflejen un beneficio directo para el municipio, cuyos costos por el servicio de la recolección, transporte y disposición final de la basura sigue recayendo en los contribuyentes que deben pagar mensualmente la tasa respectiva.
En ese mismo Examen Especial, el Tribunal Contralor destacó que al momento de constituirse la Sociedad de Economía Mixta “TECLASEO” se irrespetó el debido proceso administrativo, afectando derechos de terceros, por lo que el convenio y la constitución de la sociedad misma serían nulos. Esta nulidad debe ser solicitada por la Fiscalía General de la República ante las intancias judiciales, por afectar fondos públicos, de la misma forma en que previamente ha procedido a solicitar la nulidad de un instrumento público otorgado por la Lotería Nacional de Beneficiencia y una entidad particular. Esta es una razón por la que el denunciante cuestiona que la FGR no ha procedido en iguales términos contra el Alcalde de Santa Tecla, a pesar de existir las pruebas producidas por las propias instituciones del Estado.
Judicial
¡35 AÑOS DE CÁRCEL! Dos hombres son condenados por asesinar a su compañero de tragos tras una discusión en La Libertad
Dos hombres fueron condenados a 35 años de prisión por el asesinato de una persona con quien compartían bebidas alcohólicas en el distrito de Chiltiupán, municipio de La Libertad Costa. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los responsables fueron identificados como Germán Majano y Rubis Misael Palma Escobar, quienes enfrentaron un proceso judicial por el crimen.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, los condenados se encontraban departiendo con la víctima cuando se produjo una fuerte discusión. El altercado escaló hasta convertirse en una agresión física, luego de que ambos hombres se abalanzaran sobre su acompañante y lo inmovilizaran, impidiéndole defenderse.
La Fiscalía estableció que, durante el ataque, los agresores utilizaron una piedra para golpear repetidamente a la víctima, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte. Tras cometer el crimen, los responsables huyeron del lugar con la intención de evitar su captura. Sin embargo, las investigaciones permitieron identificarlos y posteriormente fueron detenidos para enfrentar el proceso penal correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso una pena de 35 años de cárcel a los responsables, luego de valorar las pruebas presentadas durante el juicio. Con esta resolución, la Fiscalía logró una sentencia condenatoria por el homicidio ocurrido en Chiltiupán, cerrando una etapa del proceso judicial relacionado con este hecho de violencia.
Nacionales
¡ATENCIÓN, CONDUCTORES! CAM NOTIFICA A DUEÑOS DE VEHÍCULOS ABANDONADOS EN LA RÁBIDA Y ADVIERTE SOBRE POSIBLES MULTAS
El Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) de San Salvador Centro realizó acciones de notificación a propietarios de vehículos en aparente estado de abandono en la colonia La Rábida, como parte de los esfuerzos municipales para recuperar los espacios públicos y mejorar la circulación vehicular y peatonal en la capital salvadoreña.
La intervención busca que los propietarios retiren voluntariamente los automotores que permanecen estacionados durante períodos prolongados en calles y otros espacios públicos. Estas acciones forman parte del Plan San Salvador Centro Ordenado y Seguro, mediante el cual la municipalidad desarrolla inspecciones y procedimientos para reducir las obstrucciones que afectan la movilidad y el uso adecuado de las vías.
De acuerdo con la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana de San Salvador Centro, los propietarios de vehículos considerados abandonados pueden enfrentar multas de entre $51 y $900. La normativa establece que un automotor puede ser clasificado en esa condición cuando permanece estacionado sin interrupción durante 30 días o más. Tras recibir la notificación correspondiente, el dueño dispone de 72 horas para retirarlo voluntariamente; de lo contrario, las autoridades municipales pueden proceder a su remoción mediante grúa, siguiendo el procedimiento legal.
La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene estas intervenciones en diferentes colonias y comunidades con el objetivo de recuperar calles, aceras y otros espacios de uso colectivo. Además de las posibles sanciones económicas, los propietarios pueden asumir los gastos derivados del traslado y resguardo de los vehículos retirados. Las autoridades reiteran la importancia de atender las notificaciones y evitar que automotores sin uso permanezcan abandonados en la vía pública.
Judicial
¡BIENES DEL EXFISCAL LUIS MARTÍNEZ PODRÍAN PASAR AL ESTADO! Juzgado admite pruebas por presunto origen ilícito
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas presentadas en un proceso judicial que busca transferir al Estado varios bienes vinculados al exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González. La Fiscalía General de la República (FGR) pretende demostrar que las propiedades y vehículos investigados están relacionados con presuntas actividades ilícitas cometidas durante la administración del exfuncionario, quien dirigió la institución entre diciembre de 2012 y diciembre de 2015.
De acuerdo con la información del proceso, la acción de extinción de dominio comprende seis inmuebles y 11 vehículos relacionados con ocho personas afectadas. Entre las propiedades señaladas figuran dos inmuebles ubicados en La Libertad y un automóvil Chevrolet registrados a nombre de Martínez. La investigación también incluye otros cuatro inmuebles situados en La Libertad, San Salvador y Sonsonate, además de diez vehículos de diferentes marcas, entre ellos tres BMW y dos Porsche, algunos vinculados a exfuncionarios de la Fiscalía.
La FGR sostiene que los bienes podrían tener relación con delitos como lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la utilización de recursos de procedencia irregular. Según las investigaciones, durante la gestión de Martínez habría funcionado una presunta estructura de corrupción integrada por funcionarios y particulares que supuestamente participaron en operaciones para ocultar el origen de determinados bienes. Las indagaciones también señalan posibles irregularidades en el manejo de fondos provenientes de decomisos, gastos institucionales y beneficios recibidos de terceros.
La admisión de las pruebas representa un avance en el proceso, pero no significa que los bienes hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Será durante la audiencia de sentencia cuando el tribunal valore los elementos presentados por las partes y determine si procede la extinción de dominio. La resolución establecerá el destino de las propiedades y vehículos investigados, en un expediente relacionado con las presuntas irregularidades atribuidas a la administración del exfiscal general.
