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CNR comprometido con el desarrollo integral de la infancia
El desarrollo de los primeros años de vida es fundamental para el crecimiento integral de las personas, es sentar las bases para que puedan llevar una vida saludable, responsable y productiva alcanzando el máximo potencial de desarrollo, fortaleciendo su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social de manera equilibrada, en un entorno seguro y respetuoso.
El trabajo que realiza la Primera Dama Gabriela de Bukele es importante ya que se han creado normativas, impulsando un modelo de atención que permita brindar servicios de atención y cuidado personal, educación de calidad y estimulación oportuna, monitoreo del crecimiento y desarrollo, que contribuyan al desarrollo integral de las niñas y niños.
La Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, prioriza una atención integral para las niñas y niños desde antes de su nacimiento. Esa nueva visión dio vida a los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), que son espacios destinados a promover cuidados cariñosos y sensibles, estimulación oportuna y educación de calidad para la niñez, desde los primeros meses hasta cumplir los cuatro años de edad.
El Centro Nacional de Registros (CNR) bajo el liderazgo de su Director Ejecutivo Camilo Trigueros, inaugura este día las instalaciones del CAPI para los hijos de los empleados de la oficina de San Salvador como prueba del compromiso fiel con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, de dar cumplimiento a la Ley Crecer Juntos, que establece la obligación de implementar Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) en todo El Salvador.
“Hoy el CNR está de fiesta, es una fiesta infantil, porque los hijos de los empleados de la institución cuentan con un lugar especial, equipado con aulas, áreas de descanso, alimentación, esparcimiento y estimulación temprana para los lactantes, además de contar con personal especializado, en donde nuestros empleados en sus horas de almuerzo pueden compartir y mantener vivo ese vínculo de padre-hijo, reforzando los lazos familiares”, destacó.
Los CAPI brindan también atención integral a niñas y niños con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos e inclusividad; asegurando las condiciones de accesibilidad física, comunicacional y de información. Estos Centros de Atención deberán ser autorizados por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) como ente rector en materia de protección integral de la niñez y adolescencia en El Salvador.
El evento contó con la presencia del Director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, la Coordinadora de Proyectos de Educación del Despacho de la Primera Dama, Alejandra Orozco; la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), Linda Amaya de Morán, la Jefa de Gestión de la Vía Institucional del Instituto Crecer Juntos, Diana Aquino; personal del Centro CAPI, niños y padres de familia (empleados de la institución).
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
