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CNR comprometido con el desarrollo integral de la infancia
El desarrollo de los primeros años de vida es fundamental para el crecimiento integral de las personas, es sentar las bases para que puedan llevar una vida saludable, responsable y productiva alcanzando el máximo potencial de desarrollo, fortaleciendo su desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social de manera equilibrada, en un entorno seguro y respetuoso.
El trabajo que realiza la Primera Dama Gabriela de Bukele es importante ya que se han creado normativas, impulsando un modelo de atención que permita brindar servicios de atención y cuidado personal, educación de calidad y estimulación oportuna, monitoreo del crecimiento y desarrollo, que contribuyan al desarrollo integral de las niñas y niños.
La Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, prioriza una atención integral para las niñas y niños desde antes de su nacimiento. Esa nueva visión dio vida a los Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI), que son espacios destinados a promover cuidados cariñosos y sensibles, estimulación oportuna y educación de calidad para la niñez, desde los primeros meses hasta cumplir los cuatro años de edad.
El Centro Nacional de Registros (CNR) bajo el liderazgo de su Director Ejecutivo Camilo Trigueros, inaugura este día las instalaciones del CAPI para los hijos de los empleados de la oficina de San Salvador como prueba del compromiso fiel con el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, de dar cumplimiento a la Ley Crecer Juntos, que establece la obligación de implementar Centros de Atención a Primera Infancia (CAPI) en todo El Salvador.
“Hoy el CNR está de fiesta, es una fiesta infantil, porque los hijos de los empleados de la institución cuentan con un lugar especial, equipado con aulas, áreas de descanso, alimentación, esparcimiento y estimulación temprana para los lactantes, además de contar con personal especializado, en donde nuestros empleados en sus horas de almuerzo pueden compartir y mantener vivo ese vínculo de padre-hijo, reforzando los lazos familiares”, destacó.
Los CAPI brindan también atención integral a niñas y niños con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo, garantizando el ejercicio pleno de sus derechos e inclusividad; asegurando las condiciones de accesibilidad física, comunicacional y de información. Estos Centros de Atención deberán ser autorizados por el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA) como ente rector en materia de protección integral de la niñez y adolescencia en El Salvador.
El evento contó con la presencia del Director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros, la Coordinadora de Proyectos de Educación del Despacho de la Primera Dama, Alejandra Orozco; la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), Linda Amaya de Morán, la Jefa de Gestión de la Vía Institucional del Instituto Crecer Juntos, Diana Aquino; personal del Centro CAPI, niños y padres de familia (empleados de la institución).
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
